ESPOSA DEL CANCILLER ESTÁ VINCULADA.

Catastro afina desalojos en el Parque Omar

LA PRENSA/Víctor Arosemena LA PRENSA/Víctor Arosemena
LA PRENSA/Víctor Arosemena

"Hemos girado misiva al Registro Público, con el objeto de determinar quiénes son los representantes legales de las sociedades anónimas propietarias de dichas fincas", dijo el director de Catastro, Benjamín Colamarco.

Las certificaciones por parte del Registro Público llegaron el sábado, informó el abogado Edgar Aguilera, de la Dirección de Catastro, así que mañana se celebrará una reunión con la directora de Proyectos Especiales del Parque Omar, Mingthoy Giro, para preparar las "notificaciones" que se enviarán a ocho sociedades invasoras, entre ellas Río Grande Enterprises, S.A., cuya presidenta es Anagrethel de Lewis, esposa del canciller.

Se intentó entrevistar a Lewis Navarro, pero éste informó, a través de su asistente Guido Fuentes, de que "no tiene ningún comentario con relación a este tema".

Río Grande Enterprises, S.A. es dueña de la finca 22850 desde el 18 de septiembre del 2000, cuando adquirió la propiedad de Inmobiliaria Intercontinental, S.A., que tiene entre sus directivos al coronel (r) Rodrigo ‘Botita’ García.

El 28 de abril de 1995, la Dirección de Catastro expidió una resolución en la que sancionó con multa de mil dólares a Inmobiliaria Intercontinental, S.A. -entonces propietaria de la finca 22850-, por "usufructuar ilegalmente" mil 172.12 metros cuadrados de terrenos que constituyen el Parque Omar. Adicional, ordenó la remoción de todas las obras efectuadas por la referida sociedad en terrenos del parque.

Pero Inmobiliaria Intercontinental, S.A., en lugar de acatar la orden de demolición, llevó el caso a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que el 8 de octubre de 1996 ordenó la suspensión provisional de los "efectos" de la resolución dictada por Catastro. Posteriormente, el 27 de enero de 1998, la CSJ declaró "nula por ilegal" la resolución, al considerar que cuando ésta fue expedida -en abril de 1995-, la Dirección no tenía "facultad" para sancionar a particulares que ocuparan terrenos de la Nación. No obstante, esa facultad la adquirió el 6 de julio de 1995.

Para Colamarco, la ocupación sobre terrenos de la Nación no puede "justificarse" con el fallo de la CSJ, "debido a que esta sentencia fue dictada en razón de la falta de competencia que tenía la Dirección anteriormente".

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