EL PAÍS NECESITA UN PROGRAMA DE POLÍTICAS PÚBLICAS FINANCIERAS A LARGO PLAZO

Trazando nuestro progreso

Recientes debates sobre el sector de servicios internacionales han puesto en foco la necesidad de contar con una estrategia a largo plazo para su desarrollo óptimo.
EVOLUCIÓN. Mientras el país se encamina a un protagonismo financiero en la región desde su orígenes comerciales de colonia, expertos consideran que resulta imperativo contar con un plan para responder de forma inteligente a presiones internacionales. EVOLUCIÓN. Mientras el país se encamina a un protagonismo financiero en la región desde su orígenes comerciales de colonia, expertos consideran que resulta imperativo contar con un plan para responder de forma inteligente a presiones internacionales.
EVOLUCIÓN. Mientras el país se encamina a un protagonismo financiero en la región desde su orígenes comerciales de colonia, expertos consideran que resulta imperativo contar con un plan para responder de forma inteligente a presiones internacionales.

El reciente debate sobre la eliminación de las acciones al portador ha dejado claro que aunque existe una visión general de Panamá como un centro regional logístico y de servicios financieros, no se ha desarrollado de forma explícita una planificación general sobre políticas públicas para facilitar el trayecto hacia esta meta.

Panamá es un país relativamente joven en el ámbito mundial. La mayoría de las instituciones en el país datan de las últimas décadas del siglo XX, por más que su historia se remonte a los inicios de la vida republicana.

Por lo tanto, la vida política del país todavía se ve involucrada en debates sobre solidez institucional, eficiencia y los embates de la corrupción, mientras que el país toma rumbo hacia el desarrollo.

En comparación, países más desarrollados, como aquellos que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, enfrentan problemas muy diferentes al haber alcanzado un importante desempeño institucional.

Debido a las políticas sociales que estos países desarrollados han implementado para enfrentar problemas de pobreza estructural, la carga tributaria sobre sus ciudadanos ha aumentado de forma considerable.

Esto precipita una salida importante de capital, fondos e inversión monetaria a países emergentes como Panamá, que prometen menores tasas impositivas y mayores rendimientos.

Las autoridades de estos países financieramente avanzados argumentan que estos fondos en exilio fueron acumulados bajo sus marcos institucionales y están sujetos a una responsabilidad fiscal con sus gobiernos.

Panamá, que es un destino relevante para esas inversiones y capitales debe responder a peticiones por parte de países desarrollados con miras a modificar las normas internas del país.

Por ende, es probable terminar aplicando leyes y regulaciones que si bien favorecen la repatriación y fiscalización del capital de naciones desarrolladas, pueden entorpecer el desarrollo natural del mercado doméstico y legítimo.

Por ejemplo, ¿sería Estados Unidos la potencia financiera y económica que es hoy si durante sus primeros años de vida republicana, la comunidad internacional le hubiera presionado para aceptar las normativas que se presentan ante Panamá hoy en día?

Por esta situación histórica, expertos financieros de la plaza consideran que cada día se vuelve más relevante contar con una formulación explícita de una política nacional financiera a largo plazo. Esta sería producto de un consenso entre las varias industrias que componen el sector nacional de servicios.

De esta forma, Panamá contaría con una hoja de ruta que serviría un doble propósito. Por un lado, permitiría aceptar las normativas financieras internacionales que apoyarían con la edificación de instituciones más transparentes. Por el otro lado, limitaría la intromisión de organismos internacionales en la elaboración de leyes domésticas que puedan afectar la competitividad del centro financiero.

Para el banquero Rolando de León de Alba resulta importante “trazar una hoja de ruta o quizás un white paper que deje plasmado el rumbo al que debemos llevar nuestro proceso evolutivo financiero sin tener que adoptar políticas reactivas”.

Este rumbo debe ser producto de “un diagnóstico histórico y económico”, el cual establezca claramente “las metas que se pretenden alcanzar para convertirnos en un centro financiero competitivo de primer mundo”.

De esta forma, la necesidad de modificar nuestras regulaciones internas “va a responder a las mejores prácticas que se adopten a nivel internacional” y no a las eventuales presiones de organismos internacionales.

De León también considera que ya existen instituciones que pueden desarrollar este tipo de esfuerzos, por ejemplo, “el Consejo de Coordinación Financiera, que agrupa a los tres principales reguladores del mercado junto con el MEF”.

Si se logra adoptar una postura pública a largo plazo para manejar estas presiones, nuestra respuesta, según el banquero, “estaría más que consensuada”.

El abogado y exembajador en Washington Jaime Alemán, considera que la idea es acertada y que se debe elaborar una política “destinada para promover y defender los servicios financieros internacionales que presta Panamá a la comunidad internacional”, que sea “continua y sostenible”.

Una postura consensuada sería “ejecutada por todos los gobiernos de turno, ya que responde a un gran acuerdo nacional”.

Para que esto sea posible, resulta necesario “adoptar las normas legales que sean necesarias a fin de hacer viable y eficaz ese acuerdo nacional y crearse las instituciones que ejecutarán las políticas que se adopten”.

Una propuesta de Alemán en cuanto a un modelo a emular es aquel de las Islas Vírgenes Británicas, donde la Comisión de Servicios Financieros “ha sabido establecer las pautas necesarias para mantener al país a la vanguardia”.

Tal entidad tendría la labor de detectar a tiempo “todas las presiones internacionales que se puedan dar sobre los temas sensibles para la economía nacional”, en miras de “prever y prevenir cualquier amenaza que pueda existir en ese sentido”.

Alemán concluye que la clave es “darle continuidad al tema”, además de “contar con gente capaz a cargo de la institución, quienes deben continuar en sus puestos independientemente de que haya un cambio de gobierno, para evitar que los temas se manejen políticamente”.

Para el abogado Adolfo Linares, la protección del sector de servicios internacionales “no implica que no debamos cooperar en la prevención del lavado de dinero y en el intercambio de información tributaria”.

Linares hace hincapié en que “el equivocado estigma de paraíso fiscal sigue persiguiéndonos y esto se debe, en gran medida, a que los gobiernos no han querido, no han podido o no han sabido defender la reputación e integridad del país”.

Según este abogado, “el correr a aprobar leyes por órdenes, bajo amenaza de listas negras” no es una forma efectiva de administrar las necesidades de este sector.

Para que un plan a largo plazo, basado en el “desarrollo y defensa de [nuestro] centro financiero” sea posible, es necesario contar con “funcionarios que tengan el conocimiento y la entereza de hacerlo”.

Con estos elementos, los expertos consideran que sería posible desarrollar una estrategia nacional explícita que permita responder de forma concreta y adecuada al cambiante mundo financiero internacional sin sacrificar los intereses domésticos de los panameños.

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