PLANO URBANO

PLANO URBANO: Fernando Guardia Jaén y la ´Constitución´

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OPINIÓN

Mi primera mención quiero dedicársela a Fernando Guardia Jaén, mi querido primo, miembro extraordinario de nuestra gran familia penonomeña. Fernando, uno de los más destacados sacerdotes panameños, desempeñó preponderantes papeles en la creación y actuación de la Cruzada Civilista, incluyendo una golpiza recibida de los esbirros de la soldadesca de Manuel A. Noriega. El era como yo, descendiente en la quinta generación de Don Laurencio Jaén, un reconocido patriarca de Penonomé. Cada tantos años celebramos una gran reunión de esos descendientes, la última el año pasado, o antepasado, en la que él fue cabeza de la organización y me tocó representar a los Mejía Andrión en la organización. Me siento orgulloso de esa gran familia y agradezco todos los reconocimientos recibidos por Fernando en su viaje hacia Dios. Sabía que él estaba preocupado por la necesidad de introducir cambios a la Constitución. Por tanto es oportuno lo que añado.

He logrado rescatar un invaluable escrito del Dr. Cecilio A. Castillero - estudioso abogado de la localidad - publicado por este diario hace 10 años, hoy de absoluta actualidad. Se llama ´Optimismo constituyente´. Presento un extracto de las ideas que en su estudio nos presenta el Dr. Castillero, y aprovecho la ocasión para solicitarle la divulgación completa del artículo, del que hoy pretendo recordar y destacar: Los juristas más respetados del país coinciden en que nuestros males no son achacables a la Constitución vigente. La corrupción, la ignorancia, y la pobreza no son imputables, en general, a normas constitucionales, o a la falta de estas.

En muchas constituciones de América Latina, como la nuestra, encontramos cláusulas líricas que garantizan derechos y el deber al trabajo, a la salud y a la educación, con mediocres resultados que todos conocemos; en algún país, desgarrado por una violencia implacable, se consagra la paz como un deber y un derecho. En otro orden de ideas la disposición que asigna a nuestras autoridades la misión de proteger vida, honra y bienes a nacionales y extranjeros bajo su jurisdicción, no impidió atropellos reiterados a bienes de unos y otros, ni la forma taxativa en que el artículo 308 regula los métodos de reforma, entre los que no se incluye la Asamblea Constituyente, ha sido óbice para que se argumente a favor de esta última. Estos ejemplos ilustran dos verdades obvias, a saber que hay dominios de la realidad en que las constituciones, como las leyes, carecen de eficacia, y que la eficacia de las normas legales en general y las constitucionales en particular, depende en gran medida de quienes las aplican y de su medio cultural.

No significa que las constituciones no cumplan un papel vital, desde el punto de vista político y económico, en el aspecto básico que les compete, que tiene que ver con la estructura y funcionamiento de los órganos del Estado y el establecimiento de ciertas garantías fundamentales para los individuos. Tampoco significa que la Constitución actual no requiera de enmiendas importantes que las hagan más realista y eficaz.

Ha cundido, sin embargo, la noción de que con una constituyente que haga tabla rasa del presente tema constitucional, el país podría contar por fin con funcionarios probos. La constituyente se adorna con una aureola de legitimidad popular, y hay incluso quienes paladean de antemano el placer intelectual de los debates que tendrán en su seno. Otros, en su afán proselitista, invocan el símil de la conversión, como si la constituyente fuera un catecúmeno.

Este optimismo no parece fundado, a juzgar por la calidad de nuestro discurso parlamentario usual. Porque al fin y al cabo los constituyentes no son otra cosa que legisladores investidos con la responsabilidad augusta de adoptar una nueva Constitución. Es probable pues que si su elección obedece a los criterios políticos usuales, asistiríamos al espectáculo deprimente y hasta es posible que traumático, de una Asamblea caracterizada por altos niveles de demagogia. Con el agravante de que, al sentirse los representantes ungidos de la soberanía popular, puedan dejarse llevar por la arrogancia, a tomar decisiones que el país pudiera lamentar luego.

¿No sería más prudente que los candidatos a la Presidencia (hoy serían los electos) en vez de expedir un cheque en blanco con la constituyente, plantearan los cambios que se comprometen a introducir? Este planteamiento daría lugar a un debate político en profundidad y el pueblo elegiría al candidato que le mereciera más respeto y credibilidad, con el respaldo de una Asamblea que apoyara sus propuestas; luego mediante un referéndum, el mismo pueblo sancionaría o no las enmiendas de que se trate.

El artículo tiene un buen cierre que me es imposible, por espacio, incluir.

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