POLÍTICA ECONÓMICA

Las inconsistencias de las políticas públicas del MEF

Las actuaciones del Ministerio de Economía y Finanzas parecieran contradecir sus intenciones manifiestas al ser analizadas.

Para el viceministro de Finanzas, Mahesh Khemlani, “es muy importante la consistencia en el argumento, sobre todo, político”, según sus declaraciones en un programa nacional de entrevistas.

No obstante, los argumentos que han esgrimido los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) denotan una falta de consistencia entre sus justificaciones y sus actuaciones en días recientes.

En las últimas semanas, el público nacional ha cuestionado seriamente las motivaciones detrás de las leyes que han sido presentadas ante la Asamblea Nacional para su aprobación.

Entre ellas, se encuentran la ley que crea el Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) y dos proyectos de ley adicionales que autorizarían al Gobierno vender las acciones propiedad del Estado en empresas mixtas.

Para el ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, una razón por la cual se busca llevar a cabo la venta de estas acciones, en particular en el caso de Cable & Wireless Panamá, es que no es funcional que el Gobierno sea tanto accionista como regulador al mismo tiempo.

Esta duplicidad de roles genera un conflicto de intereses en el momento que el Estado debe tomar una decisión.

De Lima hace una observación aguda, pero restringe la aplicación de la misma únicamente a ciertos sectores de la economía cuando debería mantener la consistencia a la que hace referencia el viceministro Khemlani. Después de todo, el Gobierno regula de forma activa el sector de aviación y la logística comercial internacional, pero mantiene las acciones de Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A.

Por este motivo, la construcción de un nuevo hub logístico de aviación por parte de un grupo privado queda sujeta al arbitrio del Gobierno como regulador.

Esto generaría un conflicto, ya que el Estado también tiene un interés como accionista para reducir la competencia y mantener un monopolio en la construcción y operación de aeropuertos.

El Gobierno también es regulador en materia vial, pero se encuentra en estos momentos negociando y desarrollando la compra total de los corredores Norte y Sur.

Estos quedarán sujetos a la Empresa Nacional de Autopistas, S.A., una entidad comercial cuyo accionista sería el Estado.

Regresando al sector eléctrico, un mercado ampliamente regulado, el Estado es dueño de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A., la cual tiene un monopolio legal sobre la transmisión de electricidad en el país.

Por estos motivos, pareciera ser que el Gobierno considera, de hecho, que puede ser accionista y regulador de ciertas empresas y en ciertos sectores.

VENTA SOCIAL DE ACCIONES PÚBLICAS

Otra justificación que ha propuesto el ministro De Lima para llevar a cabo la venta de las acciones del Gobierno en las empresas mixtas es aquella de emular el caso exitoso de Ecopetrol en Colombia. A través de un proceso de venta de las acciones, ciudadanos de a pie podrían comprar los títulos valor y obtener una participación en el crecimiento económico del país.

No obstante, para copiar el modelo de Ecopetrol se dependería de una serie de modificaciones al régimen legal del mercado de valores.

Hoy en día la compra de un título valor en Panamá requiere la apertura de una cuenta con una casa de valores y la contratación de los servicios de un agente de custodia.

En promedio, los agentes de custodia en Panamá podrían cobrar alrededor de 15 dólares mensuales.

Esto es una suma cuantiosa cuando se compara con el precio de venta de las acciones sugerido por el ministro De Lima (de dos a cinco dólares) y considerando que el salario mínimo ronda los 400 dólares.

El ministro De Lima confirmó que se tienen planes de que el viceministro Khemlani, junto a un representante de la Bolsa de Valores de Panamá, viajen a Colombia para investigar qué cambios fueron necesarios para llevar a cabo el proceso de venta de las acciones de Ecopetrol.

Pero cabe destacar que el Gobierno está tomando estas acciones a mediados del año corriente cuando ya el presupuesto general del Estado para 2012, aprobado en octubre del año pasado, incluye 400 millones de dólares provenientes, entre otras cosas, de la venta de las acciones de Cable & Wireless Panamá.

Es decir, la intención del Gobierno era realizar la venta de las acciones dentro del año fiscal 2012, autorizando la venta sin haber adecuado el mercado de valores para realizar la colocación masiva.

¿UN FONDO DE AHORRO?

El MEF ha defendido la creación del FAP como una herramienta de ahorro para el país, canalizando los aportes incrementados que realizará el Canal de Panamá posterior a su aplicación.

No obstante, la ley que contiene la creación del FAP toma varias acciones que podrían ser consideradas contradictorias a una política de ahorro, entre ellas la elevación del límite del déficit del Gobierno, lo cual permitiría un mayor endeudamiento y un alza en el gasto público.

Igualmente, la derogación de la ley del Fondo Fiduciario para el Desarrollo le permite al Estado tomar las ganancias generadas por la venta de activos estatales y utilizar estas como parte de su gasto corriente, en vez de aportarlas al FAP para su ahorro.

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