EVALUACIÓN FINANCIERA

OCDE baja nota al país en transparencia fiscal

El organismo identifica ciertas lagunas en el acceso a la información sobre los propietarios reales de las empresas radicadas en territorio panameño.

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La OCDE publicó ayer el resultado del examen a Panamá sobre el cumplimiento con transparencia e intercambio de información fiscal entre abril de 2015 y marzo de 2018. La OCDE publicó ayer el resultado del examen a Panamá sobre el cumplimiento con transparencia e intercambio de información fiscal entre abril de 2015 y marzo de 2018.
La OCDE publicó ayer el resultado del examen a Panamá sobre el cumplimiento con transparencia e intercambio de información fiscal entre abril de 2015 y marzo de 2018. Bloomberg

La regulación financiera anti-blanqueo de capitales de Panamá es menos eficiente hoy que en 2017.

Ese año el país recibió la calificación “cumple ampliamente” en la evaluación sobre las normas adoptadas para revertir las fallas que impedían la adecuada transparencia fiscal.

El mismo examen dos años después arroja peores resultados: Panamá cumple solo “parcialmente” con los estándares internacionales de los intercambios de información financiera.

“Panamá ha adoptado nuevas leyes y orientaciones administrativas destinadas a fortalecer su régimen para evitar el blanqueo de capitales, pero el marco legal establecido no es suficiente”, señala el Foro Global sobre Transparencia.

“En la mayoría de estos casos, Panamá no pudo ofrecer la información requerida sobre los registros de contabilidad. En el 13% de los casos no contestó a lo que se le pedía”.

Informe de OCDE

Las conclusiones del examen a las instituciones panameñas para calibrar su cumplimiento con el estándar internacional sobre transparencia e intercambio de información fiscal durante el período comprendido entre el 1 de abril de 2015 y el 31 de marzo de 2018 fueron publicadas ayer en París, Francia.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) identifica ciertas lagunas en el acceso a la información sobre los propietarios reales de las empresas radicadas en territorio panameño.

En concreto, el informe deslegitima parte de la Ley 23 de 2015, que obliga a los profesionales y los sectores financieros a reportar a la Unidad de Análisis Financiero las operaciones sospechosas, al entender que no “garantiza la disponibilidad de la identidad actualizada de los beneficiarios” de fundaciones privadas ni asociaciones sin ánimo de lucro.

Asimismo, especifica que la obligación de que las entidades panameñas que no tengan operaciones locales den información contable no está blindada con un órgano de supervisión y, por tanto, tiene “un alcance limitado”. Sobre el fin del secreto del beneficiario final en las acciones al portador, la OCDE apunta a que esta información “no siempre ha estado disponible cuando se ha solicitado”.

El organismo internacional cuestiona a Panamá que no cuente con “programas de control más robustos para garantizar la disponibilidad de información sobre beneficiarios reales y registros contables”, así como su incapacidad para aplicar sanciones preventivas a los agentes residentes de entidades jurídicas panameñas que no realicen de forma correcta las medidas de debida diligencia. “No está claro si Panamá puede sancionar a un agente residente que no guarda informaciones de personas que mantienen registros contables”, expone el informe.

El análisis también puso el foco en la capacidad efectiva del país para cumplir con el intercambio de información tributaria bajo previa petición de una autoridad competente. Esta obligación fue adquirida por Panamá al firmar en 2016 el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal.

A este respecto la OCDE, subraya que Panamá cumple solo de forma parcial con los plazos previstos para proporcionar la información solicitada a los socios y en algunos casos la respuesta no es satisfactoria.

Durante los tres años que duró el período de revisión, Panamá recibió un total de 302 solicitudes y fueron enviadas 20. Solo el 59% de los casos que no recibieron una respuesta completa en 90 días fueron actualizados. No obstante, el organismo con sede en París observa una “notable mejora en la comunicación con los socios” en la segunda mitad del periodo del examen.

En el 49% de los casos, Panamá dio respuesta en los 180 días posteriores a la recepción de la solicitud de información, pero también experimentó “graves casos de falta de entrega de información”. La OCDE también evidencia que en 140 solicitudes de las 302 totales, Panamá proporcionó “información parcial”. “En la mayoría de estos casos, Panamá no pudo ofrecer la información requerida sobre los registros de contabilidad. En el 13% de los casos no contestó a lo que se le pedía”, se lee en el informe. Panamá ha firmado acuerdos bilaterales con 19 países. Algunos de ellos se han quejado de que han encontrado “problemas para obtener información con relación a los registros contables o información sobre la propiedad de entidades con acciones al portador”.

Tras la publicación del informe, el Ministerio de Economía y Finanzas señaló que el Gobierno es consciente de la importancia de continuar con el fortalecimiento de su sistema en pro de la transparencia y seguir la línea de evitar ser incluidos en otras listas discriminatorias. Ante ello, añadió, “se inició el trabajo necesario para adaptarnos a estos compromisos internacionales y mejorar nuestra calificación en la fecha más cercana posible”.

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