panamá, señalado como país no cooperador

Una cuestionada lista negra

‘Panamá tiene un régimen preferencial tributario nocivo y no se ha comprometido a enmendarlo’, señala la UE, algo que desmiente la Cancillería.

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La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, dijo que su organización no cree en este tipo de listas y que no apoya la inclusión de Panamá. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, dijo que su organización no cree en este tipo de listas y que no apoya la inclusión de Panamá.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, dijo que su organización no cree en este tipo de listas y que no apoya la inclusión de Panamá. Archivo

La Unión Europea (UE) considera a Panamá como un paraíso fiscal. Ni la vía diplomática, ni la política, ni siquiera su compromiso legal con los estándares de transparencia fijados por la comunidad internacional pudieron evitar que los ministros de economía y finanzas de los 28 países que integran el bloque incluyeran al país en la primera lista negra que emiten.

La UE decidió en febrero los criterios que aplicaría para señalar a los países díscolos que no cooperan en materia fiscal: la transparencia, implementación de las normas internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la gobernanza fiscal adecuada. Panamá reprueba en la tercera condición.

La transparencia en materia fiscal viene evaluada con base en la capacidad del país para implementar el intercambio automático de información.

Panamá cumple con este requisito después de haber firmado la Convención Multilateral de Asistencia Mutua (MAC, por sus siglas en inglés) y la adhesión al Marco Inclusivo del Proyecto OCDE/G20 de lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés).

También satisface el segundo de los requerimientos, ya que se plegará a la normativa de la OCDE al implementar en 2018 los mecanismos necesarios para adoptar el modelo de intercambio automático de información financiera.

Sin embargo, las autoridades europeas consideran que en el istmo no existe una ley de fiscalidad justa. “Panamá tiene un preferencial régimen tributario nocivo y no se ha comprometido claramente a enmendarlo o abolirlo antes del 31 de diciembre de 2018 como ha sido requerido”, señalan las autoridades europeas en el documento de conclusiones finales al que tuvo acceso este periódico.

En este sentido, la UE considera que la legislación fiscal en Panamá no se adecúa a las resoluciones establecidas en las conclusiones del Consejo de ministros de economía de la UE del 1 de diciembre de 1997.

Fue a principios de marzo, cuando el llamado grupo del Código de Conducta, un equipo de 28 técnicos criticado por la opacidad de sus métodos, contactó a Panamá tras señalarla como jurisdicción susceptible de ser integrada en la lista negra.

La entidad gubernamental panameña que lideró las conversaciones técnicas con el Consejo de la Unión Europea fue la Dirección General de Ingresos (DGI).

Los siguientes 10 meses estuvieron jalonados de encuentros de primer nivel, con el fin de tratar de demostrar a las instituciones europeas que la promesa con los estándares de transparencia fijados por la comunidad internacional iba en serio.

Pero Panamá, que en el pasado fue cuestionada por anunciar compromisos que no cumplió, nunca consiguió salir del grupo de los sospechosos.

La Cancillería de la República desmintió de manera tajante la falta de compromiso político que alega la UE. “ Panamá ha adoptado compromisos internacionales en tiempo récord, y realizado un proceso sin precedentes para adecuar su marco legal. Panamá hoy no tiene ningún tema pendiente en cuanto a estándares internacionales de cooperación fiscal se refiere”.

Sobre los regímenes preferenciales que menciona la UE, la Cancillería señala que el Ministerio de Economía y Finanzas ha dejado sentado y por escrito su compromiso en revisarlos en el año 2018.

Uno de los regímenes especiales que incomodaría a la UE tiene que ver con los incentivos a la industria de call center, según pudo saber este diario.

No obstante, para el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Severo Sousa, ni los call center, ni un eventual malestar por no haber avanzado en la penalización de la evasión fiscal serían motivos de peso para señalar al país como no cooperador.

Sousa advierte que hay que tener en cuenta la cantidad de reformas implementadas, que incluyen una supervisión más estricta de actividades financieras y no financieras, algo que no ocurre en otros países.

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Una cuestionada lista negra

La Cancillería remarcó en un comunicado que la decisión de la UE “ desconoce los claros avances del país en materia de cooperación y transparencia fiscal, al indicar de manera irresponsable que el régimen preferencial de Panamá es dañino”.

Este diario consultó ayer sobre la lista a Pascal Saint-Amans, director del Centro de Política Fiscal de la OCDE, quien en ocasiones anteriores ha sido crítico con las prácticas de Panamá en materia fiscal.

Saint-Amans señaló que no ha estado involucrado en la elaboración de la lista, y que desde la OCDE “apreciamos totalmente el progreso hecho por Panamá y tenemos una relación muy franca y buena con las autoridades”.

Sí señaló que, desde su punto de vista, Panamá debería concretar muchos más acuerdos de intercambio de información automática para alcanzar el estándar en 2018 y que el instrumento multilateral sería una buena manera de hacerlo preservando los intereses vitales de Panamá.

Por su parte, Amado Philip de Andrés, representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, dijo que su organización no cree en este tipo de listas y que no apoya la inclusión de Panamá.

De Andrés destacó los avances de Panamá en la lucha contra la corrupción, el blanqueo de capitales y la evasión fiscal de los últimos años y cuestionó la efectividad de la lista.

SANCIONES

La UE se reserva el derecho de imponer ciertas sanciones retorsivas a los países que integran la lista. En las conclusiones firmadas ayer, se estipula que los Estados que estén en esta lista negra no podrán beneficiarse de los fondos económicos para el desarrollo.

Los representantes de la UE indican además que se aplicarán medidas administrativas, como “la vigilancia de ciertas transacciones bancarias” o “el aumento de las auditorías a los contribuyentes que se beneficien de los regímenes fiscales identificados”.

Además, se establecerá en los países señalados “un control especialmente intenso de aquellos contribuyentes que actúen en dichas jurisdicciones”.

Por otro lado, incluyen una lista de sugerencias que podrían ser adoptadas por las agencias tributarias de los países de la UE en relación con las operaciones financieras de sus nacionales en los países marcados. Como, por ejemplo, eliminar deducciones, los derechos de las compañías controladas desde el extranjero, limitar exenciones, revertir la carga de la prueba, pedir documentación adicional o exigir más transparencia fiscal.

Francia lideró el bando de los países de la UE que exigieron duras medidas. “Esta lista debe ser efectiva, lo que significa que debe permitirnos aplicar sanciones para que aquellos que no respeten las reglas cambien su comportamiento”, señaló antes de que comenzara la reunión el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire.

LISTA POLÉMICA

Según informó en un comunicado de prensa el Consejo de la UE, el objetivo de esta lista de jurisdicciones no cooperativas es promocionar la “ buena gobernanza a nivel mundial para maximizar los esfuerzos para evitar el fraude fiscal y la evasión de impuestos”.

Sin embargo, su credibilidad ha sido puesta en duda, porque no incluye territorios de Estados miembros del bloque comunitario como Gibraltar, Irlanda, Luxemburgo, Malta y Países Bajos, que incumplen muchas de las reglas fiscales, según los criterios comunitarios.

Basta pensar en la pequeña isla de Malta. Con sus 450 mil habitantes, se ha convertido en un refugio fiscal dentro de la UE, tal y como demuestran recientes investigaciones, como la que estaba llevando a cabo la periodista y bloguera Daphne Caruana Galizia, cuyo asesinato con coche bomba el 16 de octubre conmocionó al mundo. Varias organizaciones condenaron que la UE haya dejado fuera de la lista a sus propios miembros. Además, el Consejo de Europa ha sido criticado por su falta de transparencia en el proceso de selección de las jurisdicciones no cooperativas.

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