REVISIÓN ANUAL DE MOODY’S

Retos para mejorar calificación

Rebajar el déficit del Gobierno central, reforzar el marco legal fiscal y afrontar el problema de las pensiones, principales desafíos para el Ejecutivo.

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Según las proyecciones del Gobierno y de Moody’s, el Fondo de Ahorro de Panamá no recibirá recursos procedentes del Canal. Según las proyecciones del Gobierno y de Moody’s, el Fondo de Ahorro de Panamá no recibirá recursos procedentes del Canal.
Según las proyecciones del Gobierno y de Moody’s, el Fondo de Ahorro de Panamá no recibirá recursos procedentes del Canal. Archivo

La agencia de calificación de riesgo Moody’s identificó en su más reciente reporte sobre Panamá los tres desafíos que, a su juicio, debe afrontar el país para aspirar a una mejora en la calificación.

El pasado 29 de septiembre, la calificadora elevó de estable a positiva la perspectiva de la calificación de la deuda de Panamá, que se mantiene en el nivel Baa2, el segundo dentro de los niveles de grado de inversión.

El cambio en la perspectiva significa que en el próximo año o año y medio la agencia podría elevar la nota del país un escalón.

Pero para hacerlo, el Gobierno deberá corregir ciertas desviaciones.

Una eventual mejora en la calificación llegaría si se sigue demostrando disciplina fiscal a través del respeto a los límites establecidos en la ley fiscal y rebajando el déficit del Gobierno central, el que marca las necesidades de endeudamiento del país.

La segunda tarea que le pone Moody’s a Panamá es reforzar el marco fiscal incluyendo cambios en la regla fiscal que refuercen su rol como herramienta contracíclica y de control del gasto.

La agencia recuerda las distintas dispensas que entre 2009 y 2014 se introdujeron a la ley para modificar los límites de déficit. Se refiere también al cambio introducido en 2012, que estableció que si los aportes del Canal de Panamá al Estado no llegaban al 3.5% del producto interno bruto, el Gobierno podría elevar el déficit para compensar esa supuesta falta de ingreso.

Teniendo en cuenta que no se espera que los aportes del Canal al Estado lleguen a ese umbral del 3.5% del PIB ni a corto ni a mediano plazo, y que el Gobierno no ha mostrado intención de modificar la norma, la agencia considera que el techo efectivo de déficit para el sector público no financiero será un punto porcentual superior al 0.5% que establece la ley para los próximos años.

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Retos para mejorar calificación

Esto tendrá otra consecuencia: el Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) no recibirá recursos procedentes del Canal, precisamente el objetivo para el que fue creado. Sí recibirá, no obstante, los rendimientos generados por sus propias inversiones y los fondos que resulten de la venta de bienes en las áreas revertidas.

Dadas estas condiciones, Moody’s cree que el rol potencial del FAP como amortiguador fiscal será limitado, a menos que se cambie la Ley de Responsabilidad Social Fiscal para asegurar que las transferencias al FAP incrementan materialmente.

El tercer desafío que señala Moody’s desde el punto de vista macrofiscal no es menor: “Que las autoridades afronten de manera proactiva los pasivos contingentes relacionados con el sistema de seguridad social”.

El Ministerio de Economía y Finanzas y la Caja de Seguro Social han admitido que en la próxima década se acabarán las reservas para costear las pensiones de las personas que permanecen en el subsistema de beneficio definido, ya que desde 2007 este sistema solidario no recibe nuevos cotizantes.

Hasta el momento, no obstante, el Gobierno no ha abordado un problema que podría tener un impacto en las cuentas públicas, algo que no pasa inadvertido para la calificadora.

El cambio de perspectiva conocido en septiembre es la primera acción positiva sobre la calificación soberana de Panamá desde 2012, cuando se produjo el salto de Baa3 a Baa2, el mismo nivel que mantiene actualmente.

Moody’s señala que la perspectiva regresaría a estable si es insuficiente la consolidación fiscal en el Gobierno central o si el Gobierno no respeta los límites de déficit establecidos en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

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