TRIBUNAL SUPREMO NIEGA SOLICITUD PRIMARIA

Oenegé insiste en datos del país

El Fondo Monetario Internacional alertó a principios de julio que Venezuela terminará 2015 con una inflación superior al 100%.
Transparencia Venezuela también solicita información del índice nacional de precios al consumidor desde enero 2015 a la fecha. Transparencia Venezuela también solicita información del índice nacional de precios al consumidor desde enero 2015 a la fecha.
Transparencia Venezuela también solicita información del índice nacional de precios al consumidor desde enero 2015 a la fecha.

La ONG Transparencia Venezuela dijo ayer que decidió“complacer” al Supremo de Justicia para lograr que acepte la demanda contra el presidente del Banco Central (BCV), Nelson Merentes, por no publicar indicadores económicos del país.

“Decidimos complacer al Tribunal Supremo de Justicia y el 13 de agosto entregamos la solicitud formal para obtener del presidente del BCV” las estadísticas que por mandato constitucional está obligado a publicar, declaró ayer a los periodistas la directora de la oenegé, Mercedes de Freitas.

El BCV no ha informado desde el cierre de 2014 de las cifras de la inflación, entre otros indicadores, lo que ha dado pie a estadísticas extraoficiales que sitúan la aceleración de precios y tarifas en más del 100% entre enero y julio pasados.

El último dato oficial proporcionado por el BCV dio cuenta de que 2014 cerró con una inflación nacional levemente inferior al 70%.

El Fondo Monetario Internacional alertó a principios de julio que Venezuela terminará 2015 con una inflación superior al 100% y que ahondará su recesión hasta el 7% en el marco de una política macroeconómica que considera “insostenible”.

Además del índice nacional de precios al consumidor desde enero 2015 a la fecha, y que no vuelva a repetir tal omisión, la oenegé solicitó al BCV que también informe del comportamiento del producto interior bruto, la balanza de pagos y del índice de escasez de los productos de consumo masivo.

Todo ello, destacó Mercedes de Freitas, en “cumplimiento de la obligación de rendición de cuentas establecida en el artículo 319 de la Constitución” y otras normas sobre desempeño de los funcionarios.

El Supremo alegó que la ONG “no acompañó a su libelo ninguna prueba que acredite las gestiones que haya realizado para solicitar y obtener del presidente del BCV el cumplimiento de la obligación de rendición de cuentas establecida en el artículo 319”.

Según ese artículo de la Constitución, el BCV “rendirá informes periódicos sobre el comportamiento de las variables macroeconómicas del país y sobre los demás asuntos que se le soliciten e incluirá los análisis que permitan su evaluación”.

La presidenta de esta ONG señaló a Efe el miércoles pasado que “no era una sorpresa” que el Supremo hubiera fallado en su contra y admitió su molestar porque el emisor se valiera de “reductos legalistas, procesos legalistas, para no responder a lo que necesita el país”.

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