Canal de Panamá

Más de $5 mil millones, por definirse en arbitrajes

El contratista alega haber asumido pérdidas o incurrido en gastos no programados. GUPC intentó negociar reclamos fuera del contrato por sumas, que según el Canal, son exorbitantes y sin sustento.

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Desde que arrancó la operación comercial del Canal ampliado han transitado más de 3 mil neopanamax. Ana Rentería - Desde que arrancó la operación comercial del Canal ampliado han transitado más de 3 mil neopanamax. Ana Rentería -
Desde que arrancó la operación comercial del Canal ampliado han transitado más de 3 mil neopanamax. Ana Rentería -

El calendario marcó el 1 de enero de 2014 y el país, con la resaca del Año Nuevo, intentaba entender las advertencias de Grupo Unidos por el Canal (GUPC).

El mayor contratista de la vía acuática anunciaba la inminente parálisis de los trabajos de construcción del tercer juego de esclusas. Justificó no poder continuar la obra por falta de liquidez resultante de mil 600 millones de dólares en sobrecostos. Una cifra en aumento a medida que han pasado los años.

Superada la mayor de las crisis de la obra, el tercer juego de esclusas se entregó el 26 de junio de 2016, unos dos años más tarde de lo previsto, pero desde 2014, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha tenido que defenderse en el campo legal que impuso GUPC.

Hoy, los reclamos se calculan en $5 mil 521 millones, todos en arbitraje; última instancia para presentar y resolver quejas económicas, según el contrato entre las partes.

Por diferentes razones, algunas insólitas para el Canal, el contratista alega haber asumido pérdidas o incurrir en gastos no programados. Las formas de GUPC han incluido el intento de negociar fuera del contrato cifras exorbitantes sin sustento.

El consorcio ha ignorado las instancias para presentar sus reclamos, que primero se solventan con la ACP. En caso de inconformidad, se remiten a la Junta de Resolución de Conflictos (DAB, por sus siglas en inglés), y finalmente, el arbitraje.

La ACP busca dejar sin argumentos las pretensiones de GUPC y para ello cuenta con servicios legales externos, cuyos contratos superan los $100 millones. Tiene un equipo de 40 funcionarios dedicados en exclusiva a este tema.

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Más de $5 mil millones, por definirse en arbitrajes

Lo que está en juego

El costo global del proyecto de ampliación del Canal se fijó en $5 mil 250 millones, pero la cifra final es incierta. GUPC fue el encargado de las nuevas esclusas, con un contrato superior a los $3 mil 200 millones, pero reclama pagos adicionales que sobrepasan con creces el precio que ofertó por la obra.

El Canal lleva cuatro años en batallas legales con el consorcio, integrado por la española Sacyr, la italiana Salini Impregilo, la belga Jan De Nul y la panameña CUSA.

Es un grupo fragmentado respecto a las reclamaciones. CUSA ni siquiera participa del proceso, y el resto de las empresas dejó de estar representado por un mismo grupo de abogados. Se defienden por cuenta propia.

Basta recordar que todavía en la etapa de construcción del tercer juego de esclusas, el italiano Antonio Zaffaroni, al frente del proyecto, fue reemplazado por el español Bernardo González.

Para quienes estuvieron cerca de la obra, la movida fue más que un cambio de mando; se trató de una señal de disputa interna. Y, precisamente, este tipo de dificultades ocasionaría los atrasos que hoy achacan a la ACP.

Etapa decisiva

Sacyr es una de las empresas que empuja con fuerza los procesos contra el Canal. Son cinco reclamos en arbitraje, entre los que se encuentra el relacionado con el ataguía del Pacífico, por $194 millones.

En este proceso ante el DAB y el tribunal de arbitraje, salió victorioso el Canal.

El consorcio se mantuvo en pie de lucha, y ahora solicitó la anulación del laudo en Miami, Estados Unidos.

En otro reclamo, GUPC pidió una compensación de $432 millones, por costos adicionales concernientes al concreto, agregados, laboratorio de calidad y fallas geológicas. En este caso se han dado veredictos divididos en el DAB.

El Canal ganó el reclamo por las fallas geológicas, y sumó a su favor $97 millones. Mientras que a GUPC se le hizo un reconocimiento parcial de $243 millones por la reclamación del concreto y el basalto. Además de $21 millones por laboratorios.

No obstante, las partes están inconformes, y por este reclamo se volverán a ver las caras en enero, en Miami, Estados Unidos. En este arbitraje, el consorcio solicitará el reconocimiento de la totalidad de la suma reclamada. Es decir, $432 millones.

Por su parte, la ACP pedirá la devolución de los millones fallados a favor del consorcio en el DAB, además de $54 millones que deben pagar en concepto de atraso de obra.

Un tercer arbitraje obedece al diseño de las compuertas y ajustes en mano de obra, sobre la base de un reclamo de $539 millones. Este proceso se encuentra en una especie de limbo ante la falta de asignación del presidente del tribunal de arbitraje. Los procesos son largos y tediosos. El año pasado, el administrador del Canal, Jorge Luis Quijano, indicó que no esperaba que las disputas se resolvieran antes de 2022.

El cuarto reclamo -el de mayor cuantía- es de $4 mil 356 millones, por supuestas perturbaciones. Se refiere a supuestas interferencias (disruption claim) y recoge todo lo que el contratista considere que se convirtió en una afectación adicional por inconvenientes en la obra.

Según el Canal, este es el típico caso de la falta de rigor en la presentación de un reclamo, pues nunca fue formulado ante la administración.

La salida fue acudir directamente al DAB, que, como no falló en los 84 días siguientes, tal como establece el calendario contractual, terminó en arbitraje de un salto olímpico. Se ha convocado ahora a una audiencia para agosto próximo para determinar el calendario del arbitraje.

A estas solicitudes se ha sumado un quinto arbitraje vinculado con la devolución del dinero a favor de la ACP. Se trata de $836 millones que GUPC debía entregar este año, por los adelantos recibidos, pero que ahora intenta retener hasta que se resuelvan todos los reclamos.

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