Armas ¿al alcance de todos?

El número de crímenes violentos en Estados Unidos se estabilizó el año pasado en su nivel más bajo desde 1973

Muy pocos encontraron sentido a que con los días contados en el poder Moscoso insistiera en la aprobación de estos proyectos. ¿Lo consideraría una última oportunidad para demostrar su interés por resolver los problemas con la violencia?

El escenario fue un poco diferente para George W. Bush. Se encuentra a solo semanas de las elecciones presidenciales y cualquier decisión es crucial para su campaña. Un error le puede costar preciados votos que pondrían en ventaja a su contrario John Kerry.

Un grupo de ciudadanos esperaba que Bush se manifestara de alguna manera para renovar la prohibición de la venta de armas de asalto, impulsada 10 años atrás por la administración Clinton.

El tema fue sencillamente ignorado. Bush no hizo la recomendación al Senado, muy a pesar de haber sostenido anteriormente que apoyaba la medida, y al vencer el término de la prohibición, el pasado 13 de septiembre, están nuevamente al alcance de cualquier ciudadano, armas que van más allá de una escopeta de cacería o una pistola semiautomática.

El júbilo no se hizo esperar para los miembros de la National Riffle Association (NRA), la que aboga por la tenencia de armas como un derecho basado en la protección. Pero, ¿son necesarias armas de asalto en manos de civiles? ¿Qué pasará con los niveles de violencia y las amenazas terroristas?

Antecedentes

Era 1984 y un tiroteo en un Mc Donald’s de San Diego dejaría sin vida a 21 personas. Cinco años más tarde, el escenario fue la escuela primaria de Stockton, donde cinco personas murieron. En 1993, ocho personas fueron asesinadas en otro tiroteo, en esta ocasión en San Francisco.

Frente a este panorama en California, la senadora demócrata Dianne Feinstein presentó el Proyecto de Ley de la Prohibición de Armas de Asalto que contó con el apoyo de los ex presidentes Gerald Ford, Jimmy Carter y Ronald Reagan y fue sancionada en 1994 por el presidente Bill Clinton.

Esta ley prohibía la venta de 19 modelos específicos de armas semiautomáticas, entre éstas el fusil AK-47 y la subametralladora Uzi.

El propósito principal de esta prohibición fue el de disminuir los índices de criminalidad. Se dice que este tipo de armas son utilizadas por traficantes de drogas y pandilleros contra sus adversarios.

Diez años después, podrían medirse los resultados de la prohibición. ¿Valdría la pena mantenerla?

Diez años después

El número de crímenes violentos en Estados Unidos se estabilizó el año pasado en su nivel más bajo desde 1973.

También se conocieron los datos sobre un retroceso del 14% de la criminalidad en Estados Unidos entre 2002 y 2003, según el Departamento de Justicia. Un comunicado del secretario de Justicia, John Ashcroft, informó que “los norteamericanos están más seguros en todo el país y tienen la libertad de gozar de su vida sin estar preocupados por ser víctimas de un crimen”.

De acuerdo con la Oficina de Estadísticas del Departamento de Justicia, sólo 7% de los crímenes violentos en 2003 fueron cometidos con armas de fuego, cifra inferior frente al 11% de los crímenes cometidos por disparos en 1993. El número de violaciones bajó 11% y el de las agresiones sexuales 27% en los dos últimos años, según los datos divulgados. Los robos con violencia bajaron 21%, las agresiones graves 20% y los robos y hurtos menores se redujeron 21% entre 2002 y 2003.

Por otra parte, estudios de grupos pro y antiarmas mostraron resultados conflictivos sobre si la prohibición ayudó a reducir el crimen.

“No podemos dar crédito a la prohibición por ninguna disminución de violencia en el país, además, no hay una clara disminución en la letalidad y daños que han causado la violencia con armas de fuego”, reza el informe de un estudio independiente solicitado por el National Institute of Justice (NIJ).

Otra situación que no permite una clara medición de la efectividad de la prohibición son los vacíos legales que permitieron a los fabricantes mantener muchas de estas armas en el mercado, simplemente cambiando sus nombres o alterando detalles o accesorios.

En el informe de la NIJ se especifica que el cambio de algunas características, que no están relacionadas directamente con el funcionamiento del arma. era suficiente para que ésta fuera legal. En algunos casos, lo único que las diferencia de las que utilizan los militares profesionales es que son armas semiautomáticas a las que se les extrae el mecanismo de repetición, de forma que sólo pueden disparar una bala o cartucho a la vez.

La decisión del Congreso de no renovar la ley, pese a los reclamos de los promotores del control, llega en un período electoral extremadamente complejo para la administración Bush y el Partido Republicano, sometidos a enormes presiones por sus sostenedores y contribuyentes económicos. Entre éstos, los fabricantes e importadores de los “superletales” rifles Tec 9, AK-47 y Uzis, y la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA), firme defensora de la segunda enmienda constitucional, sobre el derecho a la portación de armas para defenderse.

En el patio

Por insistencia de la entonces mandataria Moscoso, se celebraron sesiones extraordinarias con el fin de aprobar los anteproyectos de ley antes mencionados.

El resultado es la Ley No. 48 de 30 de agosto de 2004 que tipifica los delitos de pandillerismo y de posesión y comercio de armas prohibidas, dicta medidas de protección a la identidad de los testigos y modifica disposiciones de los Códigos Penal y Judicial, y de la Ley No. 40 de 1999.

Moscoso no logró el apoyo en cuanto al endurecimiento de penas contra menores, sin embargo, logró que la Ley No. 48 reconociera como delito penado con prisión, la posesión de arma sin estar legalmente autorizado al igual que la posesión de las llamadas armas de guerra, o sea, que contienen mecanismos de repetición como las ametralladoras.

Según María Cecilia Mata, asesora legal de la Policía Técnica Judicial, “a la fecha hay unas 107 mil 634 armas registradas en Panamá”. Esta cifra global incluye revólveres, pistolas, escopetas, rifles y armas de colección.

Sin embargo, el verdadero problema lo representan las armas ilegales, las que no cuentan con un registro y son de procedencia desconocida. Con ellas se llevan a cabo la mayoría de los delitos.

No se tiene un estimado de cuántas armas ilegales están en las calles, pero en operativos realizados en diferentes fechas, las autoridades han incautado armas que van desde revólveres hasta armamento de guerra.

En cuanto a las registradas, Mata considera que estas se deben a que “las personas se sienten faltas de seguridad y comprándose un arma, piensan que están más seguras”.

Después de 1990 se dio un alza en los registros de armas, pues luego de la invasión se permitió, por razones de seguridad, que se registraran armas que estaban en la calle.

Los actuales requisitos para registrar armas son más estrictos. Esto tiene sus ventajas y también desventajas. Hay quienes sugieren que estos requisitos no deben ser tan complicados, pues generaría que quien tiene una arma no la registre.

Aún es pronto para medir algún resultado de la nueva legislación. En Panamá, al igual que en Estados Unidos, no nos queda más que esperar a ver si una acción o falta de acción generada por causas principalmente políticas cobrará más o menos vidas.

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