Debate de proyecto que penaliza la evasión

Votación de ley fiscal debe esperar una semana

El sector bancario observa los riesgos de no aprobar la penalización de la evasión fiscal. El Banco Nacional de Panamá advierte sobre el costo financiero que esto provocaría, mientras los diputados no muestran interés en el tema, con una inasistencia que sigue posponiendo el debate.

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Ante un pleno casi vacío en la tarde ayer, el MEF hizo un llamado a apoyar la adopción de forma expedita de una ley que criminalice la evasión fiscal efectiva. Roberto González Jiménez - Ante un pleno casi vacío en la tarde ayer, el MEF hizo un llamado a apoyar la adopción de forma expedita de una ley que criminalice la evasión fiscal efectiva. Roberto González Jiménez -
Ante un pleno casi vacío en la tarde ayer, el MEF hizo un llamado a apoyar la adopción de forma expedita de una ley que criminalice la evasión fiscal efectiva. Roberto González Jiménez -

La votación en segundo debate del proyecto de ley 591, que eleva al Código Penal la defraudación fiscal, tendrá que esperar a la próxima semana.

Ayer, en una larga jornada de debate que se extendió desde las 10:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, se agotaron las dos rondas de intervenciones de los diputados y las partes habían alcanzado cierto nivel de acuerdo sobre el contenido del proyecto, pero la iniciativa no fue votada por falta de cuórum.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego, señaló que “teníamos 32 votos y para votar el proyecto requerimos 36. Decretamos un receso y el lunes volveremos con la votación”.

Buena parte de las curules vacías correspondían a diputados del oficialista Partido Panameñista, algo que fue recriminado por el opositor Leandro Ávila, diputado del Partido Revolucionario Democrático. “Lo primero que hace un equipo de gobierno es llamar a sus diputados y alinearlos en el proyecto que les interesa, no descansar en la oposición”.

Aunque las posiciones se han acercado sustancialmente en las últimas jornadas, todavía hay puntos de disenso entre las partes.

Diputados del PRD solicitaron que la ley entrara en vigor el 1 de julio, con el argumento de evitar una supuesta persecución política durante la campaña electoral.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por el contrario, quiere que la ley entre en vigor de manera inmediata.

En la noche de ayer, una vez concluido el debate, el MEF emitió un comunicado haciendo un llamado a “apoyar la adopción de forma expedita de una ley que criminalice la evasión fiscal efectiva, que cumpla con los estándares internacionales y con la finalidad con la cual ha sido formulada”.

El MEF calificó como “inconsistente” el argumento de persecución política en un periodo de transición de gobierno. No hubo pronunciamiento sobre la escasa presencia de diputados oficialistas en el pleno.

El proyecto de ley, además de penalizar la defraudación fiscal, la incorpora a la lista de delitos precedentes del lavado de dinero. Por ambos delitos, el de evasión y el de lavado, se incluyen en el proyecto de ley penas de entre dos y cuatro años, pero solo para aquellos que defrauden de manera intencional por más de $300 mil en un año.

Si la evasión es por menos de ese monto, el caso será visto en la esfera administrativa.

La ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, dijo que actualmente existe la posibilidad de penas de prisión en el Código Fiscal, así que el proyecto de ley estaría limitando ese castigo para los que defrauden más de $300 mil, lo que corresponde a ingresos superiores al millón de dólares. “Esta condición hace que no aplique a la mayoría de los panameños”, apuntó el MEF.

El Gobierno insistió en la posibilidad real de que el país caiga nuevamente en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) si no se aprueba el proyecto de ley.

Ingresar en la lista supondría ser catalogado como país de riesgo para el blanqueo de capitales y los bancos corresponsales internacionales hacen una diligencia debida ampliada en las relaciones con bancos panameños.

Esta situación provocó que entre 2014 y 2016, cuando Panamá estuvo en la lista gris del GAFI, el país perdiera 74 relaciones de corresponsalía, necesarias para que los bancos panameños mantengan sus operaciones y tengan acceso a fondos del exterior.

Limitar las líneas de corresponsalía restringe el acceso de bancos a fondos, lo que se traduciría en un mayor costo de los fondos para el panameño, explicó ante el pleno el gerente general del Banco Nacional de Panamá, Rolando de León. “Nuestro país, que es de servicios, se vería muy afectado”, apuntó.

La diputada independiente y exprocuradora Ana Matilde Gómez señaló que tener leyes penales homologados con otros países garantizará que exista cooperación para perseguir a los criminales. “Si los países no tienen delitos iguales y comparables, no pueden prestarse asistencia legal mutua”.

Recordó que otros centros financieros internacionales, como Hong Kong, Nueva York, Singapur o Ginebra, ya consideran la evasión fiscal un delito.

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