PLANO URBANO

Quejas ante Alianza Pro Ciudad

OPINIÓN

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia nos informa que en cinco años y medio ha recibido quejas por valor de 192 millones de dólares, solo en el mercado inmobiliario. Ellas suman 2 mil 601 reclamos que van, desde desaparición del vendedor con el dinero recibido, la ausencia de un proyecto real, la no construcción de lo prometido y la pésima calidad de lo construido. También están los promotores-comerciantes que constituyen una empresa para cada proyecto y apenas venden, cierran la empresa y no hay responsable a quien exigirle nada.

Nuestro país está en deuda con los compradores sean extranjeros o panameños. Hay estafas de distinto tipo y condición, y lo peor es que no se toman las medidas correctivas, no hay nadie preso, no se destituye a ningún funcionario, no se cierra ninguna empresa.

Luego hay otro problema: una plaga de juega vivos que se ríen de las autoridades municipales que son las que pueden poner control a tanto abuso. Es el caso de las instalaciones de negocios en el medio de viviendas unifamiliares, donde la ley no permite comercio, allí se instalan porque el alquiler es menor, o la vivienda es propia o de un familiar. ¿Y los inspectores municipales? Bien, gracias.

Entre las muchas quejas recibidas en alianzaprociudad@gmail.com hay cinco que se refieren al abuso de meter comercio, especialmente ventas de comida, en sitios prohibidos. Uno es especialmente descriptivo. Se trata de la Avenida Abel Bravo de Obarrio, que corre paralelo a la vía España, iniciándose donde hay una estación Texaco. Allí, en pequeño lote baldío entre dos edificios, montaron en un vagón una venta de comida que funciona toda la noche con ruidos extraordinarios, carcajadas, carros que frenan o arrancan violentamente, haciendo la vida imposible a los vecinos que requieren tranquilidad. Las quejas al Municipio son por gusto. No hay control. Si pasan inspectores, se hacen las vista gorda o cobran una coima.

Igualmente se quejan desde el Cangrejo, por los abusos de los conductores que se toman un carril y se suben a las aceras. Los alumnos de una Universidad cercana no respetan espacio ajeno alguno.

Otra señora residente en El Dorado se queja de una venta de pescado frito que funciona en el garaje de una residencia de calle 72. Cuentan que el representante Iván Picota ordenó el cierre, pero el Corregidor espera una orden del Director de Obras y Construcciones Municipales, pero esa no llega.

Dos señoras se quejan del mismo comercio ilegal establecido en una residencia situada en una pequeña calle sin salida, donde quien escribe, construyó solo 13 viviendas de un solo nivel, un proyecto para familias cercanas y algunos amigos. Han instalado una fábrica y distribución de productos para fumigación contra plagas.

Será que nunca pondremos orden en nuestra ciudad. ¿No hay autoridades?

Para terminar quiero referirme a las carreteras contratadas por el Ministerio de Obras Públicas. Siguen sin inspección. Se están terminando y los que ganaron las licitaciones para inspeccionar, no han recibido “la orden de proceder”. Algún día al ministro le pesará haber dejado hacer las obras sin supervisión. Creo que solo inspeccionarán la cinta para inaugurar la obra y las tijeras. Este es mi paisito. Que viva “el fiesto”.

El autor es arquitecto

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