vigilancia aérea

Piden reestructurar la Autoridad Aeronáutica Civil

A mediados de 2014 ocurrió una falla en el centro de control aéreo que había sido construido por el gobierno anterior por $20 millones.

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Por supervisar el uso de su espacio aéreo, el Estado panameño ingresa más de 16 millones de dólares al año. Por supervisar el uso de su espacio aéreo, el Estado panameño ingresa más de 16 millones de dólares al año.
Por supervisar el uso de su espacio aéreo, el Estado panameño ingresa más de 16 millones de dólares al año. Roberto Cisneros

El 14 de diciembre de 2016, la transferencia de datos entre el Aeropuerto Internacional de Tocumen y la base de comunicaciones de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), en Cerro Jefe, Cerro Azul, se interrumpió de forma súbita por más de 10 horas.

La falla retrasó la llegada y salida de aviones en Tocumen, y aunque no representó un riesgo para la operación aérea, se unió a la cadena de falencias que registra el sistema aéreo panameño, tal como quedó demostrado en la auditoría que hizo en septiembre de 2015 la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), en la que Panamá reprobó en el 64% de las preguntas.

Además de la interrupción de Cerro Jefe, en los últimos años han ocurrido fallas en los radares y en el centro de control aéreo, así como en la torre de control aéreo de Tocumen, esta última por presencia de insectos, en diciembre de 2015.

La AAC no solo es responsable por los aviones que tocan el territorio nacional, también debe controlar el paso de aeronaves que atraviesan el espacio aéreo nacional, que limita con Jamaica en el extremo norte y con Ecuador en el sur. (ver gráfica)

 

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Piden reestructurar la AAC

Jaime Fábrega, presidente de la Asociación Panameña de Aviación (APA), recordó que históricamente los gobiernos no le han dado importancia al sector aéreo.

“La aviación, y sus actividades conexas como el turismo, aportan más del 12% del producto interno bruto (PIB) del país, pero los presupuestos de la institución no son suficientes para supervisar esta actividad”, comentó.

En su opinión, la AAC no tiene la capacidad de vigilar todo lo que ocurre en el espacio aéreo panameño, que tiene una extensión superior a los 623 mil kilómetros cuadrados, y por el cual, anualmente, pasan más de 21 millones de pasajeros.

Para 2017, la entidad tiene un presupuesto de 63 millones de dólares, de los cuales 40 millones son para funcionamiento y el resto se destinará a inversiones.

La OACI recomendó a Panamá incrementar la inversión en la compra de equipos tecnológicos y mejorar la capacitación de su personal técnico.

Para Fábrega, de ocurrir un accidente en cualquiera de los dos extremos del espacio aéreo, la AAC no tendría la capacidad para atender la emergencia y deberá pedir apoyo a otros países, como ha ocurrido en los últimos años.

“En este país hay dinero para lo que se quiere, mas no para lo que se requiere, y la dejadez estatal hacia el sector aéreo es el mejor ejemplo”, manifestó el presidente de APA.

Expertos consultados indicaron que si un país demuestra ante la OACI que otro no puede vigilar la totalidad de su espacio aéreo, este último podría perder los derechos sobre una determinada zona.

Además de la inversión en equipos, la OACI sugiere cambiar la estructura de la Autoridad Aeronáutica Civil y darle mayor poder coercitivo para imponer multas.

Tomás Paredes, quien estuvo a cargo de la AAC en los dos primeros años de la administración del expresidente Martín Torrijos, comentó que al crearse la figura de Tocumen, S.A., surgió un ente con capacidad política y financiera de ignorar los lineamientos de la institución.

“En ocasiones el personal de Aeronáutica tiene problemas para obtener los permisos de acceso para hacer las inspecciones en las terminales aéreas y en las compañías que participan en este sector”, comentó.

Paredes y Fábrega coinciden en que es necesario modificar la estructura del regulador aéreo y sugieren copiar el modelo que se aplica en la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), no solo por la autonomía financiera, sino que su máxima autoridad no está atada a un período presidencial.

Al respecto, Alfredo Fonseca Mora, director de la AAC, adelantó que trabajan en un borrador de ley para actualizar el engranaje de la entidad, y aunque reconoce que no será tarea fácil, asegura que el objetivo será copiar el esquema de la ACP.

“Los partidos políticos deben ver a la AAC como al Canal de Panamá, esta es una institución técnica y deben olvidarse de la ilusión del control”, comentó.

CAPACITACIÓN

Otro de punto que Panamá no superó en la auditoría de la OACI es la capacitación del personal técnico, aspecto en el cual es superado por Nicaragua, Honduras y Guatemala.

Rubén Ríos, presidente de la Asociación Panameña de Controladores de Tránsito Aéreo, dijo que hay un déficit de 10 años en materia de capacitación en todas las posiciones técnicas dentro de la Autoridad.

“Cada cierto tiempo los controladores deben recibir una capacitación recurrente sobre todos los aspectos relacionados con su cargo, programas que no se ejecutaron en la última década”, detalló.

En los últimos años, 10 controladores panameños se fueron a otros países buscando mejores condiciones salariales.

Ríos reconoce que la actual administración está mejorando el salario de los controladores, pero señala que todavía están por debajo de sus pares de la región.

Dependiendo de la antigüedad, horario y licencias, el salario de un controlador aéreo oscila entre los 900 y mil 500 dólares, mientras que en países cercanos con menor tráfico aéreo supera los 3 mil dólares.

“Cuando un controlador de la AAC se va por mejor salario, la institución pierde un recurso valioso, porque el curso de adiestramiento por persona supera los 70 mil dólares, además la OACI reconoce en propiedad a un controlador después de cinco años de haber obtenido su licencia”, explicó.

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