infraestructuras

Los cables y los dólares

La creación de una nueva tasa a los servicios de telecomunicaciones para costear el soterramiento de cables generó un rechazo generalizado en la población, que ha visto cómo en los últimos años ha tenido que asumir más impuestos.

“Tengo la fórmula, pero todavía no se la puedo revelar”, dijo con cara de póquer el director de Telecomunicaciones de la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep), Edwin Castillo, cuando en 2011 fue cuestionado sobre cómo se financiaría el soterramiento de cables de telecomunicaciones en varias áreas del país.

Esa era la única traba para la puesta en marcha de un plan que había sido aprobado en 2010 para eliminar los cables de parte del área bancaria de la capital, de la Zona Libre de Colón, y de las principales calles de Santiago de Veraguas y David, Chiriquí. Esa primera propuesta, en realidad, solo incluía el soterramiento de los cables eléctricos. Las distribuidoras (Unión Fenosa y Ensa) pagarían la obra y, una vez culminada, recuperarían el dinero a través de la tarifa eléctrica. Así sucede con todas las inversiones que hacen estas empresas.

El problema estribaba en los cables de telecomunicaciones. Este servicio lo prestan múltiples empresas del sector.

El costo de soterrar esos cables en las cinco áreas delimitadas por el proyecto se estimaba en $24 millones. Faltaba el mecanismo de financiamiento. Después de meses de negociaciones con las empresas, la Asep creyó haber hallado la solución.

Así, el 24 de enero de 2012 se presentó en la Asamblea Nacional el proyecto de Ley 423, mediante el que se crearía una tasa entre 1% y 2% a los servicios de telecomunicaciones. La tasa nutriría un fondo con el que se pagaría el soterramiento. Esa fue la apuesta del Gobierno.

Se gravarían los servicios de telefonía fija y celular, internet y televisión de pago. Una persona con un consumo de $100 al mes en estos servicios tendría que pagar $1 o $2 más.

Las reacciones no se hicieron esperar. La mayoría de la población mostró su rechazo ante la posibilidad de asumir un nuevo impuesto.

Las empresas de telefonía celular remitieron una carta a la Asamblea solicitando que sus servicios no fueran cargados, puesto que no utilizan los cables.

Desde las asociaciones de consumidores señalaron que esta tasa sería un cargo más para los ciudadanos. “Se sumaría al Itmbs, al 911, al impuesto selectivo al consumo y a la tasa de la portabilidad numérica”, dijo Giovani Fletcher, presidente del Instituto Panameño de Derechos de Consumidores y Usuarios.

“Por tanto, se convierte en muy gravoso tener este tipo de servicios, cuando los beneficiados del soterramiento no son todos los consumidores, sino los que viven en las áreas donde se hará el proyecto”, añadió.

Los diputados recogieron esa inquietud ciudadana y tras retomar el primer debate de la norma, rebajaron a 0.5% la cuantía de la tasa, excluyeron a la telefonía celular prepago y –aunque suene a bluff – adelantaron que el soterramiento de cables se hará en todo el país, comenzando por las cinco áreas que fueron incluidas en el proyecto original.

No se ha determinado, sin embargo, cómo se procedería a ejecutar el proyecto en todo el país ni cuál sería su costo. Tampoco se ha abordado la necesidad de prohibir la instalación de cables aéreos, incentivar la construcción de barriadas con las utilidades soterradas y hacer cumplir las normas que prohíben los cables aéreos en determinadas zonas que tienen la consideración de ciudad jardín.

Con la tasa en 0.5%, una persona que gasta $100 al mes en telecomunicaciones estaría pagando 50 centavos para el soterramiento.

¿Soterrar o no?

A pesar de la oposición a la creación de una nueva tasa, el proyecto mismo de soterramiento de cables no ha sido cuestionado.

En su intervención en la Asamblea durante el segundo debate, el diputado panameñista José Blandón dijo estar a favor del soterramiento, pero en contra de la tasa.

De forma similar se manifestó el arquitecto Rodrigo Mejía - Andrión, uno de los grandes detractores de los cables por el impacto visual y la imagen anticuada que proyectan de la ciudad.

Más difícil es encontrar consenso en la forma de costear la obra. ¿Deben ser las empresas que han llenado las ciudades de cables quienes la costeen; se debe hacer cargo el Estado; los ciudadanos que viven en las áreas donde se soterren los cables por la valorización de sus propiedades; o una mezcla de varias?

El lunes vuelve el debate a la Asamblea. Las cartas están sobre la mesa. Veremos cómo termina la partida.

Gravámenes a la telefonía

2005

se grava el servicio de telefonía con el impuesto selectivo al consumo (ISC).

2007

se establece el cargo de SUME 911, 1% de la factura.

2009

tasa de 3 centavos para la portabilidad numérica.

2010

se extiende el cobro del ISC al prepago.

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