fiscalización

$3.4 millones en multas a bancos

De las nueve multas, siete habrían surgido de inspección especiales vinculadas a casos de corrupción de la pasada administración presidencial.

No publicar las sanciones era insostenible

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El regulador señaló que ‘detrás de cada sanción existe un genuino esfuerzo por parte del banco sancionado de adoptar correctivos necesarios’. El regulador señaló que ‘detrás de cada sanción existe un genuino esfuerzo por parte del banco sancionado de adoptar correctivos necesarios’.

El regulador señaló que ‘detrás de cada sanción existe un genuino esfuerzo por parte del banco sancionado de adoptar correctivos necesarios’. Foto por: Archivo

$3.4 millones en multas a bancos $3.4 millones en multas a bancos

$3.4 millones en multas a bancos

La Superintendencia de Bancos de Panamá impuso multas por un total de $3.4 millones a nueve bancos de la plaza por incumplimiento de normas aplicables a las entidades del sistema.

El regulador, Ricardo Fernández, publicó las sanciones a través de su portal en internet, algo que se había prometido desde el inicio de su gestión.

De las nueve multas, siete habrían surgido de inspección especiales vinculadas a casos de corrupción de la pasada administración presidencial.

La sanción más elevada fue para el extinto Banco Universal. La entidad, que era propiedad de la familia Virzi y que fue vendido luego de la toma de control y un proceso de reorganización liderado por la Superintendencia de Bancos, recibió tres multas por un total de $1.5 millones.

Las sanciones se dan por violaciones a normas del régimen de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, por violaciones a normas de gobierno corporativo y por violaciones sobre riesgo. Las sanciones son producto de distintas inspecciones que se efectuaron entre 2013 y 2014.

Entre los bancos multados, también destaca la presencia de la estatal Caja de Ahorros. En este caso se trata de dos sanciones por un total de $500 mil por violaciones a las normas de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo y por violaciones a normas del régimen bancario.

Las inspecciones que dieron lugar a estas sanciones tuvieron lugar del 24 de noviembre al 12 de diciembre de 2014.

El banco de capital venezolano Banesco recibió una sanción de $640 mil; el panameño Unibank, de $580 mil; y el banco de capital hondureño Ficohsa, de $150 mil. Sus faltas tienen que ver también con el régimen de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo y con violaciones a normas del régimen bancario.

Inferiores fueron las multas para Global Bank ($42,500), St. George Bank ($27,500), Banco Azteca Panamá ($6,001) y Austrobank Overseas Panamá ($6,001).

La cuantía de las sanciones depende de la gravedad de la falta encontrada, de acuerdo a unos parámetros establecidos por el regulador. Estas multas están ya ejecutoriadas luego de haber pasado un proceso en el que los bancos tuvieron oportunidad de apelar en distintas instancias.

Ricardo Fernández, superintendente de bancos. Expandir Imagen
Ricardo Fernández, superintendente de bancos.

La Superintendencia confirmó que hay otros 12 procesos abiertos que podrían derivar en nuevas sanciones.

Se trata de la primera vez que se publican las sanciones a los bancos, algo que ya sucede en otras actividades financieras, como la de valores, y que es práctica habitual en otros países.

La Ley Bancaria faculta al superintendente a divulgar esta información. “La sanción que se impone a un banco tiene propósitos correctivos y la publicación, que refuerza la transparencia del sistema bancario, tiene como objeto la prevención general”, dijo la Superintendencia en un comunicado.

No se ha revelado, por el momento, el detalle de las infracciones detectadas por el regulador.

Fernández dijo ayer a La Prensa que este es “un primer paso importante” y aspira a que trimestralmente se vaya actualizando la información con nuevas sanciones. Se divulgaría mayor detalle sobre las sanciones “en la medida que podamos ir avanzando y Panamá se muestre como un mercado maduro, abierto, que maneja esto de manera responsable”.

La Asociación Bancaria de Panamá (ABP) respaldó la decisión tomada por el regulador.

En una carta remitida al superintendente, Jaime Moreno, presidente de la ABP, dijo que “esta es práctica común en la industria financiera internacional y vemos con buenos ojos que estos principios de transparencia se apliquen en nuestro país”.

A juicio de los banqueros, la iniciativa “favorece aún más la transparencia, estabilidad y solidez del sector bancario nacional”.

No publicar las sanciones era insostenible

Y llegó la hora que tenía que llegar. Panamá publica las sanciones impuestas por el regulador bancario a sus regulados. Lo que es hoy una novedad en Panamá, es una medida diaria en muchas otras jurisdicciones desde hace mucho tiempo, inclusive en otros sectores en el país, como lo es el mercado de
valores. Grandes economías que no lo hacían recibían, en evaluaciones, recomendación formal de organismos internacionales de hacerlo, así por ejemplo, el caso del regulador bancario de México. Era insostenible no hacerlo.

Las razones esgrimidas para no publicar eran insuficientes, paternalistas y superadas con creces por las múltiples ventajas comprobadas de hacerlo, tanto en lo doctrinal como en lo práctico. Es condición clave del acto administrativo disciplinario la publicidad de la sanción.

En muchas ocasiones es hasta más importante que la sanción misma por su comprobado efecto disuasivo. Muchos se inhiben de ciertas conductas más que por una sanción económica (que en ocasiones no se pagan y quedan como un brindis al sol) por no ver publicada la sanción. En el aspecto práctico contribuye a la transparencia, tan cacareada, pero en ocasiones poco practicada. Brinda mejor control sobre el ente que impone la sanción.

El regulador debe cuidar que el proceso y su resultado resistan ahora el escrutinio ciudadano, además del judicial. A los regulados los beneficia ya que descarta los rumores —y hasta posibles chantajes— sobre hechos que al no provenir de forma oficial de autoridad dan margen a la especulación y causan daño e incertidumbre. Medida positiva, que admite mejora, con la cual se estaba en mora. Merece reconocimiento de quienes por años la hemos solicitado.

*El autor es abogado

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