PRESIONES SOBRE MATERIA FISCAL

Panamá le responde a Francia

El Gobierno retirará el mandato al banco francés Coface, que iba a prestar $297.8 millones para financiar parte de las obras del Metro.

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Antes los constantes ataques y presiones que han ejercido contra Panamá las grandes potencias del G-20, el país ha decido reaccionar echando mano de la Ley de Retorsión.

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Frank De Lima, giró instrucciones el viernes a la Dirección de Crédito Público para que se le retire el mandato a la Compagnie Francaise D´Assurance Pour Le Commerce Extérieur (Coface), sobre un reciente contrato de préstamo acordado con Panamá.

El Gabinete aprobó el 1 de noviembre firmar con Coface un contrato por 297 millones 852 mil 971 dólares para financiar parte de las obras de construcción de la línea 1 del Metro.

Esta medida es una reacción al hecho de que Francia sigue considerando a Panamá un paraíso fiscal y porque esta semana su ministra de Presupuesto y de las Cuentas Públicas, Valérie Pécresse, puso a este país como ejemplo de Estado no cooperativo en materia de evasión fiscal.

Con este dinero se financiarían los equipos y vagones, así como las señalizaciones, circuito cerrado de vigilancia, rieles y comunicaciones de la línea 1 del Metro. Ante esta decisión, Panamá debe buscar otra fuente de recursos para financiar parte del proyecto.

El secretario del Metro, Roberto Roy, dijo que la Secretaría es la encargada de ejecutar el proyecto, y el financiamiento lo coordina directamente el MEF.

“Estoy seguro que si se ha tomado esta acción, el ministerio debe tener otra alternativa para el financiamiento”, explicó Roy.

De Lima dijo que la medida de “retorsión” se aplica al banco francés ante los injustos señalamientos del que Panamá es objeto, a pesar de que se ha firmado con Francia un acuerdo para evitar la doble tributación (TDT).

Arrecian las presiones

Gremios empresariales y de profesionales han pedido en diversas ocasiones al Gobierno que aplique la Ley de Retorsión (medir con el mismo rasero) a los países que que discriminan y afectan a Panamá.

Las presiones vienen de todos lados, ya que a Francia, o la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), se le ha sumado el Fondo Monetario Internacional, que en sus reuniones para un informe que prepara sobre Panamá también cuestionó la parte fiscal, porque la evasión es considerada para ellos un delito de lavado de dinero.

Las nuevas exigencias

Panamá no había terminado de celebrar su salida en julio de la “lista gris” de la OCDE, tras la firma de los 12 acuerdos que se le exigía, cuando el Foro Global sobre la Transparencia Fiscal –un grupo de este organismo– informaba que este país había reprobado la evaluación y pidió nueva información.

Se está exigiendo, entre los puntos más relevantes, que se eliminen las acciones al portador, que las sociedades anónimas presenten registros contables, aunque sus operaciones estén fuera del país y que se firmen tratados para el intercambio de información fiscal (TIEA) en vez de TDT.

El Gobierno analiza los pasos a seguir, aunque en lo que respecta a las acciones al portador hay adelantos. Los bancos ya no están aceptando cuentas de sociedades con acciones al portador. Además, a las sociedades con acciones al portador no se les permite participar de licitaciones públicas.

Canadá, Alemania, India y Australia han pedido firmar TIEA con Panamá. De Lima reconoce que en el caso de Canadá conviene más un TIEA por los sacrificios fiscales que implicaría un TDT.

Haciendo la salvedad de que aún no se ha adoptado una posición conjunta para ver hasta dónde se puede permitir una injerencia en la soberanía de Panamá, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, César Ruiloba, aplaudió la decisión del ministro De Lima contra el banco francés e hizo un llamado a defender los instrumentos jurídicos que han servido de base al desarrollo de la economía panameña.

“Reconocemos que hay temas que requieren actualización, pero debemos sentarnos en igualdad de condiciones y discutirlos y sin amenazas”, señaló.

Por su parte el abogado internacionalista Mario E. Correa considera que para estos países “nunca será suficiente” lo que haga Panamá.

Lo primero que debe hacer el Gobierno, aconsejó, es esperar el informe suplementario que solicitó sobre el reporte de Panamá antes de apresurarse a comprometerse con cualquier cambio fundamental a nuestra legislación.

Además, debe apoyarse en los gremios de abogados, porque serían los más afectados con los cambios que se adopten.

ENFOQUE

Medidas a tomar ante una nueva realidad

DOMINGO LATORRACA*

economia@prensa.com

OPINIÓN. Panamá enfrenta diferentes retos en relación con el ser catalogado como paraíso fiscal. En primer lugar, algunos sectores de la plataforma de servicios internacionales, en efecto, han promocionado a nuestro país como un paraíso fiscal por su sistema territorial, que solo grava los ingresos generados en el territorio fiscal panameño y la estructura de vehículos jurídicos –entre ellos la sociedad anónima con sus acciones al portador– los cuales han facilitado que buenos y malos utilicen esta plataforma para realizar operaciones dentro y fuera de nuestro territorio.

En segundo lugar, frente a una nueva realidad mundial en materia de los principios de transparencia e intercambio de información tributaria, los países de las principales economías –paradójicamente hoy casi todos enfrentando grandes retos de crecimiento y sostenibilidad fiscal– a través de la OCDE promueven una agenda que cambia con el tiempo y presiona a todos a impulsar modificaciones.

No les interesa mucho las realidades locales ni las limitaciones existentes; tienen su agenda y únicamente les interesa su acatamiento. Para esto, sancionan directa e indirectamente a través de instituciones multilaterales, incluyendo más recientemente la Corporación Financiera Internacional, o IFC por sus siglas en inglés, el brazo inversionista del Banco Mundial, que inexplicablemente aprobó tomar medidas discriminatorias en contra de Panamá y otras jurisdicciones sobre la base de un informe desactualizado y preparado por un organismo del cual Panamá no es miembro.

Con respecto a ciertos políticos extranjeros de países con que Panamá ya ha cerrado acuerdos, que incluyen la no discriminación y que insisten en referirse a Panamá peyorativamente, sería bueno que conectaran la lengua al cerebro y revisaran sus compromisos incluidos en estos acuerdos internacionales.

Panamá debe mantener su orientación de avanzar en materia de implementación de los principios de transparencia e intercambio de información, y realizar los ajustes a su estrategia que aseguren el fortalecimiento y la competitividad de la plataforma de servicios financieros e internacionales. Debe seguir defendiendo su buen nombre frente a quienes no tienen la moral para exigir lo que no practican, aplicando la ley de retorsión a quienes lo ameriten.

* El autor es exviceministro de Economía.

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