el futuro del centro financiero

Piden estrategia para salir de listas

Banqueros reclaman que se adelante la entrada en vigor de la ley que inmoviliza las acciones al portador. El Gobierno no se define al respecto.
Líderes del sector financiero celebraron este jueves y viernes la XXIII Convención Bancaria de Panamá. En la sesión de ayer abordaron las vulnerabilidades, retos y oportunidades del Centro Bancario Internacional frente al entorno mundial. LA PRENSA/José Leis. Líderes del sector financiero celebraron este jueves y viernes la XXIII Convención Bancaria de Panamá. En la sesión de ayer abordaron las vulnerabilidades, retos y oportunidades del Centro Bancario Internacional frente al entorno mundial. LA PRENSA/José Leis.
Líderes del sector financiero celebraron este jueves y viernes la XXIII Convención Bancaria de Panamá. En la sesión de ayer abordaron las vulnerabilidades, retos y oportunidades del Centro Bancario Internacional frente al entorno mundial. LA PRENSA/José Leis.

Panamá necesita diseñar una estrategia de país para afrontar de manera proactiva los desafíos en materia de transparencia, intercambio de información y lavado de capitales con el objetivo de salir de las listas discriminatorias que afectan a la reputación del país y que suponen una amenaza para el futuro del centro financiero internacional.

Esta es una de las ideas planteadas ayer por representantes del sector bancario panameño en la jornada de clausura de la XXIII Convención Bancaria.

En junio, el país fue incluido en una lista gris o de observación por parte del Grupo de Acción Financiera (GAFI) por las deficiencias en las políticas contra el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo.

Antes, en abril, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) determinó que Panamá no pasaría la primera fase de la revisión paritaria por las deficiencias en el marco jurídico en cuanto a la transparencia y el intercambio de información fiscal.

Los dos acontecimientos causaron un impacto negativo a la imagen exterior del país y contrarrestaron los esfuerzos realizados para eliminar esa consideración de paraíso fiscal.

Estos fueron dos asuntos medulares abordados por los banqueros en su reunión anual. Raúl Alemán, gerente de Banco General, señaló que a pesar de que ha habido varias hojas de ruta a través de distintas administraciones, no se ha logrado consolidarse una visión nacional. “A veces la posición de las minorías ha prevalecido”, lamentó el banquero.

Robert Williams, gerente general de Scotiabank, dijo que “tenemos que entender hacia dónde van las regulaciones internacionales y no nos podemos quedar atrás”.

Una de las recomendaciones que aparecen tanto en los informes de transparencia e intercambio de información como en la lucha contra el lavado de capitales es la necesidad de inmovilizar las acciones al portador. La administración de Ricardo Martinelli aprobó una ley que crea un régimen de custodia para las acciones al portador, de tal manera que se tendría registro de las mismas, respondiendo a la exigencia de los organismos internacionales. Sin embargo, la entrada en vigor de la ley no será hasta 2015 y su aplicación práctica hasta 2018.

Óscar Luna, gerente general de Banco de Occidente, S.A., calificó como un “error garrafal” la dilatación en la implementación de la norma. “¿Quién iba a pensar que aprobando una ley que entraba en vigor en cinco años pasaríamos la revisión?”, se preguntó.

En ese mismo sentido, Jaime Moreno, gerente general de BAC International Bank, reiteró que es imperativa la entrada en vigor de la ley que inmoviliza las acciones al portador así como una nueva ley en el combate contra el lavado de capitales. “Son temas importantes para que Panamá sea visto como un país cooperador tanto en la lucha contra el blanqueo como en el intercambio de información”.

El Gobierno por su parte, ha diseñado una hoja de ruta para salir de las listas grises con el apoyo técnico del Fondeo Monetario Internacional, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Dulcidio De La Guardia, ministro de Economía y Finanzas, dijo que se ha contratado a asesores y se ha pedido apoyo al Consejo de Servicios Internacionales de Panamá, que está integrado por los gremios empresariales vinculados a estas actividades, para que participen en los cambios legales que se han recomendado, como la creación de una nueva ley contra el lavado de capitales.

Sobre un eventual adelanto de la entrada en vigor de la ley que inmoviliza las acciones al portador, dijo que “es una de las recomendaciones del GAFI”, pero que “vamos a llevar a cabo esto de la mano del sector privado. El Gobierno no va a hacer nada que el sector privado no apoye”.

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