VENTA DE LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LAS EMPRESAS MIXTAS

El dilema de las acciones

La posible venta de las acciones del Estado enlas empresas mixtas ha generado opiniones mezcladas por parte de la población.
El proyecto de ley avalado por el Consejo de Gabinete fue presentado ante la Asamblea Nacional por el ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima. El proyecto espera la sanción presidencial y su publicación para ser ley. El proyecto de ley avalado por el Consejo de Gabinete fue presentado ante la Asamblea Nacional por el ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima. El proyecto espera la sanción presidencial y su publicación para ser ley.
El proyecto de ley avalado por el Consejo de Gabinete fue presentado ante la Asamblea Nacional por el ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima. El proyecto espera la sanción presidencial y su publicación para ser ley.

Todos los ciudadanos de Panamá son dueños, a través del Estado, de un grupo de acciones en 10 empresas de servicios públicos que nacieron luego de las grandes privatizaciones de finales del siglo pasado.

Aún no se ha determinado un valor de venta para estas acciones, pero a la fecha se calcula en más de 2 mil millones de dólares.

Este listado incluye a las empresas de generación eléctrica y las tres distribuidoras que surgieron tras la privatización del antiguo Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE).

En la hidroeléctrica AES Panamá, S.A., el Estado es dueño del 50.40% de las acciones, además de tener también participación en Bahía Las Minas Corp. (49%), Enel Fortuna, S.A. (49%) y Energía y Servicios de Panamá, S.A. (47.96%).

En Elektra Noreste, S.A. (Ensa), el Estado es dueño del 48.30%; en la Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A. (Edemet), tiene el 48.24% y en la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. (Edechi), el 47.86%.

La privatización en 1997 del Instituto Nacional de Telecomunicaciones, conocido como Intel, dejó en manos del Estado un 49% de Cable & Wireless Panamá, S.A.

Originalmente, el Estado sería dueño de un 51% de las acciones de la empresa, pero un 2% se le otorgó, a través de un arreglo fiduciario con Banco General, a los empleados del antiguo Intel que se hubiesen jubilado a partir del 29 de mayo de 1997, además de los trabajadores activos de la empresa.

Finalmente, completan la lista las acciones de Petroterminal de Panamá, S.A., una empresa que administra el oleoducto de 131 kilómetros montado entre Chiriquí y Bocas del Toro, de la cual el Estado es dueño del 52% y las acciones de Panama Ports Company, S.A., que administra los puertos de Balboa en el Pacífico y Cristóbal en el Atlántico. En esta, el Estado es dueño del 10%.

En su totalidad, estas compañías son conocidas como “empresas mixtas” ya que involucran la participación de capital tanto privado como público. Las que más volumen de negocio generan para el Estado son las empresas eléctricas y Cable & Wireless Panamá, S.A.

Adicional a tener derecho a participar en las decisiones de estas empresas, las acciones dan derecho al Estado a recibir un dividendo de las ganancias que obtengan estas compañías durante sus operaciones anuales. Sin embargo, algunas de ellas como Panama Ports Company, no han pagado dividendos al Estado porque según sus directivos lo han destinado a inversiones.

Para 2012, el monto de los dividendos de las empresas eléctricas fue de $83.4 millones, mientras que Cable & Wireless produjo $42.5 millones. Ya mencionado esto, queda explicar el otro lado de la ecuación: el Fondo de Ahorro de Panamá (FAP).

El FAP es un fondo soberano o cuenta de ahorro del Estado que se alimenta principalmente de las ganancias del Canal de Panamá.

El Estado recibe de forma regular un aporte por parte del Canal de Panamá. A este aporte se le resta un monto igual al 3.5% del tamaño de la economía nacional, medida a través del producto interno bruto (PIB).

Este 3.5% es utilizado para financiar la operación del Gobierno, mientras que cualquier dinero que quede, luego de esta resta, es dirigido al FAP para su ahorro.

Adicional a ello, el FAP recibió todos los fondos que antes estaban bajo la custodia del Fondo Fiduciario para el Desarrollo, el cual fue eliminado el año pasado. Esto representó un abono inicial directo a las cuentas del FAP de mil 200 millones de dólares.

El FAP fue diseñado para servir como un ´cojín de ayuda´ en tiempos de crisis. El Gobierno solo podrá retirar fondos en casos de una emergencia nacional, como las inundaciones de Colón y Bocas del Toro.

Además, el Gobierno podrá hacer retiros del FAP en el caso de que la economía nacional vea una desaceleración para invertir en obras de estímulo, como construcción de infraestructuras.

Cabe destacar que algunos economistas dudan de la efectividad del gasto estatal para reactivar una economía desacelerada.

El FAP también puede ser utilizado en ciertos casos para prepagar deuda estatal, es decir, cancelar préstamos del Estado antes de su fecha de pago final.

Con este conocimiento en mano, es posible analizar los eventos de días recientes.

La historia comienza a mediados del año pasado, cuando la administración de Ricardo Martinelli propuso en la Asamblea Nacional la venta tanto de estas acciones como la de los lotes de tierra que rodean la Zona Libre de Colón, con el propósito de financiar el gasto corriente del Gobierno.

A la fecha, no se ha realizado un avalúo adecuado que indique el posible valor de venta de todas estas acciones. El viceministro de Finanzas encargado, Darío Espinosa, indicó en declaraciones ante la Asamblea que el valor sería de aproximadamente $2 mil millones, mientras que la bancada de oposición habla de $4 mil millones en un informe de minoría.

La idea de vender estos activos suscitó protestas severas, llevando inclusive a un levantamiento popular en Colón que suspendió el ejercicio de las funciones del Gobierno en esa provincia. Bajo esta presión, el Gobierno cambió de opinión y anunció que no vendería las acciones. Esto resultó en recortes presupuestarios ya que el Gobierno esperaba contar con los dineros de la venta.

El tema quedó en silencio hasta el mes pasado, cuando el ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, presentó a la Asamblea Nacional una modificación a la ley del FAP. Este proyecto, con el número 569, dispone que en el caso de que suceda una eventual venta de estas acciones, los fondos serán destinados a ser ahorrados en el FAP en vez de pasar a gasto corriente.

Es decir, en vez de ser utilizados durante el año en los gastos que hace el Gobierno en salarios, transporte y obras, el producto de la venta pasaría a ser ahorrado en el FAP. Esto no significa que el Gobierno ha aprobado la venta de las acciones, pero tampoco significa que las acciones no podrán ser vendidas por una administración posterior a la actual.

Tanto De Lima como el presidente Ricardo Martinelli han indicado de forma explícita que no existe un interés en el Gobierno por vender las acciones. Por su lado, miembros del Partido Panameñista han expresado que, inclusive con las declaraciones del ministro De Lima, mantienen su “desconfianza en la administración Martinelli”.

De cualquier forma, es reconocido por ambos lados que sería necesario modificar la ley de telecomunicaciones para proceder con la venta de las acciones de Cable & Wireless Panamá, S.A.

LA OPINIÓN DE EXPERTOS

El tema de la venta de las acciones se ha politizado con consignas evidentemente exageradas de “vender el país”, que ha impedido una discusión seria sobre las ventajas y desventajas a largo plazo de una posible venta de estos activos.

Se destaca que existe un consenso general entre analistas de que, si las acciones llegaran a ser vendidas, el producto de esa venta debería pasar al FAP.

El banquero Otto Wolfschoon considera que, aunque el tema es complicado, se se debe hacer un análisis profundo de cada uno de los grupos de acciones y determinar en base al resultado de este análisis la utilidad de su posible venta.

Este análisis debe incluir no solo los beneficios financieros, sino los beneficios sociales de poseer o despojarse de las acciones.

“En lo personal, no me gusta mucho la idea de que el Estado sea accionista en empresas que el mismo Estado tiene que regular, como las generadoras eléctricas, ya que esto se presta a conflictos de intereses entre el papel del Estado como accionista y como regulador”, agregó.

Por su lado, el abogado Jaime Alemán considera que en este momento el Estado no debería vender las acciones.

“La mayoría de estas empresas están dedicadas a ofrecer servicios básicos a la población y por ende es conveniente que el Estado sea socio de las mismas, a fin de asegurar que haya una estrecha colaboración entre empresa privada y Estado”.

Alemán también reconoce que si se logra conseguir una oferta económicamente atractiva, no estaría opuesto a una eventual venta.

El economista Felipe Chapman indica que aunque está “de acuerdo con que el Estado venda acciones de empresas que a su vez debe regular”, no comprende “por qué estos cambios suceden a nueve meses de elecciones generales”.

Por su parte, el analista financiero Carlos Barsallo, explica que no está “de acuerdo con la decisión de la venta de las acciones de las empresas mixtas. No se ha demostrado científica y adecuadamente que es de real beneficio para el Estado”.

EL FAP EN CIFRAS

$1,200

Millones en capital semilla aportados por el Fondo Fiduciario al FAP.

$2,000

Millones, cotizados como valor de venta de las acciones por el Gobierno.

$125.9

Millones de dólares en dividendos de las empresas eléctricas y Cable & Wireless para 2012.

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