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Perú quita concesión a Odebrecht

La obtención de financiamiento para un proyecto se complicó luego de que la constructora admitiera el pago de sobornos.
Odebrecht ha reconocido pago de coimas en Perú por $29 millones entre 2005 y 2014, período que abarca los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. Odebrecht ha reconocido pago de coimas en Perú por $29 millones entre 2005 y 2014, período que abarca los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.
Odebrecht ha reconocido pago de coimas en Perú por $29 millones entre 2005 y 2014, período que abarca los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

La constructora Odeberecht, envuelta en un escándalo de corrupción, se quedó sin una concesión valorizada en unos $7 mil millones que tenía en Perú, cuyo gobierno rescindirá el contrato por falta de respaldo financiero para la obra.

El consorcio a cargo de la obra, con participación mayoritaria de Odebrecht, tenía hasta ayer lunes como plazo para anunciar cómo haría para obtener un préstamo de $4 mil millones para poder continuar con la operación, situación que se complicó luego de que la constructora admitiera el pago de sobornos a cambio de obras públicas en Brasil y varios países de Latinoamérica.

“El proyecto no va con los actuales socios. No han logrado demostrar que tienen financiamiento. Ese financiamiento tenía que ser obtenido de la comunidad financiera internacional (...). No han sido capaces de llevar adelante un proyecto, porque el sistema financiero no cree en ellos”, dijo el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, a radio RPP.

El contrato contemplaba la devolución de la concesión al no demostrar capacidad de financiamiento, y habilita al Gobierno peruano a ejecutar una garantía de $262.5 millones.

Se trata de la mayor carta fianza que alguna vez se haya ejecutado en el Perú, aseguró Tamayo. La finalización adelantada de un contrato firmado en 2014 y que se extendía por más de 30 años, será comunicada oficialmente hoy martes, aseguró el ministro.

El consorcio integrado por Odebrecht, la española Enagas y la local Graña y Montero, ya había adelantado que era inminente que perdiera el contrato. “Los accionistas y trabajadores del proyecto Gasoducto Sur Peruano hemos hecho todos los esfuerzos posibles para que este pudiera continuar, porque consideramos es un proyecto fundamental para la seguridad energética del país”, dijo la concesionaria en un reciente comunicado.

En el camino, para minimizar daños, Odebrecht —con el 55% de la participación—, dejó el liderazgo gerencial a Enagas y luego intentó vender su parte en el consorcio, pero la operación no fue aprobada por el Gobierno.

Odebrecht ha reconocido pago de coimas en Perú por $29 millones entre 2005 y 2014, período que abarca los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

Un funcionario del gobierno de García ya está preso, mientras un viceministro es buscado por la justicia. La obra del gasoducto, que ya estaba relativamente suspendida, según el ministro, cuenta con más del 30% de avance y consiste en un tendido de tuberías de mil 134 kilómetros para el transporte de gas en el sur del país. Todo lo avanzado vuelve a manos del Estado.

El ministro Tamayo admitió que rescindir el contrato de la firma va a demandar costos económicos al Estado y va a impactar en las cifras de empleo en el sur del país. “Pero no por eso vamos a dejar de tomar una decisión que cautela los intereses del Estado (...) Esta situación no es causada por el Gobierno, sino por gente que no ha sido capaz de llevar a cabo un proyecto, porque el sistema financiero no cree en ellos”, agregó Tamayo.

Por ahora, el Gobierno eliminará un cargo que existía en los recibos de luz de los usuarios que permitía pagar adelantadamente este servicio. Como plan momentáneo para el suministro de gas hasta que la obra vuelva a ser concesionada —en unos dos años— Perú dispondrá de una red de camiones para el transporte del recurso.

“Creemos que las consecuencias de esta organización que ha hecho de la corrupción su modus operandi, van a ser enormes. La corrupción le cuesta al ciudadano enorme cantidad de dinero. En lo político se pierde la credibilidad y en el sector privado se tiende un ámbito de dudas”, dijo el presidente de la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas en Perú, Martín Pérez.

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