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Normativa

Productores alertan de leyes que no se aplican

Presentan denuncia ante la Procuraduría de la Nación.

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Se supone que los recursos del Fondo de Desarrollo Ganadero provendrán del pago de $2.00 por cada animal de la especie bovina sacrificado en los mataderos. Archivo Se supone que los recursos del Fondo de Desarrollo Ganadero provendrán del pago de $2.00 por cada animal de la especie bovina sacrificado en los mataderos. Archivo
Se supone que los recursos del Fondo de Desarrollo Ganadero provendrán del pago de $2.00 por cada animal de la especie bovina sacrificado en los mataderos. Archivo

Ocho leyes aprobadas entre 2017 y 2018 no han sido ejecutadas a falta de su respectiva reglamentación, lo que incide directamente en el desempeño del sector agropecuario.

Así lo dio a conocer ayer Nodier Díaz, abogado y productor de granos en Chiriquí, quien presentó una denuncia ante el Ministerio Público.

Díaz, que forma parte de la Federación de Granos de Chiriquí, presentó la denuncia para que se investigue al ministro de Desarrollo Agropecuario, Eduardo Carles, por el delito de omisión de funciones públicas.

En la denuncia, Díaz hace referencia a la Ley 46 de 16 de junio de 2017, que modificó la norma sobre intereses preferenciales al sector agropecuario. La misma debió entrar en vigencia en junio del año pasado.

Además, hace mención de la ley que crea el programa para la promoción y modernización agropecuaria, que debió entrar en vigor en junio de 2017, de acuerdo con los términos establecidos al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

El recurso legal establece en igualdad de condiciones la Ley 49 de 20 de junio de 2017, que establece disposiciones para la importación de productos agropecuarios y cuya vigencia se debió ejercer desde el 20 de agosto de 2017.

Este año, específicamente el 22 de febrero de 2018, se creó -bajo una nueva normativa- el Fondo de Desarrollo Ganadero, que debió estar reglamentado para entrar en vigencia el pasado 17 de mayo .

El recurso legal detalla que el Código Penal establece la figura delictiva aplicable a la omisión de funciones del servidor público.

Se intentó contactar al ministro Carles, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

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