terminal de contenedores

Piden resolver las demandas

La junta directiva de la ACP se debe reunir para analizar el tema y decidir si cierra el proceso o espera que se resuelvan todos los recursos.

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El puerto de contenedores de Corozal se construiría en terrenos que pertenecen a la ACP, ubicados a un costado del puerto de Balboa. El puerto de contenedores de Corozal se construiría en terrenos que pertenecen a la ACP, ubicados a un costado del puerto de Balboa.
El puerto de contenedores de Corozal se construiría en terrenos que pertenecen a la ACP, ubicados a un costado del puerto de Balboa. Archivo

Los miembros de la junta asesora de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) advirtieron lo imperativo que resulta resolver las demandas que intentan frenar la construcción del puerto de Corozal. Sería la única forma de despertar el interés de los inversionistas por la construcción de la terminal de contenedores.

La recomendación, sin embargo, rebasa el alcance de la ACP, teniendo en cuenta que las demandas deben ser resueltas por la Corte Suprema de Justicia.

Los asesores del Canal se reunieron en Shanghái, China, con la junta directiva de la vía acuática, como parte de los encuentros que deben realizar dos veces al año para debatir sobre la agenda operativa y estratégica de la ruta acuática.

En un informe preliminar, el administrador de la ACP, Jorge Luis Quijano, dijo que los asesores consideran que “una empresa extranjera que va a invertir cientos de millones de dólares de sus fondos en el desarrollo de un negocio en cualquier país debe tener seguridad jurídica”.

La licitación para dar en concesión la construcción y operación del puerto de Corozal fue declarada desierta el pasado 3 de marzo, al no recibir ninguna propuesta de las cuatro empresas que estaban precalificadas.

Una semana antes de la fecha para la presentación de propuestas había, por lo menos, 25 acciones legales en contra de distintos actos de la ACP relacionados con la concesión para Corozal, e impulsados por abogados, representantes legales de Panamá Ports Company (PPC) y asociaciones de residentes de Diablo Height.

Aunque algunas de estas demandas se han resuelto a favor de la ACP, otras están pendientes, entre ellas, un recurso de inconstitucionalidad.

Quijano informó que la junta directiva de la ACP se debe reunir próximamente para decidir si se cierra el proceso de la licitación de la concesión para el puerto en Corozal o se espera hasta que se resuelvan todos los procesos legales pendientes.

El administrador, que tras la gira por China se reunió con representantes de empresas navieras, reiteró que Panamá debe ser claro y específico con respecto a su objetivo como país en promover el comercio y las actividades logísticas que le añaden valor a la carga.

Indicó que la ventana de tiempo es importante para asegurar la competitividad del país, y esto es evidente al ver los desarrollos y crecimientos en países vecinos que han captado inversión extranjera en recientes años, como los del puerto de Buenaventura en Colombia y Limón-Moín, en Costa Rica.

Análisis de licitación

La Cámara Marítima de Panamá, gremio que aglutina a 230 empresas del sector, considera que hay tres elementos que se deben revisar para generar interés en la concesión del proyecto de la terminal de Corozal.

En primer lugar, destaca la necesidad de resolver el cúmulo de procesos legales ante la Corte Suprema de Justicia. “Esas demandas crean un clima de inseguridad jurídica, porque nadie sabe qué va a pasar después”, dijo Rommel Troetsch, presidente de la Cámara Marítima de Panamá.

Troetsch destacó que el elemento más importante son las condiciones económicas señaladas en el pliego. Se establecía el pago de $17.5 millones por el alquiler de los terrenos y fondo de mar de la ACP en el primer año con un crecimiento de 3.5% cada año.

De acuerdo con Troetsch, en ningún otro caso de los puertos existentes, se le ha pedido un pago por concesión antes de comenzar operaciones. En el pliego también se solicita que la empresa que se adjudicara la concesión para construir el puerto de contenedores debía entregar el 8% de la facturación bruta, más el cargo mínimo de 12 dólares que debe pagar al Estado por cada movimiento de contenedor.

El puerto de Corozal es considerado una de las piezas logísticas para aprovechar todo el movimiento de carga que se genere con la ampliación del Canal.

Los expertos recomiendan que se establezcan condiciones que atraigan a nuevos operadores y no lo pongan en desventaja de competencia. Troetsch añadió que con esta licitación varió la estrategia portuaria que se venía practicando desde que se reestructuró el centro portuario panameño.

“El hecho de no darle las mismas condiciones a Corozal, que han permitido la inversión extranjera, es ignorar la estrategia portuaria que siguieron los anteriores gobiernos”, dijo Troetsch.

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