Proyecto del Ministerio de Comercio

Restituirán artículos mineros derogados

Con un anteproyecto de ley se pretende subsanar el vacío legal en la industria minera y restituir artículos correspondientes a multas, regalías, entre otros.

En unos 30 días se presentaría un anteproyecto de ley a la Asamblea Nacional que restituye los artículos eliminados del Código de Recursos Minerales.

Con la derogación de la polémica Ley 8, que modificaba la legislación minera de 1963, quedó un vacío legal en la industria, por lo que ahora el Gobierno hará un segundo intento por normar la actividad.

El anuncio de esta iniciativa lo hizo ayer el ministro de Comercio e Industrias, Ricardo Quijano, quien indicó de forma preliminar que el anteproyecto incluirá los montos de las regalías que deben pagar las empresas mineras.

También indicó, sin brindar mayores detalles, que serán considerados todos los artículos que fueron derogados tras lo fallidos cambios a la ley minera.

De esta forma también se deberían incluir los cánones, multas y fianzas que se les exigían a las empresas que se dedican a la actividad.

Las tasas establecidas en la Ley 8 era uno de los pocos puntos que había recibido el beneplácito de técnicos y ambientalistas, quienes decían que aunque era poco el dinero que se recaudaría en comparación con los posibles daños ambientales, el alza de los aportes al Estado era un avance.

Se proponía elevar a 5% la regalía por la extracción de oro y cobre, que estaba en 2%.

Los incrementos en las multas se estimaban como algo fundamental para contrarrestar la minería ilegal.

La sanción máxima pasaba de $500 a $10 mil por las exploraciones y extracciones que se hicieran sin contar con una concesión.

De igual manera, en la modificación, que finalmente fue derogada, se añadió un nuevo pago por fiscalización e inspección de concesiones mineras lo que se suponía le daría capital al Ministerio de Comercio para darle seguimiento al auge minero que se avecina.

Para Raisa Banfield, directora de la fundación Panamá Sostenible, estos controles son una “medida superficial y no van al meollo del asunto”.

A su juicio, el fondo del asunto es analizar la afectación que tendrán las comunidades cercanas a las explotaciones, las pérdidas del ecosistema, la compatibilidad de la actividad con otras industrias, y los costos que conllevan a que Panamá se convierta en un país minero.

Quijano, por su parte, asegura que su propuesta sería menos polémica que la ley derogada, que causó protestas de diversos sectores, principalmente indígenas, que se oponían a la extracción minera en sus territorios.

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