contrato de la tercera línea de transmisión eléctrica

El poder de Odebrecht

El contrato adjudicado por la pasada administración cedía a la empresa la potestad de negociar y pagar las indemnizaciones.

Servidumbres y compensaciones

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La lectura de estas resoluciones refleja la participación de la empresa brasileña en el proceso de negociación de las indemnizaciones pagadas a los propietarios de las fincas. La lectura de estas resoluciones refleja la participación de la empresa brasileña en el proceso de negociación de las indemnizaciones pagadas a los propietarios de las fincas.
La lectura de estas resoluciones refleja la participación de la empresa brasileña en el proceso de negociación de las indemnizaciones pagadas a los propietarios de las fincas. LA PRENSA/Archivo

“El licenciado Meyer, abogado de Odebrecht, quien en persona en reiterada [sic] ocasiones intentó persuadir al señor Liander Somarriba, para que firmara un acuerdo que les permitiera entrar al predio y colocar la torre de transmisión de energía, sin advertirle que ya existía una [sic] avalúo por parte de Odebrecht...”. La frase consta en un recurso de reconsideración de uno de los propietarios de fincas afectadas por la tercera línea de transmisión, un proyecto de la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa) que fue adjudicado por la pasada administración a la constructora Norberto Odebrecht.

En otro recurso, citado por una resolución de la Autoridad Nacional de Servicios Públicos (ASEP), los afectados hacen referencia a que Odebrecht “no ha querido ofrecer por la afectación por los daños que ocasionaría una segunda torre de la empresa Etesa” en su predio.

La lectura de estas resoluciones refleja la participación de la empresa brasileña en el proceso de negociación de las indemnizaciones pagadas a los propietarios de las fincas.

El origen de la situación se remonta al contrato entre Etesa y Odebrecht, adjudicado en 2013 por el gobierno de Ricardo Martinelli. En él se incluyeron como responsabilidades del contratista los servicios de avalúos de los lotes afectados así como la negociación, adquisición e inscripción en el Registro Público de la servidumbre de la tercera línea.

Iván Barría, actual gerente de Etesa, que permanecerá en el cargo hasta final de mes, dijo que, según lo establecido en el contrato, era Odebrecht la que negociaba y pagaba las indemnizaciones. En proyectos anteriores de Etesa, recordó, tanto los diseños como las indemnizaciones eran responsabilidad de Etesa y en este caso “todo se lo dejaron a Odebrecht”.

En junio de 2015, Etesa introdujo un límite a través de una enmienda al contrato. La misma señala que “el monto a pagar en concepto de indemnización y/o compensación por la adquisición de servidumbres, así como de cada afectación pública, deberá ser previamente aprobado por Etesa”. La empresa estatal se aseguró así de controlar el precio que pagaría por indemnización.

Barría explicó que “antes de que yo entrara, Odebrecht iba a negociar solo y yo le puse un funcionario de Etesa de paralelo en todas las negociaciones para que las cosas se llevaran de acuerdo con los intereses del Estado, no del contratista”.

Aunque dejó de controlar la negociación, Odebrecht siguió formando parte de los procesos, ya que continuó siendo el encargado de entregar los cheques, previamente emitidos por Etesa a favor de los propietarios, y de llevar los procesos de avalúos que determinan el monto de la finca, y a partir del cual se define la indemnización.

Consultado sobre por qué se mantuvo a Odebrecht vinculada en el proceso, dijo que el servicio ya se estaba pagando y que la empresa tenía la capacidad para llevar el proceso de avalúos y de hacer trabajos, como arreglar caminos. “Ellos hacen el trabajo y yo controlo la chequera”, afirmó.

En las resoluciones de la ASEP figura que Etesa otorgó poderes especiales a los apoderados generales de Odebrecht “para que actuaran en nombre y representación de Etesa para que presente ante la ASEP las solicitudes de constitución de servidumbre forzosa”.

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El poder de Odebrecht

Barría explicó que se les da “un poder para que ellos entren a ver el predio, lo avalúen y me digan cuánto vale. El avalúo se hace por una empresa independiente y se licita. En todo contrato tengo que darle los poderes al contratista para que actúe en nombre de Etesa. Eso es normal”.

Otra corrección que se hizo en relación con el contrato original tiene que ver con un recargo que cobraría Odebrecht si las indemnizaciones superaban el monto pactado originalmente en el contrato. Aunque informes preliminares de Etesa indicaban que el pago de compensaciones superaría los $50 millones, como en efecto ha sucedido, en el contrato se fijó un máximo de $7 millones. Superada esta cifra, el Estado pagaría un recargo de 15% a Odebrecht. Este recargo fue retirado del acuerdo y no se ha pagado.

Contrato y avance

El contrato adjudicado contemplaba un costo de $233 millones, pero dos adendas aprobadas en la actual administración terminaron elevando el monto a $285 millones, cantidad a la que habrá que sumar los montos de las indemnizaciones.

La variación, según Barría, es consecuencia de las desviaciones que tuvieron que hacer en la ruta porque, debido a los retrasos, se levantaron construcciones en lugares por los que se había previsto el trazado original y hubo que modificarlo, lo que implicó mayores gastos. De los 900 predios que serían utilizados para instalar la tercera línea, todavía faltan 2 por concluir la negociación, situación que ha provocado un retraso adicional en el proyecto, que debió estar operando hace tres años.

La conexión eléctrica tendrá capacidad para transportar 800 megavatios y estará conformada por 850 torres, faltando unas 4, las cuales no se han instalado debido a la negativa de los dueños de los terrenos de permitir la entrada a Odebrecht. Además, hay otras 80 torres que ya están instaladas, pero debido a demoras en los pagos, los dueños de los terrenos no han dado el visto bueno para instalar los cables.

En total, el proyecto registra un avance de 96%. La línea servirá para transportar la producción eléctrica desde las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas hasta los centros de distribución.

El proyecto se divide en tres tramos: el primero, con 110 kilómetros, comienza en Veladero (Chiriquí) y termina en Llano Sánchez (Veraguas). El segundo, con 143 kilómetros, va de Llano Sánchez a La Chorrera. El último tramo, de 44 kilómetros, se extiende de La Chorrera hasta la subestación Panamá, en Condado del Rey. Al primer tramo ya se le hicieron las pruebas de operación, mientras el último sería probado la semana pasada, pero debido a los problemas en la subestación Panamá, los trabajos se han aplazado.

(Con información de Ohigginis Arcia, Alex Hernández y Roberto González)

Servidumbres y compensaciones

La facultad de establecer servidumbres a favor del Estado panameño no puede ser concesionada a un particular. Como regla general, la adquisición de bienes por parte del Estado está regulada y requiere de la intervención del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Contraloría General de la República.

En el caso del contrato de la línea 3 de interconexión eléctrica suscrito entre Etesa, una sociedad anónima 100% propiedad del Estado panameño, y la Constructora Norberto Odebrecht, llama la atención que la facultad de negociación y compensación de las servidumbres necesarias para el proyecto fue otorgada a la empresa constructora sin mayor control o supervisión de las autoridades nacionales. Ni la Contraloría General de la República ni el Ministerio de Economía y Finanzas participaban de la transacción que afectaba la adquisición de tierras a favor de Etesa.

Esta formulación original, suscrita en el gobierno pasado, fue modificada por el gobierno actual para incluir la aprobación de Etesa y el uso de avalúos aprobados por la Contraloría General de la República.

El vicio fundamental de esta cláusula es que un agente privado recibe fondos públicos para adquirir tierras que se convertirán en parte de una servidumbre pública a favor de Etesa. El modelo descrito por la Ley 6 de 1997, que estableció el marco jurídico de la privatización del sistema eléctrico, requería de un proceso de negociación transparente y del pago por parte del agente económico a los propietarios. Es decir, no se usaba dinero del Estado para dicha indemnización. ¿Cuáles son los impactos de esta acción? Ni el interés público del Estado ni el interés social de los propietarios afectados se garantiza por este tipo de mecanismo. El incentivo de la empresa contratista, no es el de construir la mejor línea de interconexión eléctrica, sino la más barata. Es decir, la contratista como responsable del diseño, puede escoger tierras de difícil acceso, susceptibles a desastres naturales o a otros riesgos ambientales porque estas pueden ser más baratas que las tierras óptimas para el proyecto. La Contraloría General de la República nunca debió aceptar esta modalidad de adquisición de servidumbres a favor del Estado por un tercero.

*El autor es abogado

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