Contrataciones públicas

Piden reforzar marco legal para inhabilitar a empresas corruptas

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La firma brasileña ha mostrado interés para participar en los actos públicos de las extensiones de las líneas 1 y 2 del Metro de Panamá. La firma brasileña ha mostrado interés para participar en los actos públicos de las extensiones de las líneas 1 y 2 del Metro de Panamá.
La firma brasileña ha mostrado interés para participar en los actos públicos de las extensiones de las líneas 1 y 2 del Metro de Panamá. Archivo

Representantes del Gobierno han señalado que legalmente no hay ningún impedimento para que Odebrecht participe en actos público, pero han sido decisiones del Ejecutivo las que han derivado en esta situación.

En diciembre de 2016, después de que Odebrecht admitiera el pago de sobornos en 10 países de América Latina, entre ellos Panamá, el Gobierno aprobó un veto que impidió a la empresa contratar con el Estado hasta que colaborase en las investigaciones que se seguían por los casos de corrupción y garantizase el pago de las sumas que debería restituir.

En julio del año pasado, la empresa selló un acuerdo de colaboración con el Ministerio Público que contempló el pago de una multa de $220 millones en 10 años.

Ese acuerdo, que supuso el archivo de la causa contra la empresa, no estableció inhabilitación alguna para contratar con el Estado.

Annette Planells, miembro del Movimiento Independiente (Movin), dijo ayer a este diario que en dos ocasiones se intentó la modificación de la Ley de Contrataciones Públicas para incluir inhabilitaciones a empresas condenadas por corrupción.

En el proyecto de Ley 514, que establece la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, se planteó incluso la inhabilitación para las empresas que hayan llegado a acuerdos de pena o de colaboración eficaz por la comisión de delitos contra la Administración Pública.

La ley, aprobada en tercer debate por la Asamblea Nacional, fue vetada por el presidente, Juan Carlos Varela, y regresó a la Comisión de Gobierno, donde no ha tenido mayor debate.

A juicio de la representante de Movin, “nuestra legislación no está protegiendo los intereses de Panamá”.

Además, tampoco se contemplan mecanismos para verificar si una empresa que ha cometido actos de corrupción se ha rehabilitado.

Dado el vacío legislativo, Odebrecht y otras compañías que han sido señaladas por actos de corrupción en el pasado volvieron a licitar en proyectos de obras públicas.

La firma brasileña, que ejecutó junto a la española FCC Construcción las líneas 1 y 2 del Metro, ha mostrado interés para participar en los actos públicos de las extensiones de ambas líneas, programados para este septiembre y próximo octubre.

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