LA NECESIDAD DE UNA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA A LARGO PLAZO

Trazando el rumbo del país

Expertos de la plaza indican que no existe un plan institucional para el desarrollo a largo plazo del país, lo cual debería ser una prioridad importante para el gobierno.

Durante su discurso anual ante la Asamblea Nacional, el presidente Ricardo Martinelli opinó de forma sentenciosa que “todos queremos lo mismo”.

El Presidente hacía referencia a la implementación del programa de políticas públicas de su partido, enfocadas hacia la búsqueda de mejores niveles de infraestructura, salud y educación para la ciudadanía.

En perspectiva, un análisis histórico, que concuerda con la opinión de varios expertos locales, indica que el país no tiene una visión clara de sus objetivos a largo plazo, ni posee un método definido para lograr sus metas.

La realidad de la visión país en panamá

El abogado Roberto Troncoso, quien hoy ocupa la presidencia de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), reconoce que existe un serio problema en cuanto al desarrollo de políticas públicas a largo plazo.

“Al cambiar los gobiernos [en Panamá], se ignoran políticas previas que nunca aterrizan. Quedan bibliotecas enteras de estudios sin utilizar”, comenta.

Troncoso sugiere que la correlación entre cambios de gobierno y cambios en la dirección del país proviene de incentivos negativos dentro del proceso electoral, lo cual produce un debilitamiento en la institucionalidad nacional.

“Existe una conveniencia a corto plazo de modificar las políticas públicas del país y los partidos adecúan su desarrollo en relación a estos términos”, explica.

Troncoso agrega que existe además un “protagonismo perverso” en la política que acaba con la posibilidad de reformas a largo plazo.

Para el presidente de Apede, este vaivén de políticas tiene un efecto erosivo en los fundamentos de desarrollo.

Según Troncoso, los cambios constantes en las reglas de juego a largo plazo disminuyen los incentivos necesarios para la inversión privada, lo cual lleva a un deterioro económico.

El empresario Roberto Motta Alvarado concuerda con esta evaluación, explicando que “no se tienen conceptos claramente definidos” sobre el rumbo que debe seguir la nación.

“Falta una razón de ser que una a los panameños hacia un futuro próspero y justo”, argumenta. “Panamá tiene que enrumbarse con una dirección clara”.

Motta indica que existen proyectos que buscan desarrollar políticas sostenibles, pero que no reciben atención estatal. “La Concertación Nacional es una excelente iniciativa que busca conversar y unificar opiniones. El problema es que no se les para bola”, indicó.

De forma relacionada, Roberto Brenes, gerente general de la Bolsa de Valores de Panamá, opina que la falta de institucionalidad y de políticas públicas estables puede tener efectos negativos para el bienestar nacional.

“Las reglas se cambian constantemente. Cada gobierno ha hecho por lo menos una reforma fiscal y al final de cuentas, termina pagando el más pobre”.

La situación institucional deteriorada con el factor adicional de fuentes de ingresos para el Estado separadas de los contribuyentes, es la causa, para Brenes, de una “desconexión importante entre el bienestar del Estado y el bienestar del ciudadano”, lo cual se traduce en incentivos para que no se desarrollen políticas a largo plazo.

Precedente en la región

La posibilidad de definir una estrategia de país no es una fantasía y existe un claro ejemplo de este proceso en el vecindario regional.

En el año 2000, el economista y ahora ministro de Hacienda de Chile, Felipe Larraín Bascuñán, desarrolló un estudio junto al también economista Jeffrey Sachs de la Universidad de Harvard.

El documento, titulado Un Análisis Estructural del Crecimiento a Largo Plazo de Chile , investigó las causas de la expansión económica chilena y estableció una serie de recomendaciones para el futuro desarrollo de la nación.

Entre ellas, los economistas sugieren diversificar la economía chilena para que incluya nuevos elementos clave adicionales a su producción de cobre.

También apoyan la provisión de ayuda institucional a industrias incipientes de manufactura y servicios, fortalecida por una política de flexibilización laboral.

Finalmente, sugieren que Chile aproveche los nuevos desarrollos en materia de tecnología de información para apuntalar un mejor avance en los sectores de educación e investigación científica, áreas débiles para el país del sur.

Todos estos elementos han sido parte de las políticas chilenas por la última década y la expectativa de la comunidad internacional es que rindan fruto durante los próximos 10 años.

El presidente Sebastián Piñera explicó en un discurso el año pasado que “Chile se ha propuesto una meta [...] ser el primer país, ojalá no el único, de América Latina que logre conquistar el desarrollo y derrotar la pobreza antes que termine esta década”.

Larraín es más optimista y establece que de no ser por un deterioro importante de la situación en Europa, Chile podría alcanzar el nivel de desarrollo para 2018.

Los números indican que es posible. Según datos del Fondo Monetario Internacional, Chile podría superar los 20 mil dólares de producto interno bruto per cápita para 2015.

Esta estrategia llegó a su consolidación final en una agenda del gobierno de Piñera titulada Chile País Desarrollado. El texto de la agenda incluye muchas de las recomendaciones de políticas públicas hechas por Larraín y Sachs en 2000.

Un ideario para Panamá

Para Roberto Troncoso, el inicio de una recuperación institucional a largo plazo depende de “discutir el Panamá que queremos”. Esta discusión lleva al diseño de una estrategia que “una vez aprobada, se respete”.

Agrega que se necesita retomar las ideas contenidas en el Pacto por la Justicia para recuperar la independencia de los órganos del Estado y permitir el desarrollo de Panamá hacia una democracia participativa.

Por su parte, Roberto Motta Alvarado sugiere enfocarse también en el sector de educación, diseñando un plan estratégico forjado en el consenso que trascienda los gobiernos y que lo separe de reformas constantes.

Motta se ve receptivo a la idea avanzada por el inversionista Stanley Motta, quien sugirió la creación de una Autoridad de Educación separada del organigrama del Ejecutivo, que pueda desarrollar políticas a largo plazo sin temor de interferencia política.

El empresario también recalcó la importancia de “nombrar personas idóneas y honestas que ejerzan sus cargos con probidad y sin influencia política”.

En la opinión de Roberto Brenes, uno de los elementos claves que debe ser sujeto a una discusión son las barreras de acceso al poder, las cuales dificultan la entrada de nuevos actores políticos y nuevas ideas y generan oligopolios de poder.

Brenes también indica que se debe discutir la provisión de justicia a los ciudadanos de escasos recursos, que muchas veces no tienen acceso a mecanismos eficientes de resolución de conflictos.

Cabe destacar aquí la conclusión del estudio de Larraín y Sachs. Su reporte termina con esta admonición: “Todo esto será un esfuerzo largo. El progreso será gradual, pero vale la pena realizar la inversión ahora”.

RETOS INSTITUCIONALES DEL PAÍS

132

posición de Panamá, de 144 países, en cuanto a independencia judicial, según el ´Reporte de Competitividad Global´ de 2012/2013.

103

posición de Panamá en cuanto a favoritismo en decisiones de oficiales gubernamentales.

101

posición de Panamá en cuanto a confianza por el público en políticos.

99

posición de Panamá en cuanto a disponibilidad de ingenieros y científicos.

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