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IMPORTANCIA DE LA ECONOMÍA INSTITUCIONAL

Retraso en sistema jurídico afecta desarrollo comercial

El Órgano Judicial no ha realizado una adecuada inversión de sus recursos para asegurar una eficiente y rápida provisión de justicia.

La epopeya del caso Financial Pacific ha generado un fuerte interés por parte de analistas jurídicos, ya que ejemplifica las severas deficiencias institucionales en los mecanismos judiciales del país.

La casa de valores fue sujeta en octubre a un proceso de reorganización por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), luego de que esta detectara irregularidades en la administración de la entidad financiera.

En respuesta, los directores de la casa de valores interpusieron un amparo de garantías constitucionales ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), alegando una violación al debido proceso.

El magistrado encargado del caso, Alejandro Moncada Luna, admitió el amparo presentado y posteriormente ordenó en un oficio judicial la suspensión del proceso de reorganización.

La SMV procedió a detener la reorganización, pero ha recurrido a suspender la licencia operativa de la entidad como medida preventiva hasta que la CSJ emita un fallo.

Luego de su presentación hace más de un mes, la CSJ no ha resuelto el amparo de garantías, un recurso que debe ser tramitado con prioridad.

Para muchos abogados y expertos, esta situación muestra las fallas institucionales de un órgano del Estado que debe jugar un rol más importante en el desarrollo del país.

La tardanza en la resolución del amparo ha causado una incertidumbre en el mercado de valores, lo cual motivó a la Cámara Panameña del Mercado de Capitales, que reúne a los entes financieros más importantes del país, a pronunciarse de forma contundente, solicitando a la CSJ fallar sobre el tema “de inmediato”.

El abogado Carlos Ernesto González Ramírez coincide con este juicio, indicando que “ha pasado mucho tiempo” y que una resolución pronta es necesaria, ya que se impide “el cumplimiento de una regulación” establecida por ley.

González Ramírez indica que este tipo de casos tienen una importancia “enorme”, ya que pueden generar una percepción de “inseguridad jurídica en cuanto a transacciones comerciales. Estos eventos se pueden constituir en barreras de entrada al mercado”.

La debilidad institucional del Órgano Judicial es un problema que se ha discutido ampliamente, pero que no ha recibido una respuesta definitiva por parte de varias administraciones que ha tenido el país.

Para González Ramírez, una de las expresiones de esta falta de apoyo institucional se ve en la escasa dotación de recursos que recibe la entidad.

En 2012, el Órgano Judicial, uno de los tres poderes del Estado, contó con 106.7 millones de dólares, un presupuesto inferior al de muchas de las dependencias del Ejecutivo.

De hecho, Moncada Luna, que preside la CSJ, tuvo que reunirse con el ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, para evitar un recorte presupuestario de 10.3% para 2013.

La utilización de estos recursos debe ser repartida entre varios proyectos de reparación de infraestructura, lo cual usualmente desvía la atención del fortalecimiento institucional.

Una visita a las oficinas del Órgano Judicial repartidas a lo largo del país refleja los anacronismos que causa esta falta de recursos, donde jueces deben fallar en despachos reconvertidos, algunos tribunales separados por mamparas. Secretarias judiciales toman dictado en computadoras antiguas y algunas todavía lo hacen en máquinas de escribir.

“Todavía se usa papel carbón, con eso te digo todo”, comenta el abogado Ramón Palacios.

La deficiencia económica también afecta la capacidad de ofrecer justicia de forma rápida y efectiva. Para 2007 existía un equipo de 118 jueces civiles de circuito, ya en ese entonces bajo fuertes presiones de trabajo, los cuales enfrentaron 15 mil 71 casos, dejando 7 mil 440 pendientes de resolución.

Para el período de 2012, el equipo de jueces civiles percibió un aumento hasta los 150, pero tuvo que enfrentar 19 mil 556 casos, dejando 11 mil 73 casos pendientes de resolver.

Palacios explica que la creciente mora judicial “tiene efectos negativos en la calidad de los fallos que emiten los jueces y genera más apelaciones que son más costosas para el sistema”. Esto se expresa en un círculo vicioso que tiene fuertes efectos en el país.

El exmagistrado de la CSJ, Adán Arnulfo Arjona, también identifica un problema de incentivos perversos. “Tienes a jueces de circuito, que ganan 2 mil 500 dólares al mes, decidiendo casos de millones de dólares en un sistema donde las presiones económicas influyen”, manifestó.

Además, Arjona indica, muchas veces los jueces no cuentan con la independencia institucional para poder tomar las decisiones necesarias. “La cúpula está demasiado contaminada por intereses políticos”.

De forma igual, la escasez de fondos genera una falta de inversión en capacitación institucional. “Hay jueces que tienen que resolver asuntos comerciales que no disponen de las herramientas cognoscitivas para resolver estos temas y pueden no tener las competencias para manejar temas bancarios y financieros”.

Esta falta de capacitación en temas importantes para la economía nacional genera una inseguridad por parte de comerciantes, que muchas veces prefieren pactar acuerdos de arbitraje, buscando alejarse del sistema judicial.

Arjona establece que esto no necesariamente implica un avance. “El arbitraje es justicia boutique, pero no resuelve el problema. Como todavía hay una respuesta tardía e ineficiente, muchos ven al sistema de justicia más como un obstáculo que como una solución”.

Para la exprocuradora Ana Matilde Gómez, todos estos elementos, incluyendo una falta de capacitación, una alta presión, un fuerte volumen de trabajo y bajos niveles de institucionalidad, afectan de forma importante a una entidad que debe dar respuesta rápida a los conflictos que surjan en el país.

“El estado emocional de estas personas se ve mermado cuando no se dan las condiciones laborales necesarias”, además de que un asistente de un ministro muchas veces pueden ganar más que un juez.

Aunque el órgano ha recibido aumentos progresivos en su mínimo presupuesto, la inversión que se realiza en el desarrollo institucional es comparativamente pequeña.

Durante 2012, el Órgano Judicial ha dedicado alrededor de 85% de su ejecución presupuestaria, unos 59.1 millones de dólares, a gastos de funcionamiento, mientras que sus inversiones ascienden hasta los 10.8 millones de dólares.

De estos, el presupuesto de transformación y desarrollo institucional ronda los 3.7 millones de dólares, mientras que el gasto en capacitación judicial ha sido de apenas 171 mil 539 dólares.

González Ramírez indica que la provisión de justicia rápida es importante y requiere de la dotación necesaria de recursos. “Hay que nombrar más jueces, cambiar los procesos, invertir en infraestructura y mejorar los salarios”.

Palacios está de acuerdo con esta idea. “Necesitas más personal que cuente con más herramientas”.

El exmagistrado Arjona agrega que también se deben tratar problemas que no son necesariamente económicos. “Hay una situación humana que no es fácil de abordar. Hay asimetrías en el sistema que se deben tratar, pero ciertamente hay un problema real de déficit de personal en conjunto con un problema de capacitación”.

Al preguntarle a Arjona por qué considera que este órgano del Estado no recibe los recursos que necesita para proveer a la población de justicia en la forma que la ley lo establece, el exmagistrado indica que “ha habido una miopía institucional. El problema práctico es que a la idea de mejorar la justicia no se le tiene fe. Hay que trabajar en la gente para que reúna el atributo de integridad”.

“Es un esfuerzo sobrehumano para cambiar la atmósfera de valores”, concluye.

Casos como el de Financial Pacific y otros revelan la necesidad de contar con una mayor institucionalidad en el sistema judicial, muchas veces ignorado, pero extremadamente relevante.

LA JUSTICIA EN CIFRAS

15,071

casos civiles activos ante jueces de circuito en 2007.

7,440

casos civiles pendientes al cierre de 2007.

19,556

casos civiles activos ante jueces de circuito en 2012.

11,073

casos civiles pendientes al cierre de 2012.

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