el reparto de un plan de inversiones de 13 mil millones de dólares

Los ´socios´ del Gobierno

Odebrecht y FCC son los principales contratistas de los grandes proyectos de la administración Martinelli. Cusa ha perdido protagonismo.

Cuando el pastel es de $13 mil millones no es extraño que se acerquen muchos comensales a la mesa. Este es el caso de Panamá y el plan de inversiones de la administración de Ricardo Martinelli. Empresas de casi todas las latitudes se han mostrado interesadas en los contratos de este gobierno.

Desde compañías locales, de las vecinas Costa Rica y Colombia, hasta la habitual presencia de firmas europeas, especialmente españolas, y las no tan comunes asiáticas, como el consorcio chino que participó en los albores de la licitación del Metro, o la coreana Samsung, que pujó sin éxito por los hospitales del interior.

La suerte, sin embargo, ha sido desigual: la brasileña Norberto Odebrecht ha sido la más beneficiada, habiéndose adjudicado grandes proyectos como el Metro de Panamá –en consorcio con la española FCC– por mil 452 millones de dólares.

La firma brasileña, además, se ha hecho con la renovación de Curundú ($94 millones) y dos contratos del proyecto de reordenamiento vial que maneja el Ministerio de Obras Públicas: la interconexión de la Avenida Balboa y la Avenida de los Poetas –contrato que incluye la tercera fase de la cinta costera– por casi $777 millones y el proyecto de preservación del patrimonio histórico, proyecto que contempla trabajos en Panamá Viejo y el Casco Antiguo por $168 millones.

Además de estos contratos obtenidos mediante licitación, Odebrecht se ganó la confianza del gobierno para continuar proyectos millonarios que había iniciado en la anterior administración, con Martín Torrijos como presidente. Se trata del tramo entre Quebrada López y Cuatro Altos de la autopista Panamá Colón, que construye por $218.5 millones y el tramo de la cinta costera entre el Mercado del Marisco y San Felipe, que costó $52 millones.

FCC Construcción, la constructora española que tiene una participación del 45% en el consorcio que construye el Metro, también se ha hecho un hueco relevante en Panamá, un mercado pequeño, pero prolijo en contratos de infraestructuras. Es la encargada de mejorar las cinco intersecciones de la Vía Brasil (con Tumba Muerto, Transístmica, Vía España, Calle 50 y Vía Israel), proyecto incluido en el plan de reordenamiento vial y que se adjudicó en dos contratos que suman $385.5 millones.

Esta compañía también se ganó el contrato para la construcción del nuevo hospital Luis Chicho Fábrega en Santiago de Veraguas por $121 millones, además de recibir el proyecto de reconstrucción del puente Centenario, afectado por las inundaciones del pasado mes de diciembre, por $30 millones. Los accesos del puente Centenario fueron construidos originalmente por Cusa, que ha perdido protagonismo en el gobierno de Martinelli. Empresa y ejecutivo tuvieron diferencias a causa de un desastre del que todavía no se han deslindado responsabilidades.

De los grandes proyectos de este gobierno, Cusa solo ha podido hacerse con la ampliación de la carretera David-Boquete, por $120 millones.

Otras compañías locales y regionales han llenado ese hueco dejado por la principal constructora panameña. Transcaribe Trading se ganó la ampliación de la autopista Arraiján-La Chorrera por $152 millones y la Avenida Integradora de Barriadas en Tocumen, por $36 millones.

La costarricense Meco también ha ampliado de manera importante su cartera de proyectos en Panamá, con obras como la ampliación de la Domingo Díaz –junto a la mexicana ICA– por $238 millones, la ampliación de la carretera de La Villa a Las Tablas por $74 millones o la construcción de los aeropuertos de Colón ($58 millones) y Río Hato ($53 millones).

En infraestructuras de la salud destaca la presencia de otra empresa sin pedigrí en Panamá. Se trata de la empresa IBT Group, con orígenes españoles, que se adjudicó la construcción de cuatro hospitales en el interior por $237 millones.

Esta empresa también ha mostrado su interés por la construcción de la nueva ciudad hospitalaria, un proyecto que se estima en $450 millones.

A la espera de la aprobación de la Ley de Asociación Público Privada están proyectos como la torre financiera y la ciudad gubernamental, que también pondrán en la mesa contratos cuantiosos. Estos proyectos, junto con la posible ampliación de la Interamericana entre Santiago y David, y la última fase del reordenamiento vial, podrían ser los últimos grandes contratos adjudicados por esta administración, a expensas de lo que suceda con la segunda línea del Metro, de la que el presidente Martinelli ha dicho que se quedará licitada.

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