Valor razonable

¿Otra vez?

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La semana pasada recibimos la noticia de que Panamá entró nuevamente a la lista de monitoreo de países con “deficiencias estratégicas” del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), de la cual habíamos salido hace unos cuantos años.

Después de tanto esfuerzo por el que ha trabajado el país es lamentable que nos hayan vuelto a incluir.

Como datos curiosos del GAFI, entre sus países miembros están Estados Unidos y China, los cuales son los principales usuarios de nuestro Canal interoceánico. El presidente de esta organización es un alto miembro del Gobierno estadounidense, el vicepresidente es igual un alto miembro del Gobierno de la República Popular de China y el secretario es del Reino Unido. En esta lista de “observación” estamos los países: Bahamas, Botswana, Cambodia, Etiopía, Ghana, Pakistán, Panamá, Sri Lanka, Siria, Trinidad y Tobago, Túnez y Yemen.

Entre las principales consecuencias de haber sido incluidos en esta lista en el año 2014 fue la de la pérdida de corresponsalías bancarias. Para algunos bancos extranjeros simplemente no valía la pena el riesgo/beneficio de hacer negocios con Panamá, así que decidieron cerrar sus relaciones con nosotros. Como ya pasamos por esta situación hace unos años, y nuestro sistema en este sentido es más fuerte, pensaría que las relaciones de corresponsalía que se mantuvieron tomaron medidas para quedarse y esperaría que esta vez el impacto fuera menor sobre nuestro sistema.

Las recomendaciones para monitorear en esta ocasión incluyen mejorar la efectividad de la Ley 70, que tipifica la evasión fiscal como delito, identificar y regular a las empresas de envío de remesas que no tengan licencia, mejorar la supervisión a las empresas no bancarias como bienes raíces, abogados, entre otros, y también fortalecer a la UAF (Unidad de Análisis Financiero), para que la información que provenga de sus investigaciones se utilice de manera mas efectiva.

La recomendación que veo más complicada es la que habla de la adecuada verificación y actualización del beneficiario final de las entidades obligadas. Esta también fue una de las observaciones que hizo el premio Nobel Joseph Stiglitz cuando el Gobierno creó el comité de expertos para revisar la plataforma financiera del país.

Para entonces, el Nobel recomendó un Registro Público que identifique los directores y beneficiarios finales de todas las sociedades y fundaciones dentro de Panamá. Aunque veo muy difícil que algo así llegase a darse, es una observación recurrente por distintas organizaciones internacionales.

Aunque es indignante ser discriminado en listas como estas, sí es cierto que el cerco a nivel mundial en materia de transparencia cada vez se cierra más.

Es una situación compleja porque afecta nuestra imagen a nivel internacional y nuestra economía depende en gran parte de la inversión extranjera. Por esto mismo es que no podemos perder tiempo en actuar ante cualquier amenaza que pueda ahuyentar la inversión extranjera.

Aunque no será tarea fácil, el nuevo gobierno comienza con el gran reto de sacarnos de esta lista lo más pronto posible.

El autor es financista

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