VENTANA FISCAL

La defraudación fiscal como delito

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La defraudación fiscal como delito

Nuestro Código Fiscal (CF) posee la figura de defraudación fiscal en su artículo 752, lo que nos llevaría a pensar, a primera vista, que no es necesario tipificar como delito precedente al blanqueo de capitales a tal conducta.

En Panamá, el establecimiento de la defraudación fiscal como medida administrativa está orientada a ser un agente de coerción al contribuyente para que este no realice la acción, además de que busca un resarcimiento económico a favor del fisco por tal acto. Lo anterior, sin menoscabo de que el propio contribuyente pueda pagar con la privación de su libertad debido a su actuar.

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) establece los estándares internacionales, no Panamá. La idea y propuesta de tipificar como delito a la defraudación fiscal no proviene espontáneamente de una mente criolla, sino que es originada por la presión de dicho organismo que nos impone cumplir con tal requisito. Ya Panamá ha cumplido con un sinnúmero de obligaciones impuestas en materia de transparencia, intercambio de información tributaria, y a su vez modificaciones legales en la lucha contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, precisamente para cumplir con las recomendaciones del GAFI.

Sin embargo, no se cumple con una de las recomendaciones, basada en que se tipifique al delito fiscal y como precedente al blanqueo de capitales. El incumplimiento de las recomendaciones establecidas por GAFI conlleva el poder quedar nuevamente incluidos en una “lista gris”, como país no cooperante en la lucha contra el blanqueo de capitales.

Leyendo el texto propuesto del anteproyecto de ley que adiciona al delito fiscal en nuestro Código Penal, sin demérito a otros análisis, se contempla una serie de situaciones que consideramos deben replantearse.

Por ejemplo, convertir al Tribunal Administrativo Tributario (TAT) en una especie de “ente administrativo de preinstrucción sumarial” al definir que, cuando los organismos recaudadores (entendemos que incluye a la DGI y a la Autoridad Nacional de Aduanas – ANA), tengan conocimiento de un hecho que pudiere revestir los caracteres de un delito contra la hacienda pública, previa comunicación al Ministerio de Economía y Finanzas, correrán traslado al TAT a efecto de que este formule la pertinente denuncia, una vez formada la convicción administrativa de la presunta comisión del hecho ilícito.

Entonces el TAT no formulará la denuncia penal si de las circunstancias del hecho surgiere manifiestamente que no se ha cometido un delito. La decisión del TAT de formular o no la denuncia penal deberá ser adoptada mediante una resolución fundada, que deberá dictarse en el plazo de 30 días de recibidas las actuaciones de la DGI o de la ANA. Además, deberá hacer un informe que contenga las pruebas que tenga en su poder y las conclusiones jurídico- técnicas a que hubiese arribado.

Cabe preguntarse si ¿realmente esta tarea que se le pretende asignar al ya congestionado TAT no desnaturaliza la función para lo cual fue creado mediante la Ley 8/2010, y que es la de un ente de decisión y control de superior jerarquía a la DGI, cuyas decisiones son de estricto cumplimiento e irrecurribles para el fisco?

El debate jurídico apenas se inicia. Nuestro CF y normativa tributaria en su conjunto poseen serias deficiencias que deben ser atendidas de inmediato, como manifestáramos anteriormente en la Ventana Fiscal de 5 de noviembre de 2017. Además, se necesitará la capacitación de los funcionarios del Ministerio Público y del Órgano Judicial en aspectos jurídicos tributarios, y la dotación de un presupuesto apropiado a estas instituciones, que son los entes por naturaleza jurídica establecidos y señalados en la Constitución Nacional para la investigación, persecución y juzgamiento de los delitos.

CÁPSULA FISCAL

Debemos tomar conciencia de país, si con esta decisión se mejorará la recaudación tributaria local (lo dudo, pues el Derecho Penal debe ser el último recurso), o por el contrario se contribuye a cobrar tributos de otros países en donde no nos toca un dólar, en un mundo de presiones internacionales en desigualdad de condiciones para Panamá, y con la consecuente intriga sobre las repercusiones de esta nueva medida. Cuidado.

El autor es abogado especializado en materia tributaria.

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