VALOR RAZONABLE

VALOR RAZONABLE: ¿Son efectivos los códigos de ética en Panamá?

carlos barsallo*

OPINIÓN.

Los escándalos de corrupción públicos y privados de los que se dan cuenta en los medios casi que a diario en Panamá tienen un elemento en común: en todos, sin excepción, ha participado, en alguna etapa, un abogado y un contador público, ya sea organizando el vehículo jurídico (sociedad, contrato), llevando los números, etc. Sin estos profesionales, el esquema no se hubiese podido planear ni ejecutar.

Algunos pocos casos se ventilan en la esfera judicial, en donde precisamente también abogados, en rol de fiscales y jueces, y contadores, en rol de peritos, juegan un papel fundamental y positivo en la persecución del delito. No obstante, no se conocen ni manejan estadísticas de los casos en la esfera de control de cumplimiento de los respectivos códigos de ética profesionales. La cantidad de abogados y contadores en Panamá es de aproximadamente 20 mil profesionales en cada rama. Los primeros reciben su idoneidad de la Sala IV de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, los segundos de la Junta Técnica de Contabilidad del Ministerio de Comercio e Industrias.

La Sala IV mantiene disponible en la página web de la Corte estadística sobre casos de violación a la ética profesional del abogado de la cual destacamos: 13 casos resueltos en 2009, 23 en 2010 y 57 en 2011.

La Junta Técnica de Contabilidad no divulga sus estadísticas de la misma manera. A solicitud de la parte interesada, ha indicado que en los años 2012, 2013, 2014 se han dado solo dos sanciones a contadores públicos por violaciones al Código de Ética.

Esta curiosa situación y las bajas estadísticas nos deben llevar a analizar en Panamá los fenómenos que han sido ampliamente estudiados en la academia, y que son la autorregulación y el conflicto de intereses.

La autorregulación es la capacidad de dictarse normas de obligatorio cumplimiento y de vigilar, el propio interesado, que las mismas se cumplan por medio de la sanción en caso de violación.

La primera etapa, dictar la norma, se cumple con relativa facilidad. Las profesiones se dictan, o hacen que se dicten, sus códigos de ética. Aquí, si no se atiende el tema del sesgo motivacional, que es la tendencia humana a considerar normas éticas más severas para terceros que para uno mismo, se observa que las normas no son lo suficientemente rigurosas.

La segunda etapa es la de sancionar efectivamente el incumplimiento. Ya hemos presentado las estadísticas que reflejan claramente el problema que permite decir que esto no se da adecuadamente en Panamá.

Lo anterior sucede por el imperante conflicto de intereses. ¿Posibles soluciones? Minimizar, o idealmente eliminar, el conflicto de intereses. ¿Cómo? Que las normas sean generadas realmente por fuentes verdaderamente independientes, evitando el sesgo motivacional, y que los procesos éticos sean investigados y juzgados por terceros independientes y objetivos, es decir, personas con total desapego o interés en los resultados de los casos.

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