VALOR RAZONABLE

$8 mil 500 millones y contando

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Cuando el subsidio se convierte en parte de la cotidianidad es difícil contemplar la vida misma sin alguna forma de favor de parte del gobierno. El ciudadano se convierte en el indigente que espera con ansias la moneda para solventar el hambre que aprieta la víscera.

Y no me refiero a los jamones de Sergio Chello Gálvez o a los colchones de cualquier otro político que aprovecha el momento para explotar la necesidad, sino a esas distorsiones que aparecen en nuestro día a día desde que abrimos los ojos cada mañana: desde la electricidad que permite la congelación de los alimentos que prepararemos en el desayuno hasta el gas con el que cocinaremos; desde la cuota que pagamos para la movilización en el Metro hasta la mediocridad en el rendimiento académico de nuestros hijos en la escuela. Cada día exige que millones de dólares sean transferidos en un sistema que ha venido cayendo en medidas populistas que solo llevan a la pobreza material, a la pobreza de espíritu y al robo de la dignidad del ciudadano.

Este año, el presupuesto de la nación más rica y pujante de la área, nuestro Panamá, incluye el gasto de $1,500 millones en transferencias monetarias para el apoyo de diversas iniciativas sociales. Contrariamente a la corriente de pensamiento que condena la intervención estatal en cualquier manifestación, considero que hay subsidios nobles y necesarios para proveer de oportunidades a los que arrancaron en desventajas evidentes y con quienes el Estado tiene una deuda.

Es posible que analistas no lo vean como tal, pero desde nuestra perspectiva, una de las manifestaciones más dolorosas de transferencias monetarias es el dantesco tamaño del Estado panameño.

Los gastos corrientes del Gobierno, que incluyen una planilla de casi 240 mil empleados públicos, andarán por los $7 mil millones este año, una cifra que apunta hacia la obvia necesidad de una revisión exhaustiva de procesos, procedimientos, automatización e inversión tecnológica que permita ajustes que vuelquen la administración pública a la eficiencia, rapidez, transparencia y competitividad.

Nuestro problema estriba en el miedo que estas conversaciones provocan, porque las asociamos inmediatamente con la posible inestabilidad económica que implica un Estado más pequeño, pero eficiente.

La revolución educativa que el país requiere pasa por actualización de currículos, por el replanteamiento del valor de la creatividad y la innovación; pero, por encima de todo, una importante semilla de cambio reside en el planteamiento que la figura del Estado proveedor debe dejar de ser tan relevante y convertirse en el facilitador de herramientas para que cada ciudadano forje con su esfuerzo la calidad de vida que anhela.

Conceptos básicos, como productividad y competitividad, deben reemplazar nuestra actualidad de instituciones públicas lentas y burocráticas.

El ahorro que vendría de una administración pública más eficiente generaría importantes oportunidades para el replanteamiento de la distribución de riquezas en este país, que sigue siendo el más desigual en la región.

La desigualdad, en gran medida, es creada por los tradicionales métodos de intervención estatal que ya han fallado una y otra vez. Es por eso que la regulación de precios, por ejemplo, que pretendía un respiro de $58 al mes por ahorros en la canasta básica, ha creado una de las más grandes distorsiones en el sector productivo primario, y en la cadena de distribución posterior hasta afectar el precio de otros productos en los supermercados. No es sencillo lidiar con estas imperfecciones, en un país donde vivimos cómodos bajo el eslogan: “se roba algo, pero al menos se hace”.

Distanciándonos de modelos fallidos, podremos evaluar otro Panamá más igualitario en oportunidades y, por ende, en distribución de riqueza sin malversación y, por encima de todo, un lugar más digno.

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