Franceses demandan al Estado

El litigio por 36 millones tiene relación con la construcción de la terminal de transporte de Colón

La acción legal contra el Estado panameño es la consecuencia de un litigio por la construcción de la nueva terminal de transporte terrestre para la provincia de Colón.

La controversia surgió luego de que el director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Pablo Quintero Luna, firmó en el 2002, en representación del Gobierno, un convenio con un grupo de inversionistas franceses para ejecutar esta obra, pero dos años después dejó sin efecto el acuerdo oficial y otorgó la consecución del proyecto a un consorcio panameño, que está integrado por transportistas y empresarios y en el que figura el actual gobernador de Colón, Gassam Salama.

Laurent Parienti, en representación del grupo de inversionistas franceses afectados, presentó la demanda de arbitraje internacional por 36 millones dólares el pasado 28 de julio, ante el Centro de Arbitrajes de la Cámara Panameña de la Construcción. La persona jurídica demandada es la ATTT.

Gabriel Martínez, apoderado legal del grupo extranjero, explicó que la demanda se ampara en un convenio bilateral suscrito por Panamá y Francia sobre protección de inversiones, ratificado mediante la Ley 2 del 25 de octubre de 1985, el cual se encuentra vigente en la actualidad.

Los empresarios franceses también presentaron una demanda ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, y han señalado que de ser necesario ventilarán el litigio ante los tribunales internacionales de arbitraje, hasta que el Estado panameño cumpla con su responsabilidad.

Quintero Luna sostiene que los franceses nunca establecieron un lugar preciso o un terreno específico para desarrollar esta obra, incumpliendo con lo tipificado en el artículo 46 de la Ley Orgánica de la ATTT.

De igual forma, el director de la Autoridad de Tránsito tampoco aceptó el arbitraje planteado por el consorcio extranjero, alegando que la institución a su cargo no forma parte del Gobierno Central.

Salama, por su parte, argumenta que nunca utilizó la influencia de su cargo para obtener finalmente el permiso para desarrollar este proyecto, asegurando que todo se hizo de manera "transparente".

(Vea 4A)

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