Empresas hidroeléctricas, clientes y la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), entidad que regula el servicio público de energía, se oponen a la propuesta del gobierno de aprobar un contrato de generación de energía sin que se haya licitado.
La ASEP advirtió al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de que no es viable por ley “revivir” un contrato de generación eléctrica de la central termoeléctrica de Bahía Las Minas (BLM), ubicada en Colón y en la cual el Estado es accionista.
Este contrato de generación de energía entre BLM y la distribuidora ENSA terminó el 31 de diciembre de 2018, pero el gabinete aprobó la resolución 130 del 26 de diciembre de 2018, mediante la cual se autorizó al MEF a transferir fondos públicos a BLM para capitalizar a la empresa generadora.
La ASEP plantea que además de que el contrato terminó tras un acuerdo de arbitraje luego de una controversia entre BLM y ENSA, su aprobación también implicaría un aumento acumulado en el costo de la energía superior a $80 millones que se traducirían en un incremento de la tarifa para los clientes de ENSA.
La central de generación de BLM está compuesta por dos plantas independientes (ciclo combinado y carbón) con siete unidades de generación, para una capacidad total de 280 megavatios. Actualmente es administrada por la empresa de capital colombiano Celsia, que es propietaria del 51% de las acciones, mientras que el 49% restante es del Estado. Consultado sobre el estatus de la planta, el gerente de la empresa, Diego Arbeladez, informó que desde 2014 se han venido realizando inversiones y adecuaciones importantes en la actual estructura operativa de BLM. “Durante 2018 la central BLM representó el 8% de la generación anual del país, según reportó el Centro Nacional de Despacho (CND)”, manifestó.
Orden ejecutiva
El 26 de diciembre de 2018, cinco días antes de que venciera el contrato y en medio de las fiestas de fin de año, el gabinete aprobó la resolución que ordenó al MEF realizar un acuerdo de socios, en proporción a su participación accionaria, de forma tal que en calidad de accionista clase B en representación del Estado efectúe un aporte de $19 millones y Celsia, S.A. como accionista clase A, haría un aporte de hasta $20 millones.
Tras la orden del gabinete, el MEF debía hacer las gestiones para ubicar los recursos para el cumplimiento de la capitalización de la empresa BLM. Sin embargo, se establece en la resolución que la transferencia millonaria del Estado solo se hará luego de que la ASEP, como ente regulador del sector, emita su aprobación. La reactivación sería por cinco años a partir de 2020.
Con esta capitalización de la empresa, BLM aumentaría el valor de las acciones sin la emisión de nuevas acciones de los socios, señala.
La inyección ayudaría financieramente a la empresa, participada por el Estado, y propiciaría una generación de energía necesaria para afrontar las épocas de sequía, según los argumentos del Ejecutivo.
Pero ante la respuesta de la ASEP, la solicitud de reactivación del contrato ha quedado en un suspenso.
Agentes del mercado
Tras la orden del gabinete, la Cámara Panameña de Generadores Hidroeléctricos rechazó la reactivación del contrato de BLM porque “se creará una situación nefasta en el mercado eléctrico con afectaciones de índole nacional e internacional, que seguramente empañará y dañará la credibilidad de la ASEP como ente independiente e imparcial”.
Este gremio, a través de una nota enviada a la ASEP y firmada por los representantes de 16 hidroeléctricas, resaltó que no se trata de reactivar un contrato existente, tal como se indica en la resolución, porque el contrato no se encuentra en suspenso, “sino que ha sido efectivamente terminado”.
Para este gremio lo que se pretende es asignar un contrato a un agente generador, a precios y condiciones onerosas. “Esto riñe con los principios de la Ley 6 de 23 de febrero de 1997 y concepto del mercado eléctrico en el cual los contratos no se asignan si no se adjudican mediante licitaciones, permitiendo la participación y competencia de otros agentes”, añade la nota.
$175 millones en emisión de bonos
BLM hizo una emisión de bonos en el mercado de valores por $175 millones en 2007, de los cuales unos vencen en 2020 y otros en 2022. El 7 de diciembre de 2018 pidió modificar términos y condiciones para una nueva fecha de vencimiento, el 10 de enero de 2025. Además, solicitó modificar el cronograma de amortización con el propósito de que este coincida con la nueva fecha de vencimiento propuesta para el pago de intereses de los bonos en la cuarta fecha de pago de 2019, es decir, el 10 de octubre de 2019. Debido a que estas modificaciones están en proceso, el emisor pidió una dispensa a los tenedores registrados para el no pago de intereses el 10 de enero de 2019.
