ampliación de la vía arraiján - la chorrera

La autopista de las deficiencias

La afianzadora asumirá el proyecto y tendrá la responsabilidad de culminar el trabajo, adjudicado en 2010 a Transcaribe Trading.

David Ochy y su relación con Martinelli

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La actual administración del MOP dijo que el proyecto tiene fallos en la nivelación, en el asfalto y en la barrera de separación de las dos calzadas. La actual administración del MOP dijo que el proyecto tiene fallos en la nivelación, en el asfalto y en la barrera de separación de las dos calzadas.
La actual administración del MOP dijo que el proyecto tiene fallos en la nivelación, en el asfalto y en la barrera de separación de las dos calzadas. Luis García

“Hemos encontrado una gran cantidad de problemas”, confesó el ministro de Obras Públicas (MOP), Ramón Arosemena, al repasar el martes los tres años al frente de la cartera encargada de construir y dar mantenimiento a la infraestructura vial del país.

Entre la herencia no deseada que recibió de la pasada administración está el proyecto de ampliación a seis carriles de la autopista Arraiján - La Chorrera.

Con una longitud de 22.3 kilómetros, el MOP encomendó la obra a la constructora Transcaribe Trading (TCT), liderada por los hermanos David y Daniel Ochy.

La orden de proceder fue entregada en septiembre de 2010. El plazo de ejecución era de dos años y medio, por lo que el proyecto debería haber concluido en marzo de 2013, pero cuatro años y tres meses después, la obra no se ha terminado.

“A estas alturas, todavía estamos luchando para construir una carretera digna y de acuerdo con el contrato que la compañía constructora firmó con el MOP”, reclamó Arosemena.

Varias adendas fueron extendiendo paulatinamente el plazo de ejecución del proyecto y en marzo de 2013, todavía durante la administración de Ricardo Martinelli, la obra recibió la aprobación sustancial por parte del MOP.

No obstante, la actual administración apreció una serie de deficiencias. Arosemena se refirió, en concreto, a la instalación de una barrera tipo jersey que no cumplía los requerimientos del pliego de cargos, ya que esta debía ser una barrera continua, de un solo bloque, y no fragmentos unidos entre sí, como se hizo. También se detectaron fallos en el asfalto y una nivelación que hace que el agua se acumule en los carriles centrales, justo lo contrario de lo que debería suceder.

El MOP exigió a TCT que reparara la obra, pero esto no sucedió.

El pasado mes de octubre, luego de una consulta elevada por el MOP, la Contraloría General de la República recomendó a la entidad ejecutar la fianza de cumplimiento. El contralor Federico Humbert señaló en una nota dirigida al titular del MOP que recurriera a la fianza, “a fin de exigir que se concluyan los trabajos pendientes, se corrijan las deficiencias y la obra sea terminada a satisfacción conforme a los planos, especificaciones y calidad adecuada a la brevedad posible”. Humbert añadió que “el Estado pagó por un proyecto con estándares de primera y no podemos aceptar ni recibir un producto de mediocre calidad”.

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La autopista de las deficiencias

El MOP reclamó entonces la fianza, que había sido emitida por Global Bank, Banco Internacional de Costa Rica, Aseguradora del Istmo y Nacional de Seguros.

La fianza es por un monto equivalente al 25% del contrato, pero en lugar de desembolsar ese monto ($40.45 millones), se optó porque ellas asumieran el proyecto.

Arosemena adelantó que el próximo lunes retomarán los trabajos “con un nuevo contratista”. Este deberá ser elegido por la afianzadora y aprobado por el MOP. La entidad ya dio su aval a tres compañías (Meco, Cusa y MCM) y la decisión final sobre quién asume los trabajos la tomará la afianzadora.

El proyecto fue contratado originalmente por $152.6 millones, pero una adenda aprobada en la pasada administración lo elevó a $161.8 millones.

Una investigación ordenada por la Asamblea Nacional determinó que la obra tuvo un sobrecosto de $63 millones. Los profesionales de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea que analizaron el trabajo llegaron a la conclusión de que la obra tenía un costo real de $98.8 millones.

El proyecto de rehabilitación y ensanche de la autopista fue uno de los contratos más importantes que ganó la constructora TCT en la pasada administración. La compañía participó sola o en consorcio con otras constructoras en proyectos valorados en, al menos, $400 millones.

El 2 de agosto de 2012, luego de que este diario revelara los contratos que la compañía se había adjudicado con la administración de Ricardo Martinelli y la participación de sus líderes en el negocio de la explotación de tierras de plátano en Barú, alrededor de una veintena de camiones de TCT sitiaron las instalaciones de La Prensa impidiendo, temporalmente, la circulación del diario y la salida en auto de los trabajadores de la casa editorial.

A pesar de la experiencia con la ejecución de esta obra, la actual administración del MOP ha vuelto a contratar a la constructora, aunque en menor medida que el gobierno anterior.

En el programa Trabajando por Tu Barrio, que consiste en reparar y asfaltar calles de Panamá y el área metropolitana, la constructora se ha adjudicado cuatro contratos que suman $23.6 millones. También se adjudicó un contrato para reparar la carretera Panamericana entre La Chorrera y San Carlos por $2.3 millones, según información del MOP.

David Ochy y su relación con Martinelli

Transcaribe Trading (TCT), una de las empresas locales que más contratos ganó en la administración de Ricardo Martinelli, ha sido identificada en procesos judiciales vinculados al entonces mandatario, hoy detenido en Miami. Denuncias y revelaciones en indagatorias judiciales dan cuenta de posibles nexos que retratan una relación más allá de la que cualquier contratista tiene con algún funcionario.

En una indagatoria rendida el 6 de marzo pasado ante la Fiscalía Especial Anticorrupción por el caso de los supuestos sobornos pagados por Odebrecht a través de bancos suizos, la abogada Evelyn Vargas Reynaga —que creó sociedades para Martinelli y sus hijos— reveló que durante el período presidencial de 2009-­2014, Luis Enrique Martinelli Linares le solicitó crear la sociedad Yellow Wing para construir un hangar en Albrook.

Vargas Reynaga dijo que TCT terminó construyendo el hangar, luego de que se descartó a un primer contratista. Le hizo hincapié a la fiscalía que bajo la concesión a Yellow Wing se construyeron dos hangares, uno de David Ochy y el otro de la familia Martinelli. “Ambos están bajo el nombre de la sociedad Yellow Wing”, declaró.

Ochy, uno de los propietarios de TCT, había declarado el 9 de octubre de 2012 que no tenía sociedades con nadie del gobierno, en ese entonces de Ricardo Martinelli.

Cinco años más tarde, el abogado Jaime Abad solicitó que se investigue a varias empresas, incluyendo a TCT. El pasado 18 de abril, Abad presentó una denuncia por la presunta comisión de los delitos contra la seguridad colectiva y contra la administración pública.

La denuncia se sustenta en una investigación personal en la que asegura que el grupo de 10 empresas estableció una “canasta común”, en la que habrían depositado más de 20 millones de dólares para pagar la deuda que en ese entonces tenía Editora Panamá América, S.A. (Epasa).

De acuerdo con la denuncia presentada en el Ministerio Público, el dinero llegó a la “canasta común” en un lapso de 48 horas, entre el 20 y el 21 de diciembre de 2010, para materializar la compra de la editora.

Abad mencionó que algunas de las empresas que depositaron dinero en la cuenta “canasta” participaron en licitaciones públicas y que parte de los fondos estatales que se les pagó habrían sido utilizados para comprar el citado grupo editorial.

En su momento, David Ochy negó cualquier vinculación con estos hechos y retó al denunciante Jaime Abad para que pruebe lo que denunció.

Epasa vendió el 100% de sus acciones a la sociedad Tpahc, Inc., una sociedad anónima creada el 7 de diciembre de 2010, cuyo cuerpo directivo estuvo formado originalmente por Henri Mizrachi, actual miembro de la junta directiva del Canal por designación del expresidente Martinelli; Ricardo Chanis Correa, actual presidente de Epasa y quien, en el rol de abogado, lideró la compra siendo, al mismo tiempo, directivo de la estatal Caja de Ahorros.

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