Minera canadiense

SAS reclama $370 millones

El procurador general dijo que el monto ‘es irrazonable, fantasioso, fuera de lugar, que Bolivia lo va a desvirtuar’.
En 2012, Evo Morales aceptó anular las concesiones de exploración minera otorgadas por su gobierno a South American Silver.EFE En 2012, Evo Morales aceptó anular las concesiones de exploración minera otorgadas por su gobierno a South American Silver.EFE
En 2012, Evo Morales aceptó anular las concesiones de exploración minera otorgadas por su gobierno a South American Silver.EFE

La minera canadiense South American Silver (SAS) le reclama al Estado boliviano 370 millones de dólares por el retiro en 2012 de su concesión para explotar un yacimiento en el norte de Potosí, publican medios locales.

“Ellos han presentado una demanda de 370 millones de dólares, un monto absurdamente irrazonable, fantasioso, fuera de lugar, que Bolivia lo va a desvirtuar”, señaló el procurador general del Estado, Héctor Arce, citado por el diario La Razón.

La SAS es la matriz de la compañía minera Mallku Khota, que hizo trabajos de exploración en la mina del mismo nombre y certificó la existencia de importantes reservas de plata e indio, pero cuya concesión fue anulada en 2012 por el presidente Evo Morales.

El Gobierno boliviano no reconoce la relación de dependencia entre la minera canadiense y Mallku Khota, y acusó a la empresa extranjera de haber usado ilegalmente el valor de ese yacimiento para incrementar sus acciones en bolsas de valores internacionales.

La mina, que se encuentra a 350 kilómetros al sur de La Paz, en la región de Potosí, era explotada desde 2007 y fue objeto de fuertes disputas entre indígenas y mineros antes de pasar a manos de la estatal Corporación Minera de Bolivia.

La empresa canadiense defendió en su momento que el yacimiento no tenía valor económico concreto antes de su exploración, pero que después de años de estudio sobre sus reservas de plata e indio se calcula que la mina estaba valorada en 2 mil millones de dólares.

SAS inició en 2013 un proceso de arbitraje bajo las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional en busca de una compensación. Arce señaló que es difícil llegar a un acuerdo con la firma porque, según dijo, el monto que demanda es elevado y tiene una actitud “extorsiva en contra del Estado”, según La Razón.

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