VENTANA FISCAL

Ventana fiscal: La quiebra y sus efectos

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Ventana fiscal: La quiebra y sus efectos

Osvaldo Lau C.

OPINIÓN

La quiebra comercial de cualquier persona natural o jurídica por sí sola es un dolor de cabeza para los quebrados y para otros muchos más, pero además es un tema de estudio muy controversial por sus implicaciones legales, personales y comerciales, y que generalmente permanece ignorada.

La quiebra como tal es el incumplimiento de pago de obligaciones líquidas y exigibles que tengan su origen en actos de comercio.

La declaración de quiebra podrá ser solicitada por el mismo deudor o de su representante legal, por un acreedor legítimo cuando su crédito provenga de actos de comercio y que sea líquido y exigible, o por el Ministerio Público cuando el deudor se encuentre en fuga o que se oculte para evitar el cumplimiento de sus obligaciones comerciales.

Dicha declaración deberá ser hecha por el Juez del Circuito que corresponde al domicilio comercial del deudor.

En caso de no existir domicilio comercial, le corresponde al juez del circuito de la residencia personal del deudor y ante la existencia de varios establecimientos en distintos circuitos el caso será competencia de los tribunales de cada domicilio.

La quiebra, por las causas y solicitudes antes señaladas, podrá declararse aún después del fallecimiento del deudor y alcanza a la sucesión cuando esta incurra en el incumplimiento o pago de sus obligaciones comerciales, siempre que la demanda de quiebra se haga antes de la adjudicación de la masa hereditaria, pues de lo contrario será improcedente.

En el caso de deudas hipotecarias o prendarias, el acreedor solamente podrá hacer uso de la declaratoria de quiebra cuando pruebe que el valor de los bienes gravados (dados en garantía) es insuficiente para recuperar sus créditos.

Cuando el deudor no cumpla con el pago de una obligación mercantil, queda obligado a presentar dentro de los dos días siguientes al vencimiento de la deuda y ante el juez competente una declaración del hecho con el fin de que se declare la quiebra.

En caso de ser una persona jurídica, esta obligación se corre a los socios gerentes, a los administradores, directores o liquidadores.

Uno de los efectos de la quiebra es que el quebrado no podrá ausentarse de su domicilio sin previa autorización del juez a cargo del caso y deberá presentarse ante el juez o ante cualquier otra autoridad que intervenga en la quiebra o en el juicio penal, salvo que existiesen motivos bien fundados que lo impidan, sujetos a la consideración del juez.

Además, el quebrado “estará privado del ejercicio de los derechos inherentes a la ciudadanía con la Constitución de la República y sujeto a las restricciones establecidas por la legislación fiscal”.

Declarada la quiebra, el juez podrá ordenar el arresto del quebrado en caso de que este incumpla las obligaciones que le impone el Código de Comercio o estorbe, oculte, disimule la existencia de bienes o se niegue a dar los datos del inventario de bienes, si recibe el pago de cualquier crédito, sustraiga documentos, desvíe la correspondencia que deba ser entregada al juez, realice actos contra los intereses de la masa o cualquier acto de responsabilidad penal.

Además, ante indicios de responsabilidad penal, y ante el posible delito de quiebra culpable o fraudulenta, el juez deberá promover causa criminal contra el quebrado y sus cómplices (si los hubiere).

Las penas, sean por quiebras culpables o fraudulentas, se aplican a los gerentes, administradores, directores o liquidadores de las sociedades que hayan sido declaradas en quiebra, cuando “personalmente hubieren ejecutado los hechos que según la ley constituyen el delito” (artículo 1561 del Código de Comercio).

CÁPSULA FISCAL – quedan pendientes las consecuencias tributarias, pues las quiebras por el no pago de deudas comerciales afectan dos veces los intereses fiscales: i) cuando en su momento fueron consideradas como costos o gastos por el deudor, y ii) cuando al final el acreedor cargará a cuentas incobrables el monto que no pueda recuperar.

Termino pidiendo disculpas por el error del artículo anterior “EL NEGOCIO DE LAS DENUNCIAS” en donde en su cuarto párrafo se hizo mención a la Ley 31 de 2014, siendo de 2009. Gracias.

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