Corte cierra el caso CEMIS

Una vez más, un escándalo quedará en la oscura impunidad

Rolando Rodriguez B. rrodriguez@prensa.com El escandaloso caso CEMIS parece haber llegado a su fin. Seis de los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia firmaron un fallo en el que no solo anulan todo lo investigado por la Procuraduría General de la Nación, sino que cierra las puertas para que este caso pueda ser reabierto.

Así lo reveló una fuente de la Corte, que prefirió el anonimato. De acuerdo a sus declaraciones, los magistrados Aníbal Salas, José Troyano, Graciela Dixon, y César Pereira Burgos, así como los magistrados suplentes Virgilio Trujillo (de Alberto Cigarruista) y Jacinto Cárdenas (de Winston Spadafora) firmaron el fallo que anula la investigación y ordena el archivo tanto del caso CEMIS como el caso de los supuestos sobornos pagados por la ratificación de los magistrados Spadafora y Cigarruista.

Como se recordará, estos dos magistrados se declararon impedidos para conocer esta causa, ya que legisladores de oposición acusaron a varios de sus colegas de haber recibido sobornos a cambio de su voto para ratificarlos a ambos. Y, a pesar de que los principales se declararon impedidos, ninguno de sus dos suplentes –Trujillo ni Cárdenas, quienes fueron ratificados en el mismo acto– se declararon impedidos ni tampoco fueron recusados.

Es Cárdenas, precisamente, –quien fue socio de Spadafora entre 1979 y 1990 en la firma Spadafora, Cárdenas & Martucci– el que elaboró el proyecto de fallo a favor anular y archivar el caso.

Tres magistrados ya anunciaron salvamento de su voto: el presidente de la Corte, Adán Arnulfo Arjona, y los magistrados Arturo Hoyos y Rogelio Fábrega.

Hoyos había elaborado un proyecto de fallo en el que solicitaba la separación del caso CEMIS del caso de la ratificación de Cigarruista y Spadafora, pero el documento no fue aprobado por varios de sus colegas, entre ellos, Cárdenas, Dixon, Salas y Trujillo, a los que eventualmente se sumaron Troyano y Pereira Burgos.

Buena parte del fallo de la mayoría de los magistrados –precisó la fuente– está basado en una resolución de la Asamblea Legislativa que no aceptó que los legisladores se levantaran la inmunidad para que fuesen investigados por el Ministerio Público y porque este último no contaba con autorización para investigarlos a ellos.

El fallo se produce cuando aún resuenan las severas críticas que hizo esta semana la embajadora de Estados Unidos en Panamá, Linda Watt, en contra de la inmunidad de los legisladores, que los hace virtualmente impunes.

En enero del año pasado, el legislador Carlos Afú denunció –dólares en mano– que los legisladores de la bancada legislativa del PRD habían recibido seis mil dólares cada uno a cambio de su voto para favorecer el desarrollo de un proyecto multimodal e industrial de los empresarios Martin Rodin y Stephen Jones.

A su vez, la legisladora Balbina Herrera, entre otros legisladores, acusó a Afú de haber recibido millón y medio de dólares por ratificar a Spadafora y Cigarruista.

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