VENTANA FISCAL

La actividad de reforestación

OPINIÓN

En esta semana tuve el honor de ser uno de los invitados a la toma de posesión de la nueva junta directiva de la Asociación Nacional de Reforestadores y Afines de Panamá (Anarap), donde me reencontré con varios entusiastas colegas y amigos.

La historia forestal de Panamá empezó a escribirse a partir de 1992, cuando el país comenzó a vestirse de verde por los incentivos fiscales que ofreció la Ley 24 de ese año. Aunque los principales incentivos fueron derogados posteriormente por la Ley 6 de 2005, hoy en día el inventario es de aproximadamente 80 mil hectáreas reforestadas principalmente por la mano de la empresa privada.

Los incentivos tributarios que aún se mantienen están limitados a:

1) La exoneración del Impuesto Sobre la Renta sobre las utilidades que se generen de la comercialización de productos extraídos de las plantaciones forestales; este incentivo está siendo aprovechado por los inversionistas que creyeron y tuvieron fe;

2) La exoneración del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (2%) es un beneficio que ha tenido mayor impacto, pues la reforestación no es un negocio de bienes raíces;

3) La exoneración del Impuesto de Inmuebles, bajo ciertas condiciones especiales. Este incentivo ha sido otorgado por ciclos de 5 años, como si la reforestación se hiciese cada 5 años, basado en una norma de carácter general en detrimento de la Ley 24 de 1992, que es de carácter especial; y

4) La exoneración del impuesto de importación para ciertos bienes y equipos a ser utilizados en la actividad de reforestación.

Volviendo a la fiesta, que estuvo de primera, rescato el reto lanzado por su presidente de sembrar 200 mil hectáreas en los próximos 10 años. Para lograr esta meta se hace necesario el apoyo del Estado con incentivos fiscales que promuevan la inversión privada.

Otra opción son las concesiones especiales de tierras del Estado no utilizadas, sin costo para el inversionista, pero condicionadas a la realización de una actividad de reforestación. Esta idea la ofrecí hace más de 10 años (en el gobierno de Mireya Moscoso) dirigiendo la mirada a las áreas que fueron revertidas como resultado de la recuperación del Canal de Panamá para que fuesen reforestadas sin que el inversionista tuviera que pagar el alto costo de la tierra. La relación contractual sería en calidad de alquiler con un canon muy bajo, creando beneficios para todos:

1) Para la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), pues la reforestación privada cumpliría con la necesidad de conservar la cobertura boscosa de la cuenca, sin costo para la misma ACP;

2) Para el verdadero inversionista forestal privado, que no tendría que desembolsar en comprar tierra con vocación forestal con ubicación de primera;

3) Para la población rural, pues la reforestación crearía una mayor fuente de trabajo para los sectores aledaños más necesitados;

4) Para la industria maderera nacional, pues los nuevos bosques ofrecerían una opción importante al sector maderero, sin recurrir a los bosques naturales;

5) Para el Estado, que con el aumento de la cobertura boscosa y del producto forestal exportable se generarán mayores ingresos en divisas, impuestos de la industria maderera y el comercio afín y contribuciones al Seguro Educativo y a las cuotas de seguridad social.

Contrario a lo que muchos piensan, la actividad de reforestación no ha muerto. Está viva, llena de positivismo y con muchos retos por delante. Solamente falta el impulso que debe darle el Estado.

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