seguridad jurídica

Proyecto atenta contra sistema de capitales

Oposición unánime de los gremios al proyecto que grava las remesas al extranjero y casinos para aumentar las pensiones.

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Gremios empresariales aseguran que el proyecto atenta contra la seguridad jurídica y supondría un doble gravamen. Alexander Arosemena Gremios empresariales aseguran que el proyecto atenta contra la seguridad jurídica y supondría un doble gravamen. Alexander Arosemena
Gremios empresariales aseguran que el proyecto atenta contra la seguridad jurídica y supondría un doble gravamen. Alexander Arosemena

La Asociación Bancaria de Panamá (ABP) advirtió ayer de que aplicar un impuesto de 7% a todas las remesas que salen de Panamá “podría acabar con el sistema de capitales abiertos, que ha sido el eje de nuestra economía. Tendría consecuencias graves para el crecimiento del sector bancario y del país en general”.

El proyecto de ley 621, aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional, establece un aumento a las pensiones de los jubilados a partir de 2019, que se financiará con un impuesto del 7% a las remesas desde Panamá al extranjero, con un nuevo impuesto a los casinos y con la redistribución de los recursos que salen del impuesto que grava la cerveza.

La redacción del proyecto, que nació como una propuesta ciudadana, para luego ser acogida por la Comisión de Trabajo, podría implicar que toda transacción desde Panamá al extranjero sea gravada, lo que podría aplicarse a todas las transferencias bancarias, así como al envío de dividendos a sus matrices de empresas extranjeras establecidas en el país.

“Panamá es un país de capitales abiertos con pocas trabas para el dinero que entra y sale, al contrario que otros países de la región, que sí gravan estos movimientos. Esto estaría sucediendo por primera vez en el país poniendo un impuesto a todo lo que sale de Panamá”, dijo Carlos Troetsch, presidente de la ABP, quien equiparó esta iniciativa con la promovida sin éxito en la pasada administración por el exdirector general de Ingresos Luis Cucalón, que terminaba con el principio de territorialidad del sistema fiscal panameño.

“En estos momentos nos parece que la realidad presupuestaria nos impide dar ese aumento”.

Gustavo Valderrama Viceministro de Economía.

La Asamblea Nacional aprobó el proyecto en un periodo preelectoral, y justo cuando enfrenta fuertes cuestionamientos de la sociedad civil por la falta de transparencia en el manejo de las planillas de los diputados.

“Las decisiones se deben tomar de manera responsable y no basarlas en conceptos populistas, que pareciera ser lo que ha primado”, dijo el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Severo Sousa.

Muchas empresas se establecieron en Panamá en los últimos años con unas condiciones que ahora estarían cambiando. “Son compañías que hemos atraído y ahora les cambiamos las reglas del juego, les afectamos la seguridad jurídica, les espantamos y desincentivamos que vengan más”, apuntó el empresario.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura recordó en un comunicado que los pagos en el extranjero ya tienen una tasa efectiva de 12.5%, “lo que significa que se estarían gravando de forma doble ciertas transferencias al extranjero”.

Tampoco es bien recibido el aumento en los impuestos en el gremio de los juegos de azar, que ya sufragaron con la aplicación del impuesto selectivo al consumo el incremento en las pensiones de 2016.

Yelitza Amador, secretaria de la Asociación Panameña de Juegos de Azar, dijo que esta nueva iniciativa no fue consultada con el gremio y recordó que en el proyecto aprobado en el primer debate no se contemplaba que los fondos salieran de la industria, sino de los aportes del Canal de Panamá.

Por su parte, desde el Ministerio de Economía y Finanzas señalaron que “en estos momentos nos parece que la realidad presupuestaria nos impide dar ese aumento... La Asamblea Nacional debe pensar bien las leyes que está proponiendo y su impacto presupuestario”, dijo a este diario Gustavo Valderrama, viceministro de Economía.

Los gremios piden de manera unánime el veto del proyecto de ley, decisión que tendrá que ser tomada en el palacio de las Garzas.

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