La transparencia financiera se refuerza

En el marco de una investigación internacional sobre una posible violación al mercado de valores, el regulador local tendrá potestad para solicitar información bancaria a la Superintendencia de Bancos y compartirla con sus pares extranjeros. VEA 45A
Marelissa Quintero, superintendente del Mercado de Valores, señaló que con las modificaciones legales Panamá aspira a mejorar su estatus ante la Organización Internacional de Comisiones de Valores. Marelissa Quintero, superintendente del Mercado de Valores, señaló que con las modificaciones legales Panamá aspira a mejorar su estatus ante la Organización Internacional de Comisiones de Valores.
Marelissa Quintero, superintendente del Mercado de Valores, señaló que con las modificaciones legales Panamá aspira a mejorar su estatus ante la Organización Internacional de Comisiones de Valores.

En el marco de una investigación internacional sobre una posible violación al mercado de valores, el regulador local tendrá potestad para solicitar información bancaria a la Superintendencia de Bancos y compartirla con sus pares extranjeros.

SMV podrá acceder a información bancaria

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) tendrá acceso a información bancaria y podrá compartirla con otros reguladores cuando se requiera en medio de una investigación internacional que afecte al mercado de valores.

Una modificación a la ley de valores introducida en la Ley 23 de 2015 sobre prevención de lavado de capitales da al superintendente facultad para “requerir de cualquier persona, natural o jurídica, la remisión de información o documentación necesaria para los propósitos de supervisión efectiva, investigación o con el objeto de compartirla con autoridades o entes extranjeros supervisores del mercado de valores”.

La información bancaria será solicitada a través de la Superintendencia de Bancos de Panamá, entidad con la cual la SMV debe firmar un memorando de entendimiento para estos efectos. “La Superintendencia de Bancos estará facultada para solicitar a las entidades bancarias información de pasivos e identidad de los depositantes”, señala la ley.

La superintendente del Mercado de Valores, Marelissa Quintero, señaló que en virtud de la ley se podrá seguir el rastro de una transacción irregular en el marco de una investigación en la que haya indicios de irregularidades y violaciones al mercado de valores.

Los reguladores extranjeros podrán por tanto solicitar asistencia a su par panameño. No obstante, aunque reciban la información, “tienen la obligación de mantenerla confidencial. No pueden compartirla con terceras personas”, apuntó Quintero.

Con esta medida Panamá aspira a mejorar su posición ante la Organización Internacional de Comisiones de Valores (Iosco), de la que Panamá es miembro.

El año pasado, el organismo dejó al país sin derecho de voto precisamente por no poder colaborar con otras jurisdicciones en las investigaciones de delitos financieros internacionales.

Para asegurar la adecuada y necesaria cooperación entre reguladores en el combate al fraude internacional, Iosco elaboró en 2002 un memorando de entendimiento multilateral (MMOU), explicó el excomisionado de valores Carlos Barsallo en un artículo anterior.

Como el regulador panameño no tenía acceso a la información bancaria, no estaba en disposición de firmar el memorando, situación que la actual administración espera que cambie.

“Estas modificaciones son las que nos van a permitir, ojalá sea así, firmar el MMOU con la Iosco... Eso se viene trabajando desde hace más de una década, sin embargo, no es hasta ahora que vemos la luz en el camino. Esperamos el visto bueno de la organización internacional”, señaló la superintendente.

Si se cumple el objetivo de la Superintendencia, Panamá firmaría el acuerdo y saldría de una lista que actualmente comparte con otros 18 territorios, entre los que se encuentran Zambia, Uzbekistán, Uganda, Filipinas, Argelia, Armenia, Barbados, Bolivia, Brunei, Chile, Costa Rica, Ecuador, Ghana, Honduras y Kazajastán.

Detalles del acuerdo de iosco

2002

Se adopta un memorando de entendimiento multilateral para asegurar la cooperación en la lucha contra el fraude.

105

Países han firmado el memorando.

18

Países están en el llamado apéndice B, de territorios que no pueden firmar.

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