demanda de inconstitucionalidad de la ley 52

Procuraduría da la razón a empresarios

La retroactividad con la que el MEF aplicó la norma no responde a razones de orden público y, por tanto, vulnera la ´Constitución´, dice un informe.

La opinión de la Procuraduría de la Administración sobre la constitucionalidad de la última reforma fiscal del Gobierno (Ley 52) coincide en parte con la de la Cámara de Comercio.

El gremio empresarial demandó como inconstitucionales cinco artículos de la norma y, según la Procuraduría, uno de ellos –en concreto el parágrafo transitorio del artículo 5– vulneraría la Constitución Política.

Se trata del artículo más polémico de la Ley 52. El que introdujo de manera retroactiva el cambio en el sistema de cobro del impuesto sobre la renta, que pasaba del llamado adelanto mensual del impuesto sobre la renta (Amir) a la estimada.

El procedimiento jurídico establece que en los casos de demandas contra el Estado, la Procuraduría de la Administración debe emitir una opinión no vinculante sobre el tema en litigio.

El documento recoge que la ley “entró a regir el 29 de agosto de 2012, cuando faltaban cuatro meses para el cierre del año fiscal; pese a ello el artículo 5 de la excerpta legal [ley] restableció el sistema de pago del impuesto sobre la renta estimado a las personas jurídicas” y dispuso que las partidas de junio y septiembre “debían pagarse a más tardar el 30 de septiembre”.

La Procuraduría concluye que “lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 52 de 2012 implica situaciones que hacen que esta última modificación a la ley fiscal se deba aplicar de manera retroactiva, por lo que coincidimos con la parte actora [la Cámara de Comercio] en cuanto a la retroactividad de la excerpta legal acusada”.

En consecuencia, como la retroactividad no está sustentada en razones de orden público o interés social, “a juicio de este despacho se vulnera el artículo 46 de la Constitución Política de la República”, que dicta que las normas no se deben aplicar con carácter retroactivo.

El resto de artículos demandados por la Cámara de Comercio, sin embargo, sí se apegarían a la Constitución.

Aunque la vista fiscal de la Procuraduría no es vinculante, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, Irvin Halman, espera que la Corte Suprema de Justicia tenga en cuenta esta opinión a la hora de hacer su dictamen.

Halman reiteró que el cambio en el método de pago de los impuestos y su aplicación retroactiva perjudicó a las empresas. Aunque no se aventuró a dar una cifra aproximada del impacto en las cuentas de las compañías, Halman explicó que estas se vieron obligadas a adelantar a noviembre y diciembre un desembolso que estaba previsto para marzo, teniendo que utilizar ahorros o recurrir a préstamos. Esos recursos, aseguró, podrían haberse destinado a otro tipo de inversiones.

Estuvieran o no de acuerdo, las empresas hicieron las adecuaciones pertinentes para adaptarse a la norma.

Más allá de las consecuencias prácticas que podría tener una eventual declaración de inconstitucionalidad del artículo 5 (parágrafo transitorio) de la Ley 52, sería una victoria moral para los empresarios, que han sido los principales afectados por los constantes cambios a las normas tributarias introducidas por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Para Halman, que recalcó que la Cámara siempre ha propiciado el cumplimiento de las leyes y que los contribuyentes deben pagar los impuestos, estos cambios “abruptos” dan señales de “inestabilidad fiscal” y eso, para el inversionista, es un riesgo y tiene un efecto adverso, ya que el que invierte quiere destinar sus recursos a un país que tiene estabilidad fiscal ante uno que no la tiene.

La complejidad del sistema tributario panameño quedó reflejada en un reciente estudio publicado por la consultora PriceWaterHouseCoopers, según el cual Panamá es el país de Centroamérica y el Caribe en el que las empresas tienen que dedicarle más tiempo a pagar sus impuestos.

De las 185 economías de todo el mundo analizadas por la firma, Panamá ocupa la posición 172 en lo que al pago de impuestos se refiere. Los empresarios dedican 431 horas al año a esta tarea, mientras que la media mundial es de 267 horas.

El consultor fiscal Osvaldo Lau publicó el pasado domingo en La Prensa un resumen fiscal de 2012, enunciando todos los cambios aprobados este año en materia tributaria.

Entre resoluciones, leyes y decretos, contabilizó 40 disposiciones fiscales aprobadas el año pasado y vaticinó que “este año vendrán otras normas tendientes a actualizar o fortalecer el sistema”.

Cronología de una disputa legal

29/8/12

Entra en vigor la Ley 52, la última reforma fiscal aprobada por el Gobierno de Martinelli, que elimina el Amir y recupera la estimada como método de pago del impuesto sobre la renta para las empresas.

28/9/12

Cámara de Comercio presenta demanda de inconstitucionalidad contra cinco artículos de la norma.

12/11/12

Procuraduría emite opinión no vinculante sobre la demanda.

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