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gobierno peruano aprueba decreto

Penalizan minería ilegal

Los funcionarios que autoricen de forma indebida actividades mineras también podrán ser privados de su libertad hasta por seis años.

La minería ilegal en Perú, hasta ahora una falta administrativa, se convirtió en un delito punible con penas de cárcel desde la semana pasada, cuando entró en vigor el decreto que ha generado violentas protestas en la región de Madre de Dios.

El decreto 1102 contempla el castigo a actividades como la exploración, extracción, explotación u otros actos similares de recursos minerales que no tengan las autorizaciones correspondientes ni un informe técnico favorable del Ministerio de Energía y Minas.

El Ejecutivo, con facultades especiales otorgadas por el Congreso para legislar sobre minería ilegal, promulgó una serie de decretos para penalizarla, apoyar mayores medidas de control y fiscalización de los productos químicos que necesita, mercurio y cianuro entre ellos, y promover el ordenamiento y el registro de la minería a pequeña escala.

En su modalidad agravada, la minería ilegal puede ser castigada hasta con 10 años de cárcel por operar en zonas no permitidas o en áreas naturales protegidas, por utilizar dragas y por afectar sistemas de agua destinados al consumo humano, entre otras circunstancias.

Los funcionarios que autoricen de forma indebida actividades mineras también podrán ser privados de su libertad hasta por seis años. También se autoriza el decomiso, destrucción de maquinaria, equipos e insumos químicos utilizados en las actividades ilegales.

Miles de mineros ilegales se han movilizado desde la semana pasada para pedir la anulación de los decretos que, según ellos los criminaliza y afecta su derecho al trabajo, aunque han reconocido que contaminan el ecosistema.

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