lucha contra el lavado de activos

Tipificar evasión,clave para colaboración judicial internacional

Se acaban las sesiones ordinarias y no hay consenso entre gremios y gobierno sobre el proyecto de Ley 591.

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La ministra de Economía y Finanzas Eyda Varela de Chinchilla participó ayer en la III Conferencia Anual sobre Blanqueo de Capitales. La ministra de Economía y Finanzas Eyda Varela de Chinchilla participó ayer en la III Conferencia Anual sobre Blanqueo de Capitales.
La ministra de Economía y Finanzas Eyda Varela de Chinchilla participó ayer en la III Conferencia Anual sobre Blanqueo de Capitales. Roberto Cisneros.

La falta de tipificación de la evasión fiscal como delito limita la capacidad de Panamá de cooperar en investigaciones internacionales. Esta es una de las ideas que se plantearon ayer durante la Tercera Conferencia Anual de Prevención de Blanqueo de Capitales, celebrada en Panamá.

Luego de efectuar una evaluación sobre la efectividad en la prevención del blanqueo de capitales de Panamá, el Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) instó al país a elevar la evasión a la categoría de delito y, además, incluirlo entre los delitos precedentes del blanqueo de capitales.

“Los delitos fiscales no se penalizan como delito precedente de lavado de dinero, lo que afecta significativamente las posibilidades de prevención e investigación de delitos de lavado de dinero e impide una adecuada cooperación en las solicitudes recibidas desde el extranjero, ya que no existe un delito precedente vinculado a la evasión fiscal”, se puede leer en la evaluación sobre Panamá.

El pasado mes de enero, el Ministerio de Economía y Finanzas presentó un proyecto de ley para llevar a la esfera del Código Penal la evasión.

Luego de un intento de iniciar el primer debate en abril, el proyecto no fue discutido en la Asamblea hasta este mes de octubre. Aunque ha habido avance en muchos aspectos y la mayor parte de los interesados se han manifestado a favor de aprobar el proyecto de ley, hay todavía varios puntos de disenso, y apenas faltan tres días para que culmine el actual periodo legislativo.

“Para llegar a deberle al fisco $300 mil, la persona tiene que recibir ingresos por $1 millón al año y no haber pagado nada de impuestos. El universo es muy pequeño”.

Raúl Gasteazoro Secretario técnico de la CNBC.

Las principales diferencias están vinculadas a la parte del proyecto de ley que considera la evasión fiscal como un delito precedente del blanqueo de capitales.

La reforma propuesta por el Gobierno consiste en añadir la evasión a una serie de delitos que ya se consideran precedentes de lavado. En todos los casos la pena es de 5 a 12 años de prisión y puede acarrear detención preventiva.

La Asociación Bancaria de Panamá y otros gremios han solicitado que el delito de blanqueo cuando los fondos provienen de evasión fiscal tenga una pena de hasta cuatro años. Así se eliminaría la posibilidad de que la persona investigada sea detenida de manera preventiva.

La ministra de Economía, Eyda Varela de Chinchilla, dijo ayer en el marco de la conferencia sobre blanqueo que “debemos tener un régimen penal lo suficientemente fuerte” y rechazó que se le dé a la evasión un tratamiento distinto que al resto de delitos precedentes. “Eso no demuestra seriedad. No podemos elevarlo a delito y poner unas condiciones que hagan imposible la labor del Ministerio Público de persecución del mismo”, apuntó.

La ministra recordó que no siempre la evasión fiscal deriva en blanqueo de capitales. Esto sucede cuando los fondos son introducidos en el sistema financiero, algo que tiene que ser probado por el fiscal.

El umbral de $300,000

La Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá solicitó que se eleve de $300 mil a $500 mil el monto a partir del cual la evasión se considerará delito. El Gobierno, en cambio, mantiene la posición de no modificar el umbral de $300 mil.

Raúl Gasteazoro, secretario técnico de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC), explicó que “para llegar a deberle al fisco $300 mil, la persona tiene que recibir ingresos por $1 millón al año y, suponiendo que tiene una carga fiscal del 30%, no debe haber pagado nada de impuestos. El universo es muy pequeño en Panamá. Las personas jurídicas puede que sean más, pero las personas naturales son muy limitadas”.

Las peticiones de los gremios buscan introducir ciertos elementos de salvaguarda para evitar el uso de la ley como herramienta de persecución política. Advierten que si esta ley hubiese estado vigente en la pasada administración, más de un empresario habría sido detenido preventivamente.

Al respecto, Gasteazoro señaló que “nadie va a ir a la cárcel a no ser que tenga ingresos por más de $1 millón, haya tomado esfuerzos concretos y se pueda probar en una corte de ley que ha delinquido”.

Defendió, además, que “en Panamá estamos fortaleciendo la institucionalidad y la transparencia, y esto es algo que debe continuar en gobiernos futuros”.

¿A extraordinarias?

Panamá debe presentar al grupo latinoamericano del GAFI los avances antes de que termine este año, y las sesiones ordinarias terminan el 31 de octubre.

La ministra Varela de Chinchilla dijo que “quedan los días necesarios para darle los tres debates y ya ha habido suficiente discusión del tema, pero si no se aprueba hemos pedido al presidente que lo incluya entre los temas para las sesiones extraordinarias”.

Si el año culmina y Panamá no ha aprobado el proyecto, el país se expone a ser incluido nuevamente en la lista gris del GAFI, que identifica a jurisdicciones con debilidades en la lucha contra el blanqueo de capitales. Esto tendría un efecto negativo para la reputación del país y complicaría las relaciones de los bancos panameños con los corresponsales de Estados Unidos, necesarios para mantener las operaciones del sistema financiero panameño.

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