PLANO URBANO

PLANO URBANO: ¿Servirán las nuevas reuniones?

OPINIÓN

Otra reunión importante sostuvimos los representantes de la Asociación Cívica de Propietarios de Punta Paitilla, esta vez con la ministra de Vivienda, el viceministro de Ordenamiento Territorial, una funcionaria que no se identificó, y la alcaldesa.

La cita fue promovida y obtenida por la señora alcaldesa Roxana Méndez, quien al comprender claramente el problema que representaría la construcción de dos torres con 180 apartamentos y 600 autos donde antes vivió una sola familia, tomó la sabia decisión de interceder en el tema.

La alcaldesa estuvo acompañada de la arquitecta Vanessa de Brown, jefa de la Dirección Municipal de Planificación, dirección que creó el municipio y que ha reiniciado una buena labor, quien sirvió para orientar bien a la alcaldesa sobre el tema en cuestión.

Me correspondió presentar el tema y lo hice con total franqueza, explicando el absoluto rechazo de la comunidad - cuya asociación cívica de propietarios me honro en presidir desde hace demasiado tiempo - ante el ilegal cambio de zonificación que incumplió múltiples leyes, de las cuales solo mencioné: la falta de comunicación a la Junta Comunal sobre la consulta pública, para que esta informara a la comunidad; no aplicar los días de espera para la consulta pública obligatoria; y lo peor de todo, la adjudicación de tareas a dos funcionarios del Ministerio para que, usurpando las funciones de una Dirección superior, “aprobaran” el muy nocivo y discriminatorio cambio de zonificación.

Como se conoce un funcionario solo puede realizar los actos que la ley le señala, a diferencia del resto de la población, que puede realizar todo lo que la ley no le prohíbe.

El urbanista Gerónimo Espitia, encargado de la Comisión de Urbanismo de la SPIA, me envió el siguiente escrito: Las autoridades locales desconocen instrumentos normativos de gestión urbana del territorio que establece nuestra Constitución Nacional, reformada y aprobada en el Acto Legislativo No. 1 de 2004, Título VIII, Capítulo 2. Artículo 233, que reza así:

Al Municipio, como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado, con gobierno propio, democrático y autónomo, le corresponde prestar los servicios públicos y construir las obras públicas que determine la Ley, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación ciudadana, así como el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asigne la Constitución y la Ley. Más adelante dice: La Ley establecerá cómo se descentralizará la Administración Pública y el traslado de competencias y la transferencia de recursos para el cumplimiento de esta norma. La transferencia de estas funciones que estableció la Ley 6 de 2006, este Gobierno la pospuso hasta el 30 de junio de 2014.

Toda esta situación que hoy vive Punta Pacífica y que se repite en todos los barrios de la ciudad, nos indica que no podemos seguir dependiendo de un ministerio que no planifica y que el contrato más importante y único de planificación urbana, que se licitó, fue otorgado a la firma con menor capacidad para dar seguimiento al Plan Metropolitano de Desarrollo del Pacífico y el Atlántico, que desarrolló un prestigioso consorcio internacional en 1997.

Desde esa fecha el documento tenía que ser convertido en ley de la República, ampliado, seguido y desarrollado, pero nunca se atendió. En el reciente concurso de licitación que organizó este ministerio para revisar y darle seguimiento, se otorgó el contrato a una rara empresa que no posee ninguna experiencia previa en planificación urbana, urbanismo u ordenamiento territorial, como queramos llamarlo, y se negó a abrir las propuestas de cuatro consorcios participantes, desatendiendo el reclamo de dos de los proponentes, pese a la recomendación de la Autoridad de Contrataciones Públicas que sugería la fórmula que permitiría la participación de todos. Otro sospechoso hecho.

La comunidad está madura para apoderarse de las decisiones sobre el crecimiento de nuestra ciudad, ante la incapacidad del ministerio encargado.

La alcaldesa se comprometió a promover las reuniones necesarias con el IDAAN, Sinaproc, la ATTT, los bomberos y la participación de todos los grupos interesados. Nuestra consigna es no permitir un solo edificio más hasta que se añada la infraestructura necesaria.

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