PLANO URBANO

PLANO URBANO: Se alinean las fuerzas: Miviot vs. comunidad

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OPINIÓN

Hasta el año 2006 reinó en Marbella, España, una década extraordinaria de construcciones que impresionaba a algunos y preocupaba a otros, especialmente a los arquitectos, urbanistas, sociólogos, geógrafos, ambientalistas y a muchos miembros de la rama judicial del país. Como contraparte un grupo de políticos regionales se solazaban de “los progresos” de Marbella, pues se volvían millonarios, con “un negociado” de concesiones urbanísticas a voraces promotores que acaparaban las mejores posiciones de la región, para sus grandiosos proyectos.

Para ese entonces colegas españoles me comentaban el descarado proceso de compraventa de permisos, donde también participaban arquitectos de algún renombre.

El caso terminó con una sentencia de 11 años de prisión para un señor de apellido Roca, que con tan fuerte apellido creía que nadie socavaría su fama y fortuna. Ahora, el “pobre” Roca tendrá que pagar la modesta suma de 240 millones de euros, como multa, tras siete años de proceso. Se calcula que por cada cambio de reglas de planeamiento y agilización de trámites, recibían unos 30 millones de euros. También el alcalde fue condenado a dos años de cárcel y la exalcaldesa pagará otros seis años de prisión; otros cuatro implicados también estarán cuatro años “a la sombra”.

Parecida situación estamos viviendo en Panamá. Como exasesor ad honorem de ministros de Vivienda conozco bien cómo se “maduran las concesiones”. Comenzaron en la época de los militares, pero eran “cosas pequeñas” comparadas con las de hoy. Luego se fueron incrementando. Los edificios altos de las áreas revertidas que alteraron por completo el concepto de ciudad jardín, pertenecen a acciones del Gobierno anterior, pero en este, en los dos últimos años no solo no se suspendió sino que se incrementó exponencial y descaradamente.

Recuerdo cuando el ministro anterior (hoy candidato presidencial) hace unos dos años me mandó a llamar para invitarme, con otros cuatro técnicos que yo escogiera, a una reunión en su despacho. Conversamos por hora y media o más, cambiando opiniones y prometiéndonos mantener reuniones quincenales para estudiar los cambios urgentes y pendientes. No lo vimos más. Solo meses más tarde, el ministro anunció “alegremente” que aprobaría cambios de zonificación por lotes individuales, ignorando las advertencias de quienes insistíamos en que los cambios solo se justifican tras profundos análisis por zonas o manzanas, jamás por lotes.

En Panamá estamos hoy en plena actividad de aprobaciones sin límites de parte del Gobierno para construcciones también sin límites de altura y densidad. Todos los meses se presentan “consultas públicas” para dañinos cambios en el propio Ministerio, con presencia de entre cero y tres asistentes. Ya las consultas no se realizan en los barrios que serán afectados, ni siguen los procedimientos de la ley. La responsabilidad hoy le cae a la ministra de Vivienda y a su viceministro de Ordenamiento Territorial.

Pero hoy la comunidad se organiza para pelear por sus derechos: existe una demanda interpuesta ante la Corte Suprema de Justicia, una denuncia ante la Defensoría del Pueblo, otra denuncia ante la procuradora de la Nación, denuncias ante el pleno del Consejo Municipal, quejas ante la Alcaldía y la Dirección de Obras Municipales. La propia gobernación, a cargo de la periodista Mayín Correa, ha encargado una profunda investigación para tratar de impedir nuevas construcciones en la calle Heliodoro Patiño, la que se encuentra totalmente saturada por autos que no dejan pasar el carro de la basura, carros de bomberos, ni ambulancias.

Ya Punta Paitilla forma parte de una Red Ciudadana Urbana que ha estado recibiendo capacitación de una distinguida urbanista que representa a la organización Habitat de la ONU. También existe otra organización de barrios, muy activa por cierto. Estamos fortaleciéndonos para enfrentar las dañinas imposiciones del Gobierno actual que están acabando con la tranquilidad de los barrios.

La señora alcaldesa, interesada en el tema que distorsiona la vida familiar y erosiona la calidad de vida, acompañó a la delegación de propietarios de Punta Paitilla en su reunión con la ministra de Vivienda y su viceministro.

Posteriormente, la Asociación cívica de Punta Paitilla le envió una carta solicitándole reuniones con la Oficina de Seguridad de los Bomberos, el MOP y el Idaan para asegurarnos de que el municipio solo apruebe obras que cuenten con la suficiente capacidad para atender la nueva demanda de servicios públicos que generarán. Ya el director de Obras Municipales adelantó su opinión el año pasado al afirmar que es preciso suspender las aprobaciones de nuevos proyectos por la incapacidad de las redes existentes. Estamos esperando la contestación de la señora alcaldesa y las acciones, que son vitales para la tranquilidad del barrio. Los promotores siguen al acecho.

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