Surge pugna entre ACP y corregidor

La ACP determinó que el Club de Botes de Pedro Miguel carece de contrato de arrendamiento para permanecer en esas áreas, que están bajo su administración, por lo cual interpuso un proceso de lanzamiento contra ese club

Sin embargo, la sociedad deportiva se niega a acatar la orden del funcionario.

En una nota emitida el pasado 18 de marzo, Alemán Zubieta sustentó que, según la Ley Orgánica de la Autoridad del Canal y el Acuerdo 13 de 1999 de la junta directiva de la entidad, la administración canalera determina cuáles son las áreas de fondeo, las prohibiciones de entrada a los buques y otras restricciones aplicadas a cualquier actividad no autorizada por la ACP.

Por lo tanto -añadió Alemán Zubieta- se estableció que el club ocupa un sitio dentro de las esclusas de Pedro Miguel, de manera que se le aplican las normas mencionadas.

Sustentando esos argumentos, la ACP determinó que el Club de Botes de Pedro Miguel carece de contrato de arrendamiento para permanecer en esas áreas, que están bajo su administración, por lo cual interpuso un proceso de lanzamiento contra ese club, por ser considerado "intruso".

No obstante, la Corregiduría de Ancón negó la solicitud de lanzamiento promovida por la ACP. "No se pueden desconocer los derechos adquiridos que tiene el Club de Botes de Pedro Miguel, provenientes de más de 45 años de estar usando las instalaciones de manera continua; gozando y disfrutando, de manera pacífica, las instalaciones", manifiesta la resolución de la corregiduría.

Ante esa situación, el Club de Botes de Pedro Miguel interpuso ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia una acción de amparo de derechos fundamentales contra la orden verbal emitida por funcionarios de la ACP, que le prohíbe el tránsito por aguas canaleras hacia las instalaciones de esa asociación. El pleno de la Corte falló que el club debe acudir a la Sala Contenciosa Administrativa, por estar involucrada una entidad estatal.

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