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Cualquiera puede ser lo suficientemente noble para darle trabajo a un amigo o pariente. Para eso ni siquiera se necesita que el contratado posea un determinado coeficiente intelectual o sea lo bastante apto para encomendarle algún tipo de tarea. Pero para administrar una entidad pública se necesita no solo inteligencia y preparación, sino también sentido común, honestidad y hasta lealtad a la patria. Y aquí no hay nada que “corregir”. Mientras no se apliquen sanciones a los funcionarios que violen la Ley de Carrera Administrativa, el Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos o las normas de transparencia en la gestión pública, seguirán apareciendo por ahí casos de nepotismo, tráfico de influencias y conflicto de intereses aupados desde los despachos superiores y hasta en las mismas narices del Presidente de la República. Lo que es necesario comprender es muy sencillo: nadie está por encima de la ley. Los funcionarios solo pueden hacer aquello que les indica la ley. Y aunque ninguna ley establece a quién sí pueden contratar, sí dice –y bien claro– a quién no.

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