CALZADA DE AMADOR

UABR demolerá cinco edificios en Amador

El Estado concesionará los terrenos para la construcción de un hotel, una zona comercial y un complejo para presentaciones.

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UABR demolerá cinco edificios en Amador

La Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR) sometió a licitación la demolición de cinco edificios que fueron expropiados en 2009 al empresario Jean Figali por una morosidad de $29 millones que mantenía con el Estado.

El acto público está detenido tras un reclamo interpuesto por una de las siete empresas interesadas.

Luis Felipe Icaza, secretario de la UABR, comentó que en la primera fase se demolerán los edificios que están detrás del centro de convenciones. (ver gráfica)

El funcionario espera que antes de que finalice el año culmine la demolición para darle una mejor vista al nuevo anfiteatro que se construye en Amador, a un costo de $193.7 millones y que debe estar operativo en las primeras semanas de 2019.

Icaza señaló que el plan es demoler todas las propiedades que pertenecían a Figali, incluyendo el centro de convenciones. Estos bienes fueron expropiados al empresario, quien firmó un acuerdo en 2011 con el Ministerio de Economía y Finanzas. “Una vez esté operando el nuevo complejo, se procederá a demoler la vieja estructura”, manifestó.

La visión de la entidad es que en esta zona se construya un hotel, zonas comerciales y una arena para eventos. “El centro de convenciones Amador (antiguo Figali Convention Center), no reúne las especificaciones para albergar reuniones”, expresó el funcionario.

En 2009, el Ministerio de Economía y Finanzas, ordenó el secuestro de los bienes de Figali por una morosidad que superaba los $29 millones, deuda que se acumuló por años ante la negativa de honrar sus cuentas.

De la totalidad adeudada, $20 millones debían ir a las arcas de la UABR en concepto de arrendamiento; $8 millones a un fideicomiso que mantenía el Grupo Figali con la Caja de Ahorros y el millón de dólares restante correspondía a facturas pendientes con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales y con la Autoridad Nacional del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente.

Desde entonces, el centro de convenciones ha sido administrado por la Autoridad de Turismo de Panamá, (ATP). Gustavo Him, administrador de la entidad, ha señalado que no es factible tener dos centros de convenciones operando en una misma zona.

Reclamo

La UABR fijó en $2 millones el costo de la demolición de cinco edificios que fueron expropiados a Figali hace nueve años. El día de entrega de propuestas asistieron siete empresas: Atlantic Proyect, S.A. (un millón 347 mil dólares); Construcciones y Remodelaciones Eurox, S.A. (un millón 487 mil dólares); Grupo Polo, S.A. (un millón 712 mil dólares); Constructora Hércules, S.A. (un millón 801 mil 880 dólares); Thelmar Panamá (un millón 866 mil 875 dólares); Constructora Urbana (un millón 881 mil 60 dólares) y Sanmac Group (un millón 888 mil 888 dólares).

De acuerdo con el pliego de condiciones, la comisión evaluadora revisaría las propuestas más económicas hasta encontrar una que cumpla con todos los requisitos exigidos en el documento. Bajo este criterio, la comisión determinó que, pese a tener el precio más bajo, la oferta de Atlantic Proyect no cumplía con todos los puntos, por lo cual se procedió a revisar la documentación presentada por Construcciones y Remodelaciones Eurox, S.A., determinando que la empresa estaba en regla con todos los requisitos.

Al publicarse el informe de la comisión evaluadora que dejaba como virtual vencedora a Construcciones y Remodelaciones Eurox, S.A., los representantes de Constructora Hércules, S.A. presentaron un reclamo ante el Tribunal Administrativa de Contrataciones Públicas para que se realizara una nueva evaluación de todas las propuestas, siendo ellos los que presentaron el tercer precio más bajo.

Constructora Hércules, S.A. alega que fueron los únicos que entregaron un estudio de impacto ambiental, tal como lo exigía el pliego de condiciones, y que por ende la propuesta de Construcciones y Remodelaciones Eurox, S.A. también debe ser rechazada. Por el momento, el Tribunal Administrativo ordenó la suspensión del acto público y deberá decidir si los argumentos del reclamante son válidos y ordena una nueva evaluación.

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