PROSA PROFANA

Escrito en piedra, o en el agua

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Salvador Nasralla, candidato presidencial de la alianza opositora, da una conferencia de prensa mientras el derrocado presidente Manuel Zelaya aplaude en Honduras. Salvador Nasralla, candidato presidencial de la alianza opositora, da una conferencia de prensa mientras el derrocado presidente Manuel Zelaya aplaude en Honduras.
Salvador Nasralla, candidato presidencial de la alianza opositora, da una conferencia de prensa mientras el derrocado presidente Manuel Zelaya aplaude en Honduras.

En el año de 1982, la Asamblea Constituyente de Honduras aprobó una nueva carta magna en la que se prohibía la reelección presidencial de manera inconmovible.

Ni por medio de una reforma, ni aún por un plebiscito podía cambiarse el artículo que impedía a un presidente de la república continuar en el mando.

Esta prohibición entraba entre las disposiciones llamadas “pétreas”, escritas en piedra. Y el Código Penal pasó a considerar el solo intento de promover la reelección como traición a la patria.

La extrema previsión de los legisladores provenía de la propia historia del país, plagada de dictaduras militares, elecciones fraudulentas y presidentes ambiciosos de quedarse sentados en la silla presidencial largo tiempo, o para siempre, lo que significa también apoderarse de las instituciones, someterlas y corromperlas.

En 2009, el presidente Manuel Zelaya, del Partido Liberal, promovió la celebración de una consulta popular en busca de abrir la vía para llamar a una nueva asamblea constituyente.

Fue acusado de querer eliminar el artículo pétreo que le prohibía reelegirse, y el Ejército, con el respaldo de la Asamblea Nacional en manos de sus adversarios conservadores del Partido Nacional, lo derrocó.

Como si otra vez estuviéramos viendo la misma vieja película, fue sacado en pijama de su cama a medianoche, metido en un avión, y expulsado a Costa Rica.

Parecía que estábamos regresando de nuevo a la época poco honrosa de las famosas repúblicas bananeras.

DISPOSICIÓN

En 2014 fue electo presidente Juan Manuel Hernández, del Partido Nacional, y al año siguiente un grupo de diputados suyos recurrió ante la Corte Suprema de Justicia demandando derogar las disposiciones que prohibían la reelección. El solo hecho daba pie para procesarlos, con la consecuencia de ser cesados de sus cargos e inhabilitados políticamente, perdiendo aun la ciudadanía, “por incitar, promover o apoyar el continuismo o la reelección”, según la misma Constitución.

La Corte Suprema, dominada por magistrados del Partido Nacional, sentenció que las disposiciones constitucionales que prohibían la reelección presidencial ¡eran inconstitucionales!, abriendo el camino al presidente Hernández para presentarse de nuevo como candidato.

El conteo inicial que favorecía a Nasralla cambió abruptamente tras extrañas interrupciones del sistema electrónico. Cuando el sistema se restableció, Nasralla pasó de ganador a perdedor. Todo un acto de prestidigitación digital.

El Tribunal Electoral ha concluido un nuevo recuento parcial de los votos sin la presencia de la oposición, y mantiene el escaso margen de ventaja a favor del presidente Hernández.

Nasralla no acepta los resultados y demanda un nuevo recuento total, o la anulación de las elecciones para celebrar unas nuevas, algo que luce más que improbable; y aunque los observadores de la Unión Europea y de la OEA avalaran el escrutinio oficial, la sombra del fraude no podrá ser desterrada.

Esta lesión a la credibilidad de la transparencia electoral viene a representar un grave retroceso para el sistema democrático que, de una u otra manera, y entre tropiezos, ha logrado avanzar en más de tres décadas en Centroamérica, y en general en América Latina.

Desgraciadamente, la Corte Suprema de Costa Rica ordenó en 2003 anular la prohibición de reelección establecida por una reforma constitucional en 1969.

Esta sentencia, proveniente de un país de reconocida tradición democrática, creó un precedente nefasto que ha sido seguido después en Nicaragua, en Honduras, y últimamente en Bolivia.

En 2010, la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, dominada por Daniel Ortega, declaró inaplicable el artículo de la Constitución que impedía la reelección, y así pudo seguirse presentando como candidato, amparado por las razones filósofas de sus correligionarios del tribunal: “el derecho a elegir y ser electo, no puede ser alterado... por ser un derecho sustancial y esencial al ser humano”.

Evo Morales, que lleva ya bastantes años como presidente de Bolivia, buscó seguir reeligiéndose y para ello convocó un plebiscito, que perdió. No dejó de insistir. Ahora, el Tribunal Constitucional lo autoriza a seguir presentándose como candidato de manera indefinida. La prohibición constitucional, dice la sentencia, violenta sus derechos políticos.

Lo escrito en piedra, está más bien escrito en el agua.

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