Matrimonio a cambio de ‘mesada’

Javier Tapia, subdirector de Migración, dijo que durante la presente administración se han descubierto 70 de estos matrimonios fraudulentos, en donde están involucradas, principalmente, ciudadanas dominicanas.

En el mercado negro, afirmó Tapia, las extranjeras que aspiran a obtener la permanencia en el país a través de lazos nupciales, pagan hasta 2 mil 500 dólares a abogados y a otras personas para que les resuelvan todos los trámites de manera casi expedita.

Los potenciales esposos aparecen al final de la tramitación como por arte de magia para estampar su firma en el acta de matrimonio. No hay besos, ni anillos, ni nada de los rituales tradicionales de las bodas, pero lo que sí queda establecido como una norma no escrita, pero peligrosa en caso de no ser cumplida, es que la esposa tendrá que pagar una mensualidad a su cónyuge.

"Estas mujeres pagan entre 250 dólares y 300 dólares mensualmente a sus esposos de por vida, para que en caso de que surja algún problema legal ellos salgan a confirmar la existencia del matrimonio", destacó el subdirector de Migración.

Este fin de semana, inspectores de Migración en una redada nocturna detectaron 25 mujeres extranjeras que laboraban en una sala de masajes ubicada en El Dorado, dedicadas al comercio sexual ilegal.

En este grupo había cinco dominicanas que presentaron certificados de matrimonios con panameños, pero se pudo comprobar que las mismas no convivían con sus cónyuges, dijo Tapia.

Cuando se les preguntó por sus supuestos esposos, todas dieron una versión diferente sobre el curso que había tomado su matrimonio.

"Me case ilusionada y me abandonó hace unos días"; "es marino y está embarcado"; "está trabajando en el interior el país"; "estamos de pelea y no sé dónde se encuentra", fueron, entre otras, las excusas que dieron las dominicanas sobre la ausencia de sus maridos.

Las otras 20 eran colombianas.

El funcionario explicó que se investiga cómo las dominicanas lograron obtener toda la documentación que se requiere para casarse en Panamá, obtener su cédula, permisos provisionales y definitivos para permanecer en el país y poder trabajar.

Tapia señaló que dicha acción contraviene abiertamente la Ley 16 del 20 de marzo de 2004, que prohíbe de forma expresa el tráfico de personas para el comercio sexual.

Producto de estos allanamientos, Migración solicitó al Ministerio Público iniciar averiguaciones penales contra varios comerciantes panameños, sobre todo dueños de centros de masajes y otros lugares nocturnos, que han sido descubiertos en actividades relacionadas con el tráfico de mujeres procedentes de diferentes países, a quienes ponen a trabajar como prostitutas.

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